El Senado recortó la ley de propiedad privada: qué cambios sobrevivieron y cuáles quedaron afuera

El Senado dio media sanción a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero el proyecto llegó tan recortado que solo tres ejes centrales lograron sobrevivir. La reforma de tierras rurales y los cambios en la ley de manejo del fuego, los más resistidos, quedaron en el camino.

Con 37 votos a favor y 33 en contra, y tras más de once horas de debate, el oficialismo consiguió aprobar una versión reducida de la iniciativa. La Cámara de Diputados ahora deberá tratar un texto que mantiene procedimientos abreviados para desalojos, nuevas reglas para expropiaciones y modificaciones en los registros inmobiliarios.

Qué quedó del proyecto original

El Gobierno debió negociar hasta el final para conservar los puntos que consideraba clave. La reforma de la Ley de Tierras Rurales, que buscaba flexibilizar la compra de campos por extranjeros, fue uno de los capítulos eliminados. También quedó afuera la modificación a la Ley de Manejo del Fuego, que había generado fuertes críticas por sus efectos en zonas incendiadas.

La presión de organizaciones ambientales, campesinas, indígenas y gremiales fue determinante para que esos dos capítulos no formen parte del proyecto final. La media sanción, entonces, se convirtió en un triunfo parcial para La Libertad Avanza: logró avanzar con su reforma central, pero perdió dos de las propuestas más controversiales.

Desalojos exprés: las nuevas reglas

Uno de los pilares que sobrevivió es la modificación de los procedimientos para recuperar inmuebles ocupados. El texto aprobado incorpora mecanismos abreviados para casos de usurpación, donde el juez podrá ordenar la restitución inmediata si el propietario presenta una caución juratoria y su derecho parece verosímil.

También se establece la posibilidad de intimar la devolución en un plazo de 72 horas cuando haya documentación que acredite la titularidad. Para los alquileres, el inquilino tendrá un plazo mínimo de diez días para pagar la deuda antes de que el propietario pueda iniciar un proceso sumarísimo.

El proyecto contempla además que, si hay niños, adolescentes o personas vulnerables, deberán intervenir los organismos de protección estatales.

Expropiaciones: más control y lucro cesante

El régimen de expropiaciones también sufrió cambios importantes. Ahora, el Estado deberá fundamentar específicamente la declaración de utilidad pública de un bien. Y en el cálculo de las indemnizaciones, se incorpora la posibilidad de reconocer el lucro cesante, con un tope del 30% del daño emergente.

Las compensaciones deberán actualizarse por el Índice de Precios al Consumidor y sumar intereses si hay demoras. Además, la transferencia del dominio no podrá concretarse hasta que se pague la totalidad. En caso de desacuerdo sobre el valor, el juez podrá pedir la intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación.

La ocupación temporánea, otra herramienta del Estado, queda limitada a un máximo de 90 días y concentrada en el Poder Ejecutivo nacional.

Registros digitales y regularización dominial

El tercer eje apunta a la modernización de los registros inmobiliarios. Se habilita la presentación de documentación digital ante los Registros de la Propiedad Inmueble de todo el país, algo que algunas provincias ya hacían.

También se amplían las posibilidades de acceder a una escritura para quienes acrediten una posesión pública, pacífica e ininterrumpida de al menos diez años. Y se crea un resguardo para ocupantes en esa situación, que deberá tenerse en cuenta frente a los nuevos procedimientos de restitución.

El Chaco, dividido en la votación

La sesión dejó una postal clara de las diferencias entre los senadores chaqueños. Silvana Schneider y Juan Cruz Godoy votaron a favor, mientras que Jorge Capitanich rechazó el proyecto. Schneider defendió especialmente las reformas sobre expropiaciones y desalojos, mientras que Capitanich alertó sobre sus consecuencias sociales.

El ex gobernador, que fue miembro informante por la minoría, cuestionó la heterogeneidad de la iniciativa y la comparó con una ley ómnibus. Además, citó datos de la Federación de Inquilinos que indican que siete de cada diez inquilinos están en mora.

Capitanich también recordó que el Chaco tiene su propio Código Procesal Civil y Comercial, por lo que algunos cambios nacionales deberán analizarse a la luz de las competencias provinciales. Y sentenció: “El problema de la República Argentina no es la inviolabilidad de la propiedad privada: es el acceso a la propiedad privada por parte de los pobres”.

Godoy, en tanto, acompañó al oficialismo sin dar explicaciones en el recinto.