El Senado salteño avanza con una ley que blindaría a familias vulnerables contra cortes de luz y agua

En medio de la crisis socioeconómica que golpea a los hogares salteños, el Senado provincial avanza en un proyecto de ley que prohibiría el corte de servicios esenciales a familias en situación de vulnerabilidad. La iniciativa, que ya suma respaldo en la Comisión de Legislación General, busca atenuar el impacto de la creciente morosidad en el pago de facturas de luz y agua.

Este miércoles, los legisladores mantuvieron una reunión de trabajo con las autoridades del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP), en continuidad con la ronda de consultas que ya había comenzado con directivos de EDESA. El encuentro, encabezado por el vicepresidente primero del cuerpo, Mashur Lapad, y el presidente de la comisión, Dani Nolasco, contó con la participación de un nutrido grupo de senadores, entre ellos Jorge Soto, Enrique Cornejo, Walter Cruz, Daniel Moreno, Juan Cruz Curá, Roque Cornejo, Leonor Minetti, Alejandra Navarro, Luciano Elvira (autor de la iniciativa), Diego Cari, Gonzalo Guaymas, Manrique Burgos y Rolando Guaimás.

Por el organismo regulador asistieron su presidente, Carlos Saravia; el vicepresidente, Abdo Omar Esper; el gerente de Usuarios, Consumo y Abordaje Territorial, Pedro de los Ríos, y el gerente Jurídico, Marcelo Careccio.

¿Qué establece la iniciativa?

El proyecto prohíbe en todo el territorio provincial el corte de suministro, el retiro de conexiones domiciliarias y de medidores de energía eléctrica y agua potable a usuarios residenciales que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Además, establece la suspensión temporal de ejecuciones judiciales por deudas de servicios y fija un período de protección especial durante los meses de invierno (mayo a septiembre), que podría extenderse mediante planes de pago.

También obliga a las empresas prestatarias a ofrecer financiamiento en un mínimo de seis cuotas con tasa pasiva del Banco Nación, y contempla un esquema prioritario para comedores comunitarios, merenderos y centros de jubilados.

El diagnóstico de Saravia

Durante la reunión, Carlos Saravia trazó un panorama del escenario tarifario provincial, que alcanza a 345 mil usuarios residenciales y 38 mil no residenciales. Según estudios técnicos de la Universidad de Buenos Aires, la incidencia de los servicios esenciales en los ingresos de los hogares pasó de representar entre el 6% y el 10% a un 15%, lo que disparó los índices de morosidad.

El funcionario también se refirió a las más de 30 mil familias con conexiones irregulares, cuyo costo se prorratea entre el resto de los usuarios. En ese sentido, coincidió en la necesidad de atenuar el impacto social, pero remarcó la importancia de delimitar con precisión técnica el universo a beneficiar para no comprometer la estabilidad operativa y contractual del sistema.

Saravia detalló los instrumentos de contención vigentes, como la tarifa de Zonas Cálidas, que hoy alcanza a 106 mil familias de tres departamentos del norte provincial y que podría ampliarse a ocho departamentos, llegando a 150 mil hogares. También mencionó los 28 mil subsidios para sectores carenciados y el bono eléctrico para jubilados.

En otro orden, recordó que en Salta una ley impide que los incrementos tarifarios superen el índice de inflación. En ese marco, contrastó que mientras el componente de distribución provincial se actualizó un 17,1% en 2026, el costo de abastecimiento mayorista fijado por la Nación (la compra de energía a CAMMESA) subió más del doble, con un 36,7%. En el caso del agua, la revisión tarifaria de Aguas del Norte fue fijada en un 47,7% para 2026, frente al 70,5% solicitado inicialmente por la empresa. Todo esto ocurre en un contexto donde la cobertura de subsidios nacionales cayó del 95% al 65%, en el camino hacia un esquema de tarifa plana.

Inquietudes de los legisladores

Los senadores trasladaron las preocupaciones de sus departamentos. El senador Curá consultó sobre las previsiones para evitar interrupciones de suministro ante el período estival en el norte y el alcance de los operativos territoriales de subsidios. Saravia anticipó que el servicio mejorará a partir del ingreso de energía de Bolivia.

El senador Roque Cornejo planteó la necesidad de promover el uso racional de la energía, ante lo cual el funcionario remarcó la importancia de unificar criterios frente a las nuevas urbanizaciones para evitar que los desarrolladores trasladen la infraestructura privada de agua y cloacas al Estado. Además, anticipó que trabaja en una iniciativa para crear un área metropolitana en esa materia.

El senador Guaimás advirtió sobre la alta incidencia de la tarifa de agua en parcelas rurales de gran superficie, y desde el organismo se recomendó la instalación de medidores para ajustar el cobro al consumo real. Por su parte, los senadores Burgos, Navarro y Gonzalo Guaymas pidieron precisiones sobre el mantenimiento, cobertura y recambio de paneles solares administrados por ESED S.A. mediante el programa PERMER en parajes aislados. Se explicó que el sistema atiende a 12 mil usuarios bajo un esquema de tarifas bajas pero con alta morosidad, y se prevén complicaciones en el recambio de equipos que perdieron capacidad de prestación.

Saravia también se refirió a la inclusión del cobro de tasas municipales y del servicio de agua en la factura de EDESA, esquema al que están adheridos 34 municipios, y a la incidencia del alumbrado público. Frente a las disposiciones nacionales que buscan prohibir este mecanismo de percepción conjunta, destacó la iniciativa provincial que ya cuenta con media sanción legislativa para respaldar la continuidad del sistema. En cuanto a las familias con conexiones irregulares, se planteó la aplicación de la tarifa diferencial del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) como alternativa para incorporarlas al esquema formal.

Al cierre del encuentro, el senador Elvira agradeció los aportes técnicos de las autoridades del Ente Regulador y remarcó que la iniciativa busca dar una respuesta urgente a la realidad que viven miles de familias salteñas: “Muchos hogares hoy no llegan a fin de mes y se ven forzados a elegir entre comprar alimentos y medicamentos o pagar la boleta de luz y agua. Como legisladores tenemos la responsabilidad de defender a la gente y garantizar que nadie quede privado de un servicio esencial por motivos de vulnerabilidad económica”, afirmó.