El sistema de cobros ilegales que investigan en una comisaría de Iguazú

La Justicia investiga una presunta red de cobros y beneficios irregulares que habría funcionado durante meses en el sector de Resguardo de Detenidos de la Unidad Regional V de Puerto Iguazú. El caso, que ya tiene a dos policías detenidos, suma nuevas evidencias sobre un mecanismo que incluía el ingreso pago de celulares, visitas íntimas fuera de regla y hasta golpes a presos para que consiguieran dinero.

El expediente está en manos del Juzgado de Instrucción N.º 3 de Puerto Iguazú, a cargo del juez Martín Brites, y se originó a partir de la denuncia de un hombre que estuvo alojado en ese sector y que habría relatado malos tratos y otras irregularidades. A partir de esa presentación, la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de Misiones inició una investigación que terminó con la detención de dos suboficiales y el secuestro de sus teléfonos celulares.

Un sistema basado en pagos

Según la hipótesis que maneja la pesquisa, uno de los funcionarios habría usado su posición para habilitar situaciones prohibidas o que excedían las condiciones reglamentarias de alojamiento. El mecanismo tenía distintas modalidades y una de ellas estaba relacionada con los celulares.

Los aparatos eran entregados al efectivo por personas vinculadas con los internos y luego ingresaban al sector de alojamiento. Por cada teléfono se habría cobrado alrededor de $100.000, mientras que su permanencia y uso dentro de los pabellones generaba pagos semanales de aproximadamente $30.000. Los dispositivos no quedaban en poder de un mismo detenido: eran retirados y devueltos periódicamente para esquivar los controles. En un momento, la cantidad de aparatos habría llegado a unos diez teléfonos distribuidos entre los cuatro pabellones.

Visitas íntimas fuera del reglamento

Otro de los presuntos negocios investigados era el régimen de visitas. La acusación sostiene que se habrían autorizado visitas íntimas fuera de las condiciones reglamentarias a cambio de sumas de entre $50.000 y $70.000 por encuentro.

La investigación intenta establecer si el acceso a beneficios dentro del sector dependía de pagos previamente acordados y si esos fondos eran recibidos directamente por el personal involucrado o mediante transferencias hechas por familiares y allegados.

Golpes para conseguir dinero

La pesquisa incorpora además un capítulo más oscuro: la presunta utilización de otros internos para ejercer violencia contra detenidos. Según la hipótesis judicial, el efectivo investigado habría dado instrucciones a un grupo de presos para que golpearan a determinados compañeros de alojamiento.

El propósito habría sido forzar a esas personas a pedir dinero a sus familiares. Los allegados realizaban transferencias electrónicas y una parte de esos fondos habría ido a parar al funcionario. La Justicia busca determinar cómo se distribuía ese dinero, quiénes intervenían y cuál era el grado de participación de cada uno.

La investigación llegó hasta los teléfonos de los policías

Las medidas realizadas el miércoles 2 de septiembre incluyeron la detención del sargento Rafael A., de la Comisaría Segunda, y del agente Rodrigo A., del Comando Radioeléctrico de Iguazú. A ambos les secuestraron los celulares, cuyo análisis podría aportar información sobre comunicaciones, transferencias y contactos con internos o familiares.

Los dos policías fueron apartados de la fuerza y permanecen a disposición del juez Brites. La causa investiga, de manera provisoria, los delitos de cohecho pasivo, apremios ilegales a presos, extorsión y encubrimiento agravado por la calidad de funcionario público, en concurso real.

Los hechos analizados habrían ocurrido entre enero y junio de 2026, aunque el avance de la causa apunta a establecer si el mecanismo duró más, si participaron otros efectivos o internos y cuál fue el monto total que circuló por estas maniobras.