El sistema que cambió la respuesta judicial en San Juan: cifras récord a 9 años de su creación

El Sistema Especial de Flagrancia de San Juan celebró su noveno aniversario con números que sorprenden: 12.354 hechos y 15.759 imputados desde su puesta en marcha. Un balance que lo consolida como una herramienta clave en la lucha contra el delito.

El 9 de agosto de 2017 marcó un antes y un después en la Justicia provincial. Aquel día, la Corte de Justicia, el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo unieron esfuerzos para crear un mecanismo de respuesta rápida ante delitos flagrantes. Nueve años después, el sistema no solo sigue vigente, sino que muestra un crecimiento sostenido.

Las estadísticas oficiales, actualizadas hasta el 31 de julio de 2026, revelan que durante 2025 se registró el pico anual de actividad con 2.171 hechos. Y la tendencia continúa: en los primeros siete meses de 2026, la UFI Flagrancia ya contabilizó 1.059 hechos y 1.235 personas imputadas.

¿Qué delitos dominan la estadística?

El hurto encabeza la lista de casos ingresados en 2026, con 321 hechos, seguido de cerca por el robo, con 310. La violencia de género ocupa el tercer lugar con 83 casos, mientras que las lesiones suman 66 y los daños, 64.

La tendencia se mantiene al analizar el período 2020-2026: el robo concentró 2.966 imputados, el hurto 2.531 y la violencia de género 1.871. Otras categorías relevantes incluyen daño agravado (533), incumplimiento de orden judicial (474) y tenencia de armas de fuego (439).

¿Cómo funciona este sistema?

El mecanismo se activa cuando una persona es detenida en el momento de cometer un delito, o inmediatamente después, ya sea perseguida por la fuerza pública, la víctima o el clamor popular, o cuando se la encuentra con objetos que la vinculan al hecho.

El régimen abarca delitos dolosos con penas de hasta 20 años de prisión. Ante una aprehensión, la Policía debe notificar al fiscal de turno y poner al detenido a disposición de la Justicia. Los ayudantes fiscales intervienen en distintas zonas de la provincia para coordinar las primeras actuaciones.

La inmediatez es la clave: los equipos fiscales pueden trasladarse al lugar, entrevistar a víctimas y testigos, y asegurar pruebas respetando la cadena de custodia. El proceso debe iniciarse dentro de las primeras 48 horas, y el juicio no debería superar los diez días hábiles.

Rapidez con garantías

Desde el sistema remarcan que la velocidad no sacrifica las garantías judiciales. La investigación, la defensa y el control judicial se concentran en un período breve, pero sin dejar de lado los derechos de las partes.

Las víctimas reciben un acompañamiento especial: los fiscales les explican cómo seguirá el proceso, los plazos y cómo recuperar sus pertenencias. Al finalizar, se les comunica el resultado y la decisión del juez.

El sistema excluye a menores de 18 años. Si un hecho involucra a un adulto y a un menor, el procedimiento de Flagrancia se aplica solo al mayor.

Con 7.683 condenas en nueve años, el sistema se consolida como una respuesta en tiempo real. En 2026, hasta julio, se realizaron 1.554 audiencias y no se registraron causas archivadas. Un modelo que acerca la Justicia al momento del delito.