El sindicato judicial que salió a blindar a la jueza de Lomas en el ojo de la tormenta
¿Hasta dónde llega la presión política contra una jueza que frenó una ley? El gremio judicial salió a denunciar una estrategia de disciplinamiento que pone en alerta a los tres poderes del Estado.
En plena escalada por la suspensión preventiva de la Ley de Régimen Penal Juvenil, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) de Lomas de Zamora emitió un contundente respaldo a la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2, cuestionada por sectores políticos y mediáticos que piden su juicio político.
El gremio local salió al cruce con un comunicado titulado “Solidaridad y apoyo a la jueza Marta Pascual: defensa de la independencia del Poder Judicial”, en el que expresó su “absoluta solidaridad y apoyo” a la magistrada lomense, a quien definió como una “referente de la Justicia y de la formación en Derecho”.
Según el texto difundido por la conducción sindical, en su fallo la jueza actuó “con objetividad, compromiso y respeto por las garantías constitucionales y los derechos humanos”, con el objetivo de prevenir la vulneración de derechos de adolescentes en situación de encierro.
Coincidencia con la Iglesia
La AJB Lomas también destacó que la resolución del juzgado coincide con el reciente diagnóstico de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social Argentina: el Estado no cuenta con la infraestructura, las condiciones materiales ni el presupuesto necesario para garantizar procesos reales de reinserción, salud mental y continuidad educativa en el fuero penal juvenil.
Alerta por disciplinamiento
Uno de los pasajes más fuertes del documento apunta contra las presiones hacia la magistrada. Desde el sindicato advirtieron que “resultan preocupantes las expresiones de funcionarios públicos sobre el desempeño de la magistrada y del Poder Judicial de nuestra provincia, ya que pueden inscribirse en una estrategia de disciplinamiento político que afecta la independencia judicial”.
Y agregaron: “Estos ataques deben poner en alerta a los tres poderes del Estado, porque la democracia se debilita cuando se trastocan la independencia y la división de poderes”.
Para cerrar, la representación de las y los trabajadores judiciales reafirmó que la función judicial implica velar por las garantías constitucionales y exigió al poder político “actuar con objetividad, prudencia y respeto por la Constitución, preservando la independencia judicial como pilar fundamental del Estado de Derecho”.
