El silencio de la Corte que deja sin respuesta a 98.938 víctimas de violencia de género

Mientras el Estado desmantela las políticas de género, la Corte Suprema acumula más de dos años sin expedirse sobre una demanda clave que busca saber cómo se protege a mujeres, niños y adolescentes. El recorte presupuestario del 89% ya dejó a casi 99 mil personas sin acceso al programa AcompañAR.

¿Qué originó la demanda?

En junio de 2024, un grupo de organizaciones encabezadas por Natalia Gherardi presentó una acción declarativa de certeza para que el Poder Ejecutivo explique cómo garantiza la protección de mujeres, niños, niñas y adolescentes frente al desmantelamiento de las áreas de género. La pregunta sigue sin respuesta.

La demanda surgió tras la eliminación de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, un retroceso de más de treinta años que dejó a la Argentina como el único país de la región sin un organismo rector en políticas de género.

Números que alarman

El presupuesto de las políticas de igualdad de género se desplomó un 89%. La Línea 144 perdió dos tercios de su presupuesto y su meta de asistencias cayó a 60.000, un tercio de lo atendido en 2023.

El caso más paradigmático es el Programa AcompañAR: en 2023 accedieron 102.510 personas; en 2024 apenas 3.572, un 96,5% menos. Durante el primer semestre de 2025 no hubo una sola alta nueva. Además, el beneficio se redujo de 6 a 3 meses y ahora exige denuncia previa, una barrera que la normativa buscaba evitar.

El periplo judicial

En diciembre de 2024, el juez Enrique Alonso Regueira dictó una medida cautelar que ordenaba al Estado sostener las funciones esenciales de prevención y atención. El Ministerio de Justicia apeló y la Cámara Contencioso Administrativo Federal la revocó.

Las organizaciones recurrieron a la Corte Suprema, que dio intervención a la Defensoría General de la Nación. La Defensoría emitió un dictamen contundente a favor de las organizaciones, recomendando restablecer la cautelar. El 27 de mayo de 2025 se presentó un recurso de queja, pero desde entonces la Corte no se pronunció, pese a tener el dictamen favorable desde hace más de un año.

¿Cuánto cuesta el ajuste?

Intervenir cuando la violencia ya escaló le cuesta al Estado 22 veces más que invertir en prevención. El presupuesto nacional se redujo un 24% respecto de 2023, pero las políticas de género sufrieron un recorte tres veces mayor. Recuperarlas costaría menos del 40% de lo que el Estado resigna cada año por la exención del Impuesto a las Ganancias a magistrados.

Mientras tanto, la causa de fondo avanza: el juez Alonso Regueira habilitó la etapa de producción de prueba, lo que permitirá acreditar el impacto de la inacción estatal. Pero dos años de demora judicial son miles de personas que buscan ayuda y no la encuentran.