El tasador que propuso Cristina Kirchner tiene un historial con los alquileres de Báez
La defensa de Cristina Kirchner lo propuso para tasar los bienes del decomiso. Pero los registros de Santa Cruz muestran que su inmobiliaria ya había cobrado alquileres de edificios de Báez, y el fiscal Luciani encendió la alarma.
La pulseada por el decomiso de bienes en la causa Vialidad sumó un protagonista que conoce el mercado inmobiliario de Río Gallegos como pocos. Se trata de Sergio Felipe Pejkovic, el perito de parte que la defensa de Cristina Kirchner propuso para valuar propiedades de la familia y cuyo nombre encendió una advertencia del fiscal Diego Luciani.
El Tribunal Oral Federal 2 tuvo presente la designación para que Pejkovic trabaje junto al cuerpo de tasadores de la Corte Suprema. Su tarea abarca 20 inmuebles: 19 ligados a Máximo y Florencia Kirchner y uno de la expresidenta. El decomiso completo involucra 111 bienes y apunta a recuperar cerca de $685.000 millones.
Una firma con historia en Santa Cruz
Los papeles provinciales explican por qué el nombre de Pejkovic aparece en el centro de la escena. El Boletín Oficial de Santa Cruz registra que Patagonia Propiedades S.A. nació en 2004 con él como presidente. El objeto social de la compañía incluía compra, venta, alquiler y administración de inmuebles urbanos y rurales.
La firma también operó como administradora y representante de propietarios. En 2006, la Provincia reconoció y autorizó el pago de alquileres adeudados por un edificio de Río Gallegos que Patagonia administraba para un particular. Ese inmueble estaba ocupado por la Secretaría de Estado de Derechos Humanos.
Más adelante, Pejkovic figuró como representante de propietarios en contratos de alquiler con el Consejo Provincial de Educación. En uno de esos documentos, por un edificio usado por el sistema educativo en Puerto San Julián, los registros oficiales lo identificaron como presidente de Patagonia Propiedades.
Hay un matiz que los propios papeles introducen: la documentación societaria publicada en 2015 consignó que el presidente de la empresa para el período 2013-2016 era Esteban Pejkovic. Los registros permiten reconstruir el rol histórico de Sergio en la firma, pero no alcanzan para determinar quién la preside hoy ni cómo se reparte el capital accionario.
El hilo que lleva a los inmuebles de Báez
El vínculo entre Patagonia Propiedades y las propiedades de Lázaro Báez no es nuevo. En 2017, Clarín informó que Luciana Báez había autorizado a la inmobiliaria a cobrar los alquileres de un edificio de 14 departamentos en Errázuriz 256, en Río Gallegos.
La presentación de Luciani suma otros dos elementos. Según el fiscal, Pejkovic le vendió en 2007 a Austral Construcciones un inmueble de Río Gallegos y el 29 de septiembre de este año mantuvo una comunicación con Cristian Sebastián Ibáñez, señalado en la investigación como operador de Báez.
De acuerdo con el planteo difundido, Ibáñez preguntó quién administraba y cobraba los alquileres de departamentos de Báez en un edificio de Zapiola al 55. Luciani sostuvo que en esa conversación Pejkovic identificó la unidad del empresario y mencionó documentación presentada ante Gendarmería. También indicó que el encargado del edificio le habría contado a Ibáñez que las unidades habían estado antes bajo la órbita de "Patagonia".
Qué pidió el fiscal y qué queda por definir
Con esos antecedentes, Luciani advirtió un posible conflicto de intereses: sostuvo que Pejkovic habría administrado inmuebles de Báez, le habría vendido un bien a Austral Construcciones y mantendría contacto con Ibáñez por el cobro de alquileres. Además, remarcó que fue propuesto por una condenada que responde solidariamente con Báez por el decomiso.
El fiscal reclamó al TOF 2 que considere esos vínculos y tome medidas para preservar la objetividad de la tasación. Hasta el momento no hay confirmación de que el tribunal haya apartado al perito ni de que haya declarado probado un conflicto. La advertencia de Luciani tampoco equivale a una imputación penal contra Pejkovic.
La causa por lavado que tramita en Río Gallegos es un expediente distinto del proceso de Vialidad. La Fiscalía Federal informó que imputó a Báez y a personas de su entorno por presuntamente administrar y explotar bienes alcanzados por medidas judiciales. El cruce entre ambas causas asoma en la información que Luciani incorporó a su planteo sobre el tasador y la valuación de los bienes.