El "subcomisario Gutiérrez" llamaba desde la cárcel: la trama de las 20.000 llamadas que estafaban jubilados

Una banda que operaba desde cárceles bonaerenses habría realizado cerca de 20.000 llamadas extorsivas entre marzo y octubre, con jubilados y pensionados de todo el país como principales objetivos. La investigación, que comenzó en julio a partir de dos hechos ocurridos en Mar del Plata, reveló una estructura que combinaba identidades falsas, emergencias familiares simuladas y colaboradores fuera de los penales para concretar robos cuando el engaño telefónico no funcionaba.

El fiscal Mariano Moyano, titular de la Unidad Funcional Temática de Instrucción y Juicio de Robos Calificados de Mar del Plata, detalló el funcionamiento de la organización en una entrevista con Infobae al Mediodía. La pesquisa permitió detectar conexiones en distintas provincias y dimensionar el alcance de una maniobra que, según los registros telefónicos, se extendió durante meses.

Dos formas de engañar

Los investigadores identificaron dos modalidades principales. En una, los delincuentes se hacían pasar por policías y advertían que un familiar de la víctima había atropellado a una mujer embarazada en un accidente de tránsito. En la otra, simulaban un operativo para cambiar dólares vinculado con un anuncio presidencial.

En uno de los casos, los sospechosos le exigieron $16 millones a una mujer con la excusa de que su hijo había provocado el supuesto accidente. Para dar credibilidad al relato, uno de los involucrados fingió ser el familiar y otro se presentó como fiscal.

"Le requerían la entrega de 16 millones de pesos y la obligaron no solamente a tener el teléfono fijo, sino también a que les dé el número de celular", explicó Moyano. La comunicación se extendió por 33 minutos.

Según la reconstrucción judicial, el engaño podía escalar a un asalto presencial: cinco hombres llegaron en un vehículo al domicilio de la víctima, cuatro ingresaron a la vivienda, la redujeron y se llevaron dinero y otros bienes.

Las escuchas incorporadas a la causa muestran cómo los sospechosos intercambiaban roles para mantener la presión. En una de las comunicaciones, un hombre se presentó como el "subcomisario Gutiérrez" y le pasó el teléfono a un cómplice que simulaba ser un familiar.

Cuando la extorsión telefónica no daba resultado, la organización podía recurrir a colaboradores que actuaban fuera de los establecimientos penitenciarios.

Planillas con datos de jubilados de todo el país

Uno de los hallazgos centrales fue el uso de planillas de Excel con nombres y números telefónicos de potenciales víctimas, seleccionadas principalmente entre jubilados y pensionados.

"Estas planillas de Excel dan cuenta de que las personas seleccionadas resultaban ser jubilados y pensionados en todo el país", afirmó el fiscal.

Los contactos estaban organizados por localidades. Según Moyano, en una jornada los integrantes de la banda llegaron a realizar 120 llamados dirigidos a Mar del Plata. También se registraron comunicaciones con personas de Rosario, Paraná, Neuquén, Bariloche, Río Gallegos y Ushuaia.

El análisis de las líneas telefónicas permitió dimensionar la maniobra. Una empresa prestadora informó sobre 5.400 llamadas asociadas a uno de los números investigados, cuyos registros activaban una antena ubicada en Lisandro Olmos, donde funciona un complejo penitenciario bonaerense.

Otra línea acumuló más de 5.000 comunicaciones en un período de 30 días. A partir de esos registros, los investigadores estimaron que la banda habría realizado cerca de 20.000 llamadas entre marzo y octubre.

Además, detectaron el uso de 11 tarjetas SIM intercambiadas en un mismo teléfono. La actividad se concentraba, según los datos expuestos durante el programa, de lunes a sábado, entre las 9 y las 17.

Quiénes están bajo investigación

La pesquisa identificó como presunto jefe de la organización a Hugo "el Gitano" Miguel, de 62 años, detenido en la cárcel de Olmos y condenado a prisión perpetua por homicidio. También quedaron bajo investigación Franco Isaías Miguel, Jonathan Ezequiel Villalba, Alejandro Demetrio Rosales y Joel Hugo Aguirre.

Los allanamientos se realizaron el 22 de octubre y permitieron secuestrar ocho teléfonos celulares en pabellones carcelarios.

Ahora, la fiscalía busca reconstruir el recorrido del dinero obtenido mediante las estafas y los robos, establecer cómo se distribuían los fondos e identificar a los colaboradores que operaban fuera de los penales.

La hipótesis judicial contempla que terceros recibían transferencias o ejecutaban robos cuando las maniobras telefónicas no prosperaban. Esa posible participación todavía debe esclarecerse.

Moyano también señaló que llamó la atención de los investigadores la ausencia de otras voces en algunas escuchas de comunicaciones que, según indicó, se realizaban desde pabellones y celdas. No obstante, evitó sacar conclusiones sobre una eventual complicidad dentro del Servicio Penitenciario y sostuvo que ese aspecto requiere profundizar la investigación.