El Senado de Santa Fe aprobó la ley contra los trapitos: dónde va a regir y quiénes quedan alcanzados

La Cámara de Senadores de Santa Fe convirtió en ley este jueves el proyecto que prohíbe la actividad de los cuidacoches, conocidos como "trapitos", aunque su aplicación dependerá de que cada municipio adhiera a la normativa provincial.

La Cámara alta insistió con el texto original de la iniciativa que había aprobado meses atrás y que Diputados había modificado durante su tratamiento. De esa manera, el proyecto impulsado por el senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas, quedó sancionado de forma definitiva.

La votación fue unánime entre los presentes: 16 votos afirmativos y tres ausencias, según la información difundida tras la sesión.

Qué dice la ley y a quiénes alcanza

La norma modifica el Código de Convivencia de Santa Fe e incorpora los artículos 66 bis, 66 ter y 66 quater, que crean nuevas figuras contravencionales vinculadas con el cuidado, la guarda, el lavado o la limpieza de vehículos y con el ofrecimiento de espacios para estacionar en la vía pública.

El artículo 66 bis es uno de los puntos centrales: sanciona a quienes, sin autorización y cuando exista una prohibición local, ofrezcan lugares para estacionar o cumplan tareas de guarda, cuidado, lavado o limpieza de autos a cambio de una retribución económica.

La sanción prevista va de dos a diez días de trabajo comunitario, junto con la prohibición de concurrir al lugar donde se cometió la contravención. En caso de reincidencia, la pena puede escalar de 10 a 20 días de arresto.

El esquema no apunta solo a quienes exigen dinero de manera intimidatoria, sino también a las distintas modalidades de servicio vinculadas con el estacionamiento cuando la normativa local las prohíba.

La pelota queda en cada municipio

La nueva legislación establece un régimen de adhesión: serán los gobiernos locales los que deban incorporar la prohibición a sus propias normas. La provincia fija un marco general y cada municipio conserva la posibilidad de definir las reglas específicas para su territorio, de acuerdo con sus características y ordenanzas.

Una vez que una ciudad adhiera y prohíba la actividad, las conductas contempladas por la ley podrán ser sancionadas dentro del nuevo esquema del Código de Convivencia.

El argumento de Seisas

Tras la votación, el senador defendió la norma y aseguró que el proyecto nació de reclamos de vecinos y comerciantes.

“Esto no nació en un escritorio ni de una alucinación de IA. Nació en los mensajes, comentarios, reclamos que nos mandaron cientos de vecinos y vecinas”, afirmó Seisas.

El legislador mencionó además denuncias por situaciones de intimidación y extorsión vinculadas con algunos cuidacoches y planteó que la ley busca terminar con el vacío normativo que, según su interpretación, dificultaba intervenir frente a determinadas situaciones.

“La ley le dice a cada municipio: la provincia los acompaña. Ordenen su espacio y establezcan reglas, en respeto a sus autonomías”, sostuvo. Y agregó: “Rosario no es Reconquista. Santa Fe no es Rafaela”, al remarcar las diferencias entre las ciudades de la provincia.

Una salida para quienes viven de la actividad

Durante la defensa de la iniciativa, Seisas sostuvo que la norma no busca desconocer la situación de las personas que realizan esta actividad por necesidad económica.

En ese sentido, destacó la incorporación de herramientas de prevención, capacitación, formación en oficios e intermediación laboral, además de un abordaje integral de situaciones de vulnerabilidad y consumos problemáticos. Según el legislador, el objetivo es generar alternativas para quienes dependen de esta actividad como fuente de ingresos y evitar que queden atrapados en la informalidad o bajo el control de terceros.

Qué cambia a partir de ahora

La sanción definitiva establece un nuevo marco provincial, pero su aplicación efectiva dependerá de la adhesión de cada municipio. En las ciudades que adhieran y establezcan la prohibición por normativa local, comenzarán a regir las nuevas figuras incorporadas al Código de Convivencia y las sanciones previstas.

El debate que atravesó durante meses a la Legislatura provincial entra así en una nueva etapa: la provincia ya tiene la ley, pero ahora cada municipio deberá definir cómo la implementa y qué medidas adopta sobre el uso del espacio público.