El Senado salteño avanza contra las estafas desde las cárceles: ¿qué pasará con los celulares de los presos?

El Senado de Salta aprobó este jueves un proyecto que prohíbe el uso de celulares en cárceles y comisarías. La medida busca cortar de raíz las estafas telefónicas, extorsiones y amenazas que se organizan desde las unidades penitenciarias. Ahora, la iniciativa deberá ser tratada por la Cámara de Diputados para convertirse en ley.

¿Por qué es necesario prohibir los celulares?

El senador por La Poma, Dani Nolasco, fue contundente durante el debate: “La utilización ilegal de los celulares dentro de las instituciones constituye una amenaza a la seguridad pública”. Según explicó, numerosas investigaciones demostraron que gran parte de las estafas y extorsiones que sufren los salteños tienen su origen en llamadas realizadas desde las cárceles.

Las medidas de seguridad actuales no lograron impedir el ingreso de estos dispositivos, por lo que se consideró necesario avanzar con una legislación específica que prohíba su tenencia y uso.

Inhibidores de señal: la clave del plan

El proyecto no solo prohíbe los celulares, sino que también contempla la instalación de inhibidores o bloqueadores de señal en todos los establecimientos penitenciarios y comisarías de la provincia. Esto imposibilitaría cualquier tipo de comunicación ilegal desde el interior.

Además, se fortalecerán los controles para impedir el ingreso de estos equipos, algo que hasta ahora no se había logrado de manera efectiva.

¿Y el contacto con la familia?

La iniciativa también respeta los derechos de las personas privadas de la libertad. Se establece que los internos podrán mantener contacto con sus familiares mediante sistemas de telefonía institucional, administrados por las autoridades penitenciarias y bajo las condiciones que fije la reglamentación.

De esta manera, se busca equilibrar la seguridad con el derecho a la comunicación familiar.

¿Qué sigue ahora?

Con la media sanción del Senado, el proyecto fue girado a la Cámara de Diputados de Salta, donde deberá ser debatido y aprobado para convertirse en ley. Si logra la sanción definitiva, la provincia implementará un nuevo esquema de control sobre las comunicaciones en los lugares de detención, con el objetivo de reducir los delitos organizados desde las cárceles.