El Senado dio media sanción al proyecto de propiedad privada: desalojos exprés y cambios en expropiaciones

El Senado de la Nación aprobó este jueves la media sanción del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que promete una transformación integral en el régimen de restitución de inmuebles urbanos y rurales en Argentina. La norma, que ahora pasa a Diputados, introduce el desalojo exprés y modifica las reglas de expropiación.

El oficialismo tuvo que retirar los artículos vinculados a la Ley de Tierras y el Manejo del Fuego para destrabar el consenso en la Cámara alta. Así, el texto final incorpora la figura del desalojo exprés: ante casos de intrusión o tenencia precaria, el juez podrá disponer la entrega inmediata del bien si el derecho invocado resulta verosímil y previa caución juratoria, además de ordenar constataciones en un plazo máximo de 72 horas.

Juicios sumarísimos y nuevas reglas para alquileres

La iniciativa establece que todas las acciones de desalojo se tramitarán mediante un juicio sumarísimo, la vía procesal más breve prevista en la legislación. Además, amplía la legitimación activa: no solo los propietarios titulares podrán demandar, sino también cualquier persona que acredite un interés legítimo afectado por la ocupación indebida.

En el caso de los contratos de alquiler con destino habitacional, la ley fija pautas precisas para evitar abusos y dar seguridad jurídica a ambas partes:

Intimación previa: Ante la falta de pago, el locador deberá intimar al inquilino de forma fehaciente otorgando un plazo mínimo de 10 días corridos.

Devolución de llaves: Si el propietario se niega a recibir la propiedad, el locatario podrá consignar las llaves judicialmente para frenar el cómputo de alquileres e intereses.

Notificaciones válidas: Los avisos dirigidos al domicilio fijado en el contrato (físico o electrónico) se considerarán plenamente válidos, aun si el ocupante rehusara recibir la cédula.

Uso de la fuerza pública: Los notificadores quedan facultados a fotografiar el inmueble, allanar domicilios y solicitar el auxilio de la policía para identificar a la totalidad de los ocupantes.

El proyecto incorpora una cláusula de resguardo para sectores vulnerables. Cuando en la vivienda se encuentren menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, se requerirá la intervención del Ministerio Público Tutelar y el magistrado deberá otorgar un plazo de hasta 10 días para coordinar una alternativa habitacional transitoria antes de concretar el lanzamiento.

Expropiaciones: límites a la utilidad pública y tope al lucro cesante

Otro de los capítulos centrales modifica las condiciones bajo las cuales el Estado nacional o provincial puede expropiar bienes privados. El texto establece que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse con criterio restrictivo y fundamentarse de manera rigurosa.

En materia económica, se fijó un tope del 30% de indemnización por lucro cesante y se determinó que la tasa de interés aplicable para la liquidación se calculará combinando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la tasa pasiva del Banco Nación a 30 días. Asimismo, no se podrá concretar la transferencia definitiva del dominio sin el pago previo de la indemnización, teniendo el juez la facultad de requerir un dictamen al Tribunal de Tasaciones de la Nación en caso de discrepancias sobre el valor del inmueble.

Digitalización de registros y reformas a la Ley Pierri

El proyecto con media sanción faculta la presentación de documentación digital en los Registros de la Propiedad Inmueble de todo el país para agilizar la inscripción de dominio y la traba de medidas cautelares.

A su vez, se introducen modificaciones a la ley de regularización dominial (Ley Pierri), permitiendo que las familias que acrediten la posesión pública, pacífica y continua de su vivienda única durante los 10 años anteriores puedan acceder a la escritura definitiva de forma simplificada.

El Senado de la Nación aprobó la media sanción del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que busca transformar de manera integral el régimen de restitución de inmuebles urbanos y rurales en la Argentina. La propuesta, que ahora deberá ser tratada en la Cámara de Diputados, apunta a reducir drásticamente los plazos judiciales frente a usurpaciones, agilizar las notificaciones y establecer reglas claras en los litigios entre propietarios, inquilinos y el Estado.