El Senado avanzó con el recorte del subsidio al gas: ¿qué pasa con la Patagonia?

La comisión de Minería, Energía e Hidrocarburos del Senado firmó este miércoles el dictamen que modifica el régimen de Zona Fría y lo devuelve al esquema previo a la ampliación de 2021. El beneficio queda para la Patagonia, la Puna y Malargüe —unos 950.000 usuarios—, mientras que el resto de las zonas incorporadas pasará al sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). La media sanción de Diputados llegará al recinto sin cambios.

El proyecto elimina la bonificación que desde 2021 alcanzaba a gran parte de la provincia de Buenos Aires, el centro y el sur de Córdoba, el sur de Santa Fe, Mendoza y casi la totalidad de San Luis. Esas zonas pasarán al esquema de subsidios focalizados, que prioriza a los hogares de menores ingresos.

Ni siquiera los usuarios que conservan el beneficio quedarán a salvo. Como la quita alcanza al cargo fijo y al componente de transporte, la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, estimó que igualmente tendrán aumentos promedio de 25.000 pesos por mes.

El artículo que trabó la negociación

El punto conflictivo es el artículo que reemplaza al 3° de la ley 27.637. La redacción que salió de Diputados establece que los beneficios para las regiones alcanzadas serán determinados por el Poder Ejecutivo nacional, por sí o a través de la autoridad de aplicación. La norma vigente, en cambio, fija que esos beneficios equivalen al 50% de los cuadros tarifarios plenos que establece el Enargas.

El Gobierno nacional no accedió a cambiar esa redacción, como pedía el bloque neuquino La Neuquinidad. Sin embargo, la senadora Julieta Corroza terminó aportando su firma al despacho, según consta en el dictamen.

El respaldo llegó después de una promesa política: el martes, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, se reunió en Buenos Aires con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y con el ministro de Economía, Luis Caputo, quienes ratificaron el compromiso de mantener «inalterable» el subsidio para la provincia. Se trata, sin embargo, de un compromiso que no quedó escrito en el texto de la ley con el porcentaje explícito, algo que el gobernador venía reclamando.

Antes de la firma del dictamen expuso la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, que defendió la iniciativa al sostener que «tiene un componente de justicia muy alto» y cuestionó la ampliación de 2021 al afirmar que aquella ley «buscó votos para las elecciones, pero no tenía ninguna racionalidad para un esquema de subsidios que tiene que ayudar a personas que lo necesitan».

El dictamen quedó firmado por el bloque de La Libertad Avanza —Enzo Fullone, Ezequiel Atauche, Patricia Bullrich, Agustín Coto, Bruno Olivera Lucero, Silvana Schneider y Agustín Monteverde, entre otros—, por el radical Pablo Cervi, por la neuquina Julieta Corroza, por Juan Cruz Godoy, por la macrista Andrea Castaño y por dialoguistas de otros espacios, como Carlos «Camau» Espínola (Impulso País), Carolina Moisés y Guillermo Andrada (Convicción Federal). Flavia Royon (Primero los Salteños) firmó en disidencia y Flavio Fama lo hizo en disidencia parcial.

La intención del oficialismo es llegar al recinto en una sesión que podría convocarse el próximo 24 de septiembre. Antes, este jueves, la Cámara Alta tiene previsto abocarse a otros proyectos de interés para el Gobierno, entre ellos la ley de Biocombustibles.

Rutas para Neuquén y peaje a los camiones chilenos

En el mismo viaje, Figueroa se llevó otra definición que venía reclamando desde 2024: el traspaso a Neuquén de la administración de más de 165 kilómetros de rutas nacionales por 30 años. El gobernador firmó los convenios con Vialidad Nacional y la provincia pasará a gestionar, mantener y mejorar la ruta nacional 242 hacia el paso Pino Hachado, la 231 hasta el paso Cardenal Samoré y un tramo de la ruta 40 que va desde el empalme con la 237 hasta la 231, en el sur del territorio.

La gestión provincial busca además instalar un sistema de peajes para cobrarles a los camiones chilenos que usan el cruce argentino para evitar el pago en su país. También se suscribió un segundo convenio para avanzar en las negociaciones con las contratistas que permitan destrabar la obra paralizada de la Circunvalación de Villa La Angostura, sobre la ruta 40.

Cómo funciona el sistema que se discute

El régimen de Zona Fría es una tarifa diferencial de gas para las regiones más frías del país. Se financia con un cargo que pagan todos los usuarios del país en sus facturas y que se vuelca a un fondo fiduciario creado en 2002. Con ese fondo se descuentan alrededor del 30% de la tarifa plena para los usuarios residenciales en general y hasta el 50% para los hogares en situación de mayor vulnerabilidad.

En 2021 el régimen se amplió a millones de usuarios fuera de la Patagonia, con lo que pasó a alcanzar a unos 4 millones de hogares, cerca de la mitad del padrón de gas del país. La discusión no es nueva: el Presupuesto 2026 ya había propuesto derogar esa ampliación y el régimen estuvo en el centro del debate cuando la Ley Bases intentó habilitar al Ejecutivo a eliminar o modificar fondos fiduciarios, lo que finalmente quedó exceptuado por presión de los legisladores patagónicos.

Con el dictamen en mano, la pelea se traslada ahora al recinto del Senado, donde el oficialismo buscará convertir en ley el recorte del universo alcanzado por el subsidio. Para la Patagonia, el desenlace despeja —al menos por ahora— la incertidumbre sobre la continuidad del beneficio, aunque deja abierta una discusión de fondo: si el porcentaje del descuento queda sujeto a la decisión del Poder Ejecutivo o si, como reclaman las provincias productoras y las que dependen del gas para calefaccionarse, debe quedar fijado con un piso legal del 50% en la propia ley.