El senador pampeano que pidió revisar el régimen de ciudadanía por inversión tras el fallo de la Corte

El senador nacional por La Pampa Daniel Bensusán salió a marcar la cancha después de que la Corte Suprema de Justicia suspendiera provisoriamente los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, la norma que derogaba la Ley de Tierras. A través de un mensaje en su cuenta de X, el legislador advirtió sobre las implicancias de las políticas del Gobierno nacional en materia de tierras rurales y ciudadanía por inversión.

La decisión del máximo tribunal restablece de manera transitoria las restricciones para que extranjeros adquieran tierras rurales en el país, mientras el trámite judicial sigue su curso.

El foco en la ciudadanía por inversión

En ese contexto, Bensusán apuntó contra el DNU 366/2025 y el Decreto 524/2025, las herramientas con las que el Gobierno nacional creó un régimen que habilita a extranjeros a solicitar la ciudadanía argentina a partir de inversiones consideradas relevantes. Esa normativa contempla la intervención de organismos estatales en la evaluación de cada solicitud.

El legislador pampeano planteó interrogantes sobre cómo se cruza ese mecanismo con las restricciones que establece la Ley de Tierras. En concreto, advirtió sobre la posibilidad de que la obtención de la ciudadanía modifique la situación jurídica de los inversores extranjeros frente a los límites para comprar campos.

Un régimen que ya está bajo la lupa de la Justicia

El régimen de ciudadanía por inversión no solo genera dudas políticas: también enfrenta cuestionamientos judiciales. La Corte Suprema tiene pendiente resolver planteos vinculados con la validez del DNU 366/2025, aunque las causas que llegaron a esa instancia no se originaron en solicitudes de ciudadanía por inversión propiamente dichas.

Para Bensusán, la discusión excede la pregunta de quién puede comprar un campo. Según su mirada, lo que está en juego es la protección del territorio argentino, el agua, los recursos naturales y las posibilidades de desarrollo de las provincias.

En esa línea, el senador sostuvo que defender la soberanía requiere leyes, controles y decisiones que resguarden el patrimonio nacional. Un debate que, para las economías regionales y las comunidades ligadas a la producción rural, tiene una relevancia directa.