El STJ ya definió su presupuesto 2027 y General Pico queda primero en la fila de obras

El Superior Tribunal de Justicia de La Pampa aprobó su proyecto de Presupuesto de Gastos e Inversiones para el ejercicio 2027 y lo giró a la Cámara de Diputados para su tratamiento, con copia informativa al Poder Ejecutivo. La partida principal supera los 18.204 millones de pesos y el documento incluye dos ejes que tocan de cerca al norte pampeano: la construcción de un nuevo edificio judicial en General Pico y la creación de 190 cargos en las cuatro circunscripciones.

El Acuerdo ACUST-2026-22-E-JUSPAMPA-STJLP quedó rubricado en Santa Rosa por el presidente del cuerpo, Hugo Oscar Díaz, la ministra María Verónica Campo y los ministros Fabricio Ildebrando Losi, José Roberto Sappa y Eduardo Daniel Fernández Mendía.

Los magistrados justificaron el cálculo en “los recursos mínimos indispensables para garantizar la prestación eficaz y continua del servicio de justicia” y dejaron asentado un reclamo de larga data: varias de las necesidades que figuran en el proyecto ya se habían pedido en ejercicios anteriores y siguen sin respuesta.

General Pico, en el primer lugar de la lista

El plan de obras que el STJ le reclama al Ministerio de Obras y Servicios Públicos provincial tiene un orden de prioridades explícito. El puesto número uno lo ocupa la construcción del “Nuevo edificio Judicial de la ciudad de General Pico”.

La ciudad cabecera de la Segunda Circunscripción aparece otras dos veces en el listado de diez intervenciones. En el sexto lugar se pide pintura exterior, reparación de filtraciones de humedad en el subsuelo y obras complementarias para los tribunales locales. En el décimo, el reordenamiento del espacio destinado al estacionamiento del edificio.

El resto del plan provincial abarca refacciones integrales y un estudio de factibilidad para instalar paneles solares en el Centro Judicial de Santa Rosa, la ampliación y pintura de la sede del STJ, la remodelación del edificio del Tribunal Electoral y del Consejo de la Magistratura, un nuevo edificio judicial para 25 de Mayo, un ascensor en los tribunales de Victorica y la refacción del Juzgado de Paz de Chacharramendi.

Los 190 cargos y el detalle para la zona

En recursos humanos, el Poder Judicial pidió incorporar y jerarquizar 190 cargos y categorías repartidos entre organismos jurisdiccionales y administrativos de toda la provincia. Para la Segunda Circunscripción, con cabecera en General Pico, el desglose es el siguiente:

Oficina de Gestión Judicial de Familia, Niñas, Niños y Adolescentes: un Secretario de Primera Instancia, una categoría de Prosecretario, un Oficial Superior de Primera, un Oficial Superior de Segunda y cuatro Escribientes, todos destinados a fortalecer e integrar una nueva unidad.

Oficina de Gestión Común para los Juzgados Laborales: una categoría de Prosecretario, un Jefe de Despacho y un Escribiente.

Juzgados en lo Civil, Comercial y Minería: un Escribiente para el Juzgado N° 1 y dos categorías de Oficial Superior de Segunda para los Juzgados N° 1 y N° 3, con el objetivo de equiparar estructuras en el fuero.

Fuero Penal: dos Jefes de Despacho para el Juzgado de Ejecución Penal y otros dos para la Oficina Judicial Penal.

Áreas técnicas, administrativas y de servicios: tres Jefes de Despacho y tres Jefes de Departamento para la Oficina Forense local; un Escribiente para la Oficina de Mediación; un Oficial Superior de Segunda para la Oficina Contable; y un Auxiliar Técnico para la Secretaría de Seguridad.

Lo que se pide para el resto de la provincia

El documento también contempla un equipo completo para poner en marcha el Juzgado de Familia, Niñas, Niños y Adolescentes de la Cuarta Circunscripción: un Juez, un Secretario, un Prosecretario, un Jefe de Despacho y tres Escribientes.

Suma diez cargos de Jefe de Departamento para los Equipos Técnicos multidisciplinarios y 17 categorías de Jefe de Despacho para retener al personal con formación tecnológica de la Secretaría de Sistemas y Organización, en un contexto de competencia con el mercado laboral privado.

Además, se solicitan cinco Escribientes para los Juzgados de Paz de Carro Quemado, Colonia Santa Teresa, Limay Mahuida, Luan Toro y Puelén, que hoy funcionan solo con su titular. El proyecto prevé el ingreso de personal bajo los cupos de discapacidad (Ley 2226) y de inserción laboral travesti, transexual y transgénero (Ley 3320).

Para cumplir con el Acuerdo Paritario N° 1 se pidió la asignación temporal de 91 categorías para la Rama Administrativa y 22 para Maestranza y Servicios, lo que permitiría recategorizar a 272 agentes judiciales sin engrosar de forma permanente la planta. También se reiteró la bonificación especial del 10% para Oficiales Notificadores y Oficiales de Justicia por la exposición a riesgo físico y psíquico.

Los números finos del presupuesto

Sin contar la partida salarial, que calcula el Poder Ejecutivo, los créditos para gastos corrientes y de capital de la Unidad de Organización del STJ llegan a $18.204.900.000. Los rubros operativos más pesados son electricidad, agua y gas ($2.365.000.000), limpieza de edificios judiciales ($1.984.700.000), alquileres de inmuebles ($1.295.500.000), pasantías para 61 estudiantes de la UNLPam ($628.700.000) y honorarios de mediación ($604.200.000).

En inversiones de capital y equipamiento, que suman más de 3.711 millones de pesos entre ambas partidas, la prioridad pasa por sostener la digitalización de expedientes (sistemas SIGELP, SIGE y GDE) y la ciberseguridad. El plan incluye más de 300 computadoras para reemplazar equipos obsoletos y cubrir nuevos puestos, la actualización de servidores, redes y sistemas de respaldo, el mantenimiento de salas de audiencias y Cámaras Gesell, y una nueva central telefónica en Santa Rosa. También se presupuestaron 12 vehículos para renovar el parque automotor oficial y bajar los costos de taller.

Por último, el documento incorpora las previsiones de los organismos que funcionan dentro de la órbita judicial: el Tribunal Electoral proyectó $1.874.209.300, el Consejo de la Magistratura $79.000.000 y el Jurado de Enjuiciamiento $10.000.000, a lo que se suma el presupuesto propio del Ministerio Público.