El Senado dio media sanción a la nueva ley de biocombustibles: el cambio que espera Tucumán
El Senado aprobó el nuevo marco de biocombustibles con 41 votos a favor y 25 en contra. El corte de bioetanol sube al 12% y luego al 15%, pero la letra chica del proyecto es la que tiene en vilo a los ingenios tucumanos.
El Senado de la Nación aprobó este jueves y giró a Diputados un proyecto de ley que establece un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles, con un aumento escalonado del corte obligatorio de bioetanol en las naftas que impacta de lleno en Tucumán, principal productora de azúcar del país.
La iniciativa se aprobó en general con 41 votos a favor y 25 en contra. El texto plantea un régimen de transición hasta 2036, con subas progresivas en los porcentajes de mezcla obligatoria de biocombustibles con naftas y gasoil, y modifica las reglas de producción, comercialización y formación de precios del sector.
Qué cambia para Tucumán
Para la provincia, uno de los polos centrales de elaboración de bioetanol de caña del país, el punto clave es el aumento del corte en las naftas. El proyecto fija inicialmente una mezcla mínima de 12% de bioetanol, repartida en partes iguales: 6% para el producido a partir de caña de azúcar y 6% para el elaborado con maíz.
Al cumplirse un año de vigencia de la futura ley, el corte obligatorio para las naftas ascendería al 15%. De ese volumen, el proyecto mantiene garantizada la participación inicial del bioetanol de caña y del de maíz, mientras que el remanente podrá completarse con otras materias primas renovables.
La propuesta declara de interés público la fabricación, almacenamiento, mezcla, comercialización y autoconsumo de biocombustibles en todo el país. Entre sus objetivos, plantea incentivar inversiones, consolidar la seguridad energética, promover el agregado de valor en origen y avanzar hacia un mercado más competitivo y ambientalmente sostenible.
El debate que dividió al Senado
La senadora salteña Flavia Royón, presidenta de la Comisión de Minería y una de las impulsoras de las iniciativas que confluyeron en el dictamen, defendió el proyecto como una política de largo plazo para las economías regionales.
"Esto no es una reforma, sino un nuevo marco regulatorio que intenta construir una política de largo plazo, una política que ha combinado previsibilidad y competencia, que fortalece las economías regionales y que habilita el agregado de valor de los granos en origen", sostuvo durante el debate.
La discusión, sin embargo, dividió a los bloques de manera transversal por los distintos intereses productivos de cada provincia. Legisladores de La Pampa, San Luis, Entre Ríos y Buenos Aires expresaron reparos por el posible impacto de las nuevas reglas sobre pequeñas y medianas empresas del sector.
El senador pampeano Daniel Bensusán cuestionó la iniciativa y advirtió que algunos cambios podrían afectar a pymes instaladas en el interior. "Quienes acompañen esta ley tendrán que explicarle a los que pierdan sus fuentes de trabajo en La Pampa y en San Luis", afirmó, al sostener que el esquema podría favorecer la concentración de la actividad.
Los cambios para contener las objeciones
Para contener esas objeciones, el texto incorporó cambios antes del inicio del debate. Entre ellos, se precisaron las definiciones para diferenciar a las empresas integradas verticalmente de las no integradas dentro de una misma cadena productiva.
Serán consideradas integradas las plantas con capacidad superior a 50.000 toneladas anuales que formen parte de grupos económicos vinculados a fábricas de aceites vegetales o harinas proteicas. En cambio, se considerará no integradas a las firmas con capacidad menor o igual a ese volumen o que no pertenezcan a conglomerados aceiteros.
Además, la norma incorpora cláusulas para limitar la concentración. Ninguna empresa elaboradora o grupo económico podrá adjudicarse más del 10% del biodiesel comercializado en un año, con un tope máximo de 50.000 toneladas por firma. También se prevé la creación de regiones geográficas de negociación, con un límite de hasta el 20% del volumen anual, para reducir costos logísticos y proteger cadenas agroindustriales regionales.
En el caso del biodiesel, destinado al gasoil o diésel, el proyecto establece un corte mínimo inicial obligatorio de 7,5%, que subirá al 10% luego de los primeros doce meses desde la promulgación de la ley.
La iniciativa también dispone que el abastecimiento mensual de los cortes obligatorios se realice mediante subastas públicas en un Mercado Electrónico, operado por un organismo independiente y con referencia en los valores internacionales de paridad de importación. El objetivo es favorecer una formación de precios más transparente y reducir distorsiones en el mercado interno.
En materia impositiva, el proyecto deja a los biocombustibles exentos del Impuesto a los Combustibles Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono, que se aplicarían únicamente sobre el componente fósil de la mezcla final.
El texto habilita, además, la desregulación del uso y la comercialización de energías renovables complementarias, como el biometano para su inyección en gasoductos y el Combustible Sostenible de Aviación, conocido como SAF.
Con la media sanción del Senado, la definición queda ahora en manos de Diputados. Para Tucumán, el debate será seguido de cerca por ingenios, productores cañeros y empresas vinculadas al bioetanol, ya que el aumento de los cortes obligatorios puede ampliar la demanda de un producto que se convirtió en una fuente relevante de diversificación para la industria azucarera provincial.