El STJ de La Pampa se salvó de la investigación: solo un bloque pidió que se revisaran las pruebas

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de La Pampa rechazó in limine las dos denuncias que apuntaban contra cuatro integrantes del Superior Tribunal de Justicia. La decisión se tomó este lunes en la reunión de la Sala Acusadora, sin que se llegaran a analizar las pruebas aportadas por los denunciantes.

Las presentaciones habían ingresado el jueves pasado y apuntaban a Roberto José Sappa, Hugo Díaz, Fabricio Losi y Verónica Campo. El único bloque que intentó frenar el rechazo fue Comunidad Organizada, que presentó por escrito los votos de su diputado Maximiliano Aliaga, ausente por un impedimento de salud que ya lo había marginado de la sesión anterior.

Qué decían las denuncias

Una de las presentaciones la hizo una ciudadana que litiga desde hace 27 años y que apuntó contra el accionar del juez José Sappa por supuestas incoherencias en los resolutivos de la causa.

La otra denuncia la firmó un abogado y pidió el enjuiciamiento político de Díaz, Losi y Campo. El argumento: los tres habrían cubierto de manera indebida a personas que ocupaban cargos judiciales como sustitutos y que, al no poder ser sometidas al Jurado de Enjuiciamiento que prevé la Constitución, dejaban la responsabilidad en manos de los miembros del máximo tribunal.

El descargo de Comunidad Organizada

La presidenta del bloque, Sandra Fonseca, fue la encargada de llevar los votos por escrito de Aliaga. En ellos se sostiene que el rechazo in limine es improcedente porque la Constitución exige como primer paso recabar los datos y elementos probatorios que aporten los denunciantes.

"No se puede rechazar una denuncia sin siquiera conocer las pruebas que existen", plantearon desde el bloque.

El segundo argumento se apoya en el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, que el propio Superior Tribunal de Justicia declaró aplicable en el Poder Judicial pampeano en 2016. Ese texto establece que "el Juez debe estar dispuesto a responder voluntariamente por sus acciones y/u omisiones" y que debe tener "una actitud positiva hacia los sistemas de evaluación de su desempeño".

Para Comunidad Organizada, esa disposición choca con una interpretación restrictiva que impida investigar a los integrantes del STJ. Sostienen que los jueces deberían explicar su accionar, no solo ante los diputados sino ante el procedimiento que marca la Constitución.

El comunicado cierra con una advertencia: no avanzar con la investigación equivale a "casi un encubrimiento político" de los integrantes del máximo órgano judicial de la provincia, lo que a su criterio profundiza la pérdida de credibilidad en las instituciones pampeanas.