Una Convención Municipal con mayoría de La Libertad Avanza sancionó en mayo la primera reforma de la Carta en casi 40 años. Pero el Senado metió 18 cambios y la oposición estalló: qué puntos eliminaron y por qué hablan de "avasallamiento".
La Cámara de Diputados de Salta convirtió en ley este martes la reforma de la Carta Municipal de la ciudad de Salta, tras aprobar la modificación de la Ley Provincial N° 6534. El texto, que ya tenía media sanción del Senado, quedó en condiciones de ser promulgado por el Poder Ejecutivo provincial.
La votación no fue pacífica: el oficialismo defendió el proceso de compatibilización constitucional, mientras que los bloques opositores denunciaron un "avasallamiento" a la autonomía municipal y cuestionaron la eliminación de mecanismos de control y transparencia.
Un proceso de casi cuatro décadas
La historia de esta reforma comenzó el 30 de mayo, cuando una Convención Municipal con mayoría de representantes de La Libertad Avanza sancionó la primera actualización del texto en casi 40 años. Luego, el documento fue remitido a la Legislatura provincial para cumplir con el mecanismo de compatibilización previsto en la Constitución de Salta.
El 30 de octubre, el Senado introdujo 18 modificaciones al articulado original. Esas alteraciones fueron el detonante del rechazo opositor durante el debate de este martes.
La defensa oficialista
La diputada Frida Fonseca (Bloque por Salta), miembro informante de la Comisión de Legislación General, abrió el debate y repasó las iniciativas que desde 2010 buscaban actualizar la norma. Sostuvo que el proyecto es el resultado de un proceso de muchos años y destacó los avances incorporados: la consolidación del bienestar animal como política pública, acciones para honrar a los veteranos de Malvinas, un capítulo específico sobre derechos de las personas con discapacidad y el fortalecimiento de la figura del Defensor del Pueblo.
Respecto a los cambios del Senado, Fonseca defendió la legalidad del procedimiento: "El Senado nunca niega la autonomía de la Municipalidad", aseguró, y argumentó que las modificaciones buscan garantizar la coherencia institucional. Explicó que se preservó el sistema vigente para la designación de los jueces de faltas, que los informes de control respetarán una cadena jerárquica y que se suprimió el tope del 1% de la población para el empleo público municipal por considerarlo un parámetro "muy variable". "El dictamen que envía el Senado ha sido bien estudiado, tiene lógica y lo podemos acompañar", concluyó.
Las críticas de la oposición
Desde los bloques opositores, las intervenciones apuntaron contra el alcance de las reformas aplicadas por la Legislatura, señalando que excedieron la mera compatibilización constitucional para alterar decisiones de fondo tomadas por los convencionales municipales.
El diputado libertario Franco Lastra calificó la intervención legislativa como un "avasallamiento total" y un "atropello a la voluntad popular", recordando que los ciudadanos habían otorgado una mayoría a su espacio en la Convención. Lastra enumeró varios puntos suprimidos del texto original, entre ellos la exigencia del título secundario completo como requisito para ser concejal, la regulación sobre el uso de la imagen institucional del municipio y la implementación de concursos públicos para los tribunales de faltas en reemplazo de las designaciones directas.
En la misma línea, sus compañeros de bancada cuestionaron el recorte de herramientas de fiscalización. Eduardo Virgili (LLA) sostuvo que los legisladores oficialistas se tomaron atribuciones que no les correspondían para "conservar sus privilegios", y criticó puntualmente la eliminación del control concomitante —en tiempo real— sobre las cuentas públicas, así como el reemplazo del concepto de "juridicidad" por el de "legalidad". Puso como ejemplo el caso del "Fondo de Reparación Histórica" del gobierno de Urtubey.
La diputada Emilia Domínguez (LLA) advirtió que "la compatibilización de la Carta Municipal no significa sustituir la voluntad del convencional constituyente" y atribuyó los cambios a una "conveniencia política".
José Gauffín, del Bloque Independencia, también fue muy crítico con la actuación de los senadores provinciales. Tras un recorrido histórico sobre las ordenanzas de convocatoria desde 2024, cuestionó la arquitectura de los organismos de control externo y advirtió sobre la falta de auditoría respecto a los fondos provinciales transferidos al municipio mediante convenios. Criticó el funcionamiento del Tribunal de Cuentas municipal y de la Defensoría del Pueblo, señalando que esta última se limita a asesorar vecinos sin accionar frente a eventuales abusos de poder. "Los artículos que quitaron en el Senado son los mismos que habían intentado quitar en el Concejo Deliberante", afirmó.
Guillermo Durand Cornejo (Bloque Conservador) centró su exposición en lo que describió como una crisis institucional en la provincia derivada de las mayorías automáticas. Vinculó la intervención sobre la Carta Municipal con un esquema de concentración de poder que, según denunció, incluye las reelecciones de autoridades ejecutivas, legislativas y de miembros de la Corte de Justicia, y advirtió que el avance sobre la autonomía de la capital constituye "un abuso de autoridad" que colisiona con los límites de la Constitución provincial.
Tras el cierre de la lista de oradores, el oficialismo hizo valer su mayoría en el recinto para aprobar el dictamen en general y en particular, dejando la nueva Carta Municipal de Salta a un paso de su promulgación definitiva.