El STJ suspendió los juicios por jurados civiles en Chaco y hay un dato que nadie esperaba
El máximo tribunal chaqueño frenó una ley que ya tiene casi seis años y que, en otras causas, ya demostró que se puede aplicar. Lo que está en juego toca de cerca a cientos de familias chaqueñas, y el argumento que usó la mayoría no es el que muchos esperaban.
La Asociación Argentina de Juicio por Jurados salió a cuestionar con dureza la decisión del Superior Tribunal de Justicia del Chaco que, en un fallo dividido 3 a 2, resolvió que la Ley de Juicios por Jurados civiles —vigente desde marzo de 2021— "siga sin implementarse por el momento", pese al pedido de abogados y juezas para que sus causas se resolvieran en juicio oral, público y con jurados, tal como establece la norma.
La Resolución Nº 830/2026 del STJ chaqueño tuvo origen en presentaciones de los Juzgados Civil y Comercial Nº1 y Nº4 de Resistencia, que pidieron aplicar el sistema en causas de responsabilidad civil extracontractual.
Los votos que definieron la suspensión
Los jueces Modi, Grillo y Varela votaron por denegar el pedido. En disidencia, Emilia María Valle y Víctor Emilio Del Río se pronunciaron a favor de aplicar el jurado en los casos presentados y reclamaron avanzar con la implementación efectiva del instituto en materia civil y comercial.
El propio fallo reconoce que los casos encuadran en los presupuestos de los artículos 3 y 4 de la Ley 3325-B, aunque la mayoría consideró que no cumplían los restantes parámetros de selección del artículo 64 y que no estaban dadas las condiciones para poner en marcha el sistema.
El argumento de la disidencia
Valle y Del Río sostuvieron que los expedientes reúnen las condiciones para ser seleccionados y tramitados con jurados, y que hoy existen condiciones para una implementación progresiva. Uno de los ejes centrales de su voto fue la relevancia social de los casos, vinculados a siniestros viales con consecuencias fatales.
El voto recuerda que, según el Informe de Siniestralidad Vial 2025 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Chaco registró ese año 185 víctimas fatales y se ubicó tercero a nivel nacional entre las provincias con mayor tasa de mortalidad por siniestros viales. Para los ministros, esa incidencia social, su reiteración y su proyección sobre casos similares configuran la relevancia que exige el artículo 64.
Una ley que espera desde 2020
La Asociación Argentina de Juicio por Jurados lamentó lo que calificó como una "histórica oportunidad perdida": la sanción de la Ley 3325-B en diciembre de 2020 despertó interés internacional en el mundo jurídico y académico de países con larga tradición juradista como Japón, Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y Australia. La norma chaqueña motivó trabajos académicos en varios idiomas y estuvo presente en congresos y simposios, entre ellos el organizado junto a ABOTA en el Colegio de Abogados de la Capital Federal en 2025. También inspiró a otras provincias: Santa Fe reformó en 2025 su Constitución e incorporó el jurado clásico en materia civil y fueros no penales.
Chaco puso en marcha el jurado penal en todo su territorio y fue la primera provincia argentina, y de un país del civil law junto a Japón en los años 70, en sancionar una ley de jurados civiles y comerciales. También impulsó el primer jurado intercultural de doce jurados indígenas para delitos y casos civiles que afecten a los Pueblos Qom, Wichí y Moqoit.
La experiencia penal que la disidencia reivindica
Para la Asociación, a casi seis años de la sanción, la postergación ya no tiene excusa: "los criterios previstos para ordenar la gradualidad no pueden operar, en los hechos, como obstáculos permanentes que impidan que el instituto comience a funcionar". Sostiene además que el STJCH "carece de legitimación para erigirse en un súper legislador para suspender una ley".
La disidencia rechazó que razones presupuestarias u organizativas frenen la implementación y recuperó la experiencia chaqueña: el sistema ya realizó 99 juicios por jurados y representa apenas el 0,15 % del presupuesto total del Poder Judicial. Las seis Circunscripciones Judiciales cuentan con espacios para debates con jurados, funciona una Oficina Judicial Central especializada y existen delegaciones territoriales, lista oficial anual de jurados y operadores con experiencia. El jurado penal arrancó en 2019 en una sola circunscripción y llegó a todo el territorio en 2023.
Valle y Del Río concluyeron que los casos reúnen los presupuestos legales y los criterios de selección, y afirmaron que "ese proceso debe comenzar ahora". Desde la Asociación valoraron ese voto como "un llamado concreto a hacer efectiva la ley" e instaron a adoptar las medidas para iniciar su implementación.
