El sindicato de estatales denunció quién pagó los retiros voluntarios de Milei

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el Gobierno de Javier Milei tomó deuda por 300 millones de dólares para financiar los retiros voluntarios en la Administración Pública Nacional. El sindicato rechazó de plano el régimen y convocó a una movilización a la Quinta Presidencial de Olivos para este miércoles 21 de octubre, a las 17, bajo la consigna “No se aguanta más”.

Según ATE, el Decreto 1023/2026 confirmó el programa de retiros, mientras que el Decreto 1177/2026 habilitó la firma de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por hasta 300 millones de dólares. Ese monto representa el primer tramo de una línea de crédito que podría llegar a los 800 millones.

Qué dice el documento del préstamo

El texto oficial del crédito contempla 220 millones de dólares para el componente de modernización de la gestión del empleo público. Parte de ese total se destinará, precisamente, a los retiros voluntarios. Los otros 77 millones corresponden a capacidad tecnológica y tres millones a administración y auditoría.

El ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, precisó que unos 20.000 trabajadores estatales serían elegibles para adherirse al programa. ATE, en cambio, sostiene que el universo alcanzado por la medida comprende a 21.187 empleados.

Los cuestionamientos jurídicos del gremio

El dirigente gremial Aguiar planteó que “esta medida es completamente ilegal. Está prohibido tomar deuda en dólares para gasto corriente. Además, vulnera la Ley de Presupuesto, ya que esta deuda no fue aprobada por el Congreso”.

ATE advirtió además que quienes adhieran no podrán reingresar a la Administración Pública Nacional durante ocho años y que los cargos eliminados no serán reemplazados. También indicó que los trabajadores con cargos sindicales vigentes o candidaturas deberán renunciar a esas funciones o postulaciones para inscribirse.

“Desde ATE desalentamos cualquier tipo de adhesión a este régimen extorsivo. Estos retiros son una estafa”, expresó Aguiar.

La movilización a la quinta de Olivos incluirá reclamos por la pérdida salarial, las paritarias por debajo de la inflación, los despidos, la falta de renovación de contratos y el cierre y vaciamiento de organismos públicos.

Cómo funcionan los retiros voluntarios que lanzó Milei

El Gobierno nacional aprobó un régimen de retiro voluntario para empleados de planta permanente de la Administración Pública Nacional centralizada y para trabajadores con contratos por tiempo indeterminado. La medida fue formalizada mediante el Decreto 1203/2026 y permitirá inscribirse del 1 al 30 de noviembre, con una eventual prórroga de hasta 30 días.

El programa contempla tres grupos:

Primer grupo: mujeres de 58 años o más y varones de 63 años o más que no cuenten con los aportes suficientes para acceder a la jubilación. En estos casos, podrán optar por una gratificación mensual equivalente al 60% de la remuneración bruta habitual.

Segundo grupo: mujeres de entre 58 y 64 años y varones de entre 63 y 64 años que acrediten al menos 30 años de aportes. Para estos trabajadores, se establece una gratificación única equivalente a una remuneración mensual bruta por cada año de antigüedad.

Tercer grupo: mujeres de hasta 57 años y varones de hasta 62 años. En este caso, la compensación será equivalente a una remuneración mensual por cada año de antigüedad, con un máximo de 20 remuneraciones.

Para quienes acrediten al menos 30 años de aportes, dentro de las edades previstas, se establece una compensación por antigüedad de hasta 18 remuneraciones, más cinco adicionales. Los trabajadores más jóvenes podrán percibir hasta 20 remuneraciones por antigüedad, más cuatro o cinco adicionales según sus años de permanencia en planta.

Las gratificaciones de hasta $20 millones se abonarán en un solo pago; las superiores se distribuirán en hasta tres cuotas. El gasto se cubrirá con los créditos presupuestarios vigentes de cada jurisdicción.

Quedan excluidos distintos sectores, entre ellos las Fuerzas Armadas y de seguridad, inteligencia y los cargos docentes. También se fijan impedimentos por situaciones judiciales, administrativas o previsionales. Quienes tengan un mandato gremial deberán renunciar a su condición de delegados para acceder.

Los cargos de los trabajadores que se retiren serán eliminados y no podrán cubrirse nuevamente. La norma, de acuerdo con la publicación, no precisa cuántos puestos se prevé suprimir.