El Senado dio el paso que los laboratorios nacionales resistieron durante 56 años
El Senado aprobó un paquete de leyes en una sesión de más de diez horas. Uno de los proyectos que pasó tenía media sanción y una historia de resistencias que se remonta a 1970. Qué se aprobó y qué quedó en el centro de la polémica.
La Cámara alta completó una jornada maratónica de más de diez horas y despachó un paquete de proyectos que el oficialismo venía cocinando desde hace meses. La sesión arrancó con la aprobación unánime de la ley de fortalecimiento para la discapacidad —que había movilizado a referentes y familiares del sector a la plaza del Congreso— y siguió con otros temas que despertaron cruces y resistencias.
Fue la primera de las tres sesiones que el Senado tiene agendadas para este mes: la actividad continuará el miércoles 25 con la defensa de gestión de Diego Santilli y el jueves 26 de noviembre con el debate de la reforma electoral.
Patentes: el tratado que la Argentina evitó desde 1970
Con 47 votos a favor y 22 en contra, el Senado aprobó la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), un instrumento de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) firmado en 1970. Solo el peronismo se opuso.
El tratado busca simplificar y unificar la etapa inicial de los trámites para proteger invenciones en el exterior. Entre sus puntos centrales establece una solicitud internacional única que permite presentar un pedido estandarizado ante la oficina argentina de patentes para iniciar el trámite de protección en más de 160 países miembros; extiende el plazo de prioridad de 12 a 30 meses; e incorpora protección frente al “evergreening”, para evitar que modificaciones menores en medicamentos ya existentes se usen para estirar artificialmente los monopolios de las farmacéuticas.
En Diputados el proyecto se había aprobado con 147 votos a favor y 93 en contra, y se excluyó el capítulo II para evitar la intervención de oficinas extranjeras y favorecer la disponibilidad de medicamentos genéricos a menor costo. Justamente ese punto fue el que históricamente frenó la adhesión argentina: los laboratorios nacionales cuestionan las consecuencias de usar informes técnicos elaborados por oficinas del exterior para analizar nuevas invenciones.
Jorge Capitanich fue uno de los oradores del rechazo peronista: “Las patentes generan escasez artificial, que es la limitación deliberada de la oferta de un bien o servicio”, sostuvo, y consideró que la “Argentina tiene la posibilidad de articular tecnología, industria y recursos científicos”. “El cambio de reglas de juego constituye un atentado contra nuestra soberanía y producen un giro de 180°”, sentenció. Del otro lado, Francisco Paoltroni defendió la iniciativa: “Esto es darle seguridad jurídica, calidad institucional. [...] No es un tratado de libre comercio”, contrastó el representante del oficialismo, que auguró “un acuerdo recíproco de inversión y comercio” para el sector.
Inviolabilidad de la propiedad privada: qué cambia con los desalojos
El otro eje de la sesión fue la ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que se sancionó con 42 votos a favor y 26 en contra. Además del peronismo, se opusieron los oficialismos de Neuquén y Santa Cruz.
El proyecto tuvo su momento de mayor tensión en agosto, cuando el debate giró en torno a la ley de Tierras y la de Manejo del Fuego, que finalmente quedaron excluidas de la redacción. El régimen de Tierras, de todos modos, sería refrendado en el proyecto luego de su aprobación en Diputados, en un contexto en el que estaba a tiro judicial de un fallo de la Corte Suprema.
Entre las modificaciones se establece que “la utilidad pública será de interpretación restrictiva” en materia de expropiaciones y se fija un límite máximo de 90 días para la “ocupación temporánea anormal”. También se amplía la metodología de desalojos: se garantizan 10 días para ofrecer una solución habitacional cuando el procedimiento involucre “la presencia de menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo”.
El miembro informante, Agustín Coto (La Libertad Avanza), se limitó a señalar que “es un tema que ya hemos tratado largamente en esta Cámara, más allá del camino de la ley y el tratamiento en las comisiones”. La crítica más dura vino de José Mayans (Justicialista): “Ni siquiera se habla de un mes de aviso”, disparó sobre el esquema de desalojos, y apuntó contra “toda la fuerza pública en forma inmediata a sacarle a patadas a la gente que perdió el trabajo y no puede pagar su alquiler”.
Cabotaje, “Ley Joaquín” y protocolos contra la violencia
El sector naval siguió con atención la reforma del régimen de cabotaje y Marina Mercante, que ampliaría la participación de buques extranjeros en la navegación y el comercio de cabotaje. Después de las manifestaciones en contra de sindicatos del sector y operadores navales, el oficialismo incorporó cambios propuestos por Jorge Capitanich y José Neder: un régimen impositivo especial para los buques argentinos —a los que se reservaría hidrocarburos y cargas— y un esquema paulatino de incorporación de tripulación nacional en embarcaciones foráneas.
Desde Diputados llegó con apoyo unánime la denominada “Ley Joaquín”, que busca garantizar medidas obligatorias de seguridad en espacios deportivos y recreativos públicos y privados para prevenir accidentes. Su nombre homenajea a Joaquín Gatto, un chico de 12 años de Junín de los Andes que sufrió la caída de un arco de fútbol sin fijación.
El temario incluyó además una iniciativa para establecer “protocolos de prevención, detección y actuación ante situaciones de violencias que involucren niñas, niños y adolescentes” en establecimientos educativos, deportivos, religiosos y culturales, junto con tratados internacionales y transferencias de patrimonios del Estado nacional a distintas provincias.
La objeción del CELS a una designación en el Comité contra la Tortura
La sesión también fue el primer paso para designar autoridades del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), el organismo que controla la situación de los centros de detención y la labor de las fuerzas de seguridad. Los miembros seleccionados por el ámbito legislativo son Mariano Przybylski, Gabriela Bencina, Humberto Schiavoni, Fernando Zarabozo, Diego Armesto y Eduardo Toniolli. El representante de la Subsecretaría de DDHH del Ministerio de Justicia es Leonardo Szuchet.
Contra Fernando Zarabozo hay una objeción puntual del CELS, que la detalló en un comunicado: apuntaron a su “falta de antecedentes, idoneidad e independencia del candidato”. La acusación más grave es que “pondría en riesgo la independencia del organismo”, porque “su carrera se desarrolló en las instituciones que el Comité debe controlar”.
Tras repasar su labor desde 2024 en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), sintetizaron que “su función actual consiste en defender a los funcionarios policiales frente a las denuncias e imputaciones judiciales que se les dirigen, y en monitorear los sumarios vinculados al servicio. La función del Comité es la inversa”. Los mecanismos locales de prevención de la tortura de 14 distritos firmaron un comunicado contra la postulación de Zarabozo, en el que señalaron el incumplimiento del plazo legal de impugnaciones y la irregularidad del proceso de selección de representantes de la sociedad civil.