El Senado aprobó la ley de propiedad privada y Capitanich apuntó contra el Gobierno: "Se quedaron con tres capítulos"
El Senado dio media sanción a la ley de propiedad privada, pero Capitanich denunció que el Gobierno dejó afuera la mayoría de los capítulos. ¿Qué pasó con los desalojos exprés?
En una sesión que se extendió hasta la madrugada del viernes, el Senado dio media sanción al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, pero no sin antes generar un fuerte debate. El chaqueño Jorge Capitanich, miembro informante por la minoría, fue uno de los más críticos con la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo.
El exgobernador de Chaco dialogó con CIUDAD TV y no dudó en calificar la estrategia oficial: “Es parte del modus operandi del Poder Ejecutivo establecer lo que se denomina Ley Ómnibus donde no existe armonía en el conjunto de textos que se esgrimen con el objetivo de ocultar algunos temas y soslayar otros”.
¿Qué contemplaba el proyecto original?
La iniciativa que llegó al recinto era ambiciosa: reformaba la ley 21.499 de expropiaciones, la 24.364, la 26.815 de manejo de fuego y la 17.801 del registro de propiedad inmueble. También incluía cambios a la ley 26.737 sobre tierras, aunque este punto fue excluido por falta de votos.
Pero según Capitanich, el núcleo de la discusión se centró en los desalojos, un tema que genera gran preocupación social en un contexto de crisis económica.
La pelea por los plazos de desalojo
El senador explicó que el proyecto original establecía que el desalojo se ejecutara en un plazo de tres días. Una medida que consideró apresurada y que no distingue entre ocupación ilegal y ocupación legítima.
“El Poder Ejecutivo propuso hacer ejecutable la operación en 10 días y nosotros planteamos la diferenciación entre lo que significa la cuestión asociada a la ocupación ilegal o usurpación de lo que es ocupación legítima, legal, por contrato. Nosotros planteamos 15 días y 180 días a los efectos de que el juez tenga la posibilidad de establecer debidamente el procedimiento para salvaguardar cuestiones de carácter social”, detalló.
Y agregó: “El Gobierno dice que mejoraron el proyecto teniendo en cuenta el relevamiento de la composición del núcleo familiar, pero no distingue la situación de usurpación ilegal de ocupación legal”.
Capitanich: “Se quedaron con tres capítulos”
El chaqueño fue tajante al evaluar el resultado final de la votación: “De todas las propuestas que hicimos, como siempre hace el Poder Ejecutivo, no fueron acatadas. Pero de todos los capítulos que tenía la ley se quedaron con tres: expropiación, reforma del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, concretamente para desalojos, y lo vinculado al Registro de Propiedad”.
De esta manera, el proyecto que avanza en el Congreso se limita a esos tres ejes, dejando afuera otras reformas que el Gobierno había incluido originalmente.
La alarmante radiografía de la morosidad
En otro tramo de la entrevista, Capitanich se refirió a un relevamiento de la Federación de Inquilinos que indica que el 70% de los inquilinos del país está en mora. Una cifra que, para el senador, evidencia la grave situación económica que atraviesan las familias.
“Hay un problema serio y los únicos que no se dan cuenta son los miembros del Gobierno”, disparó.
Y respaldó sus dichos con números contundentes: de 47 millones de argentinos, 21 millones están endeudados, 7.100.000 son deudores morosos. El porcentaje de morosidad pasó del 3% al 12,7% y sigue aumentando mes a mes, mientras que el 32% de los préstamos no están bancarizados.
“En ese contexto hay problemas como el aumento del robo del consumo de energía, lo mismo pasa con los sistemas de agua. La morosidad te está aumentando en los servicios, en los créditos y eso es producto de precarización laboral, aumento de la tasa de desempleo, drástica reducción de salario real. Y la gente no tiene plata. Entonces, aumentas los costos, bajas los ingresos y las familias quiebran y empiezan a afectar a la cadena de pagos, al sistema financiero”, explicó.
En cuanto a la provincia de Chaco, Capitanich aclaró que “la diferencia cualitativa es que la Provincia tiene un procedimiento distinto porque el Código de Procedimiento Civil y Comercial que rige en la provincia es Código de Forma como potestad no delegada de la provincia”. Es decir, Chaco no se vería afectado directamente por los cambios en los plazos de desalojo, ya que su código provincial prevalece en esta materia.