El teléfono fijo del penal de Ezeiza que puso a Lázaro Báez en el centro de la escena

La Fiscalía Federal presentó en Río Gallegos un entramado de escuchas, cuadernos y movimientos bancarios que, según su hipótesis, vincula al entorno de Lázaro Báez con la explotación de campos, alquileres e inmuebles que están bajo medidas judiciales. Doce personas quedaron imputadas en dos expedientes que se cruzan: uno por presunto narcotráfico y otro por lavado de activos.

El eje de la trama es un teléfono fijo del penal de Ezeiza. Desde esa línea, siempre según la acusación, Báez habría dado instrucciones para administrar propiedades y reclamar ingresos, pese a que cumple condena de prisión y a que buena parte de su patrimonio está alcanzado por embargos, decomisos u otras medidas.

El punto de partida no fue Báez

La pesquisa no arrancó con una escucha al empresario. El disparador fue una causa por presunto narcotráfico en la que se analizaba el teléfono de Cristian Sebastián Ibáñez, alias "Budín". Al revisar esas comunicaciones, los investigadores detectaron contactos con Báez desde la cárcel y una posible conexión entre el movimiento de drogas y la administración de bienes ligados al empresario.

Una de las llamadas habría tratado sobre un alquiler. En otra, según la reconstrucción difundida a partir de elementos del expediente, Báez le habría indicado a Ibáñez: "Andá y sacá plata de Gregores". Para la Fiscalía, esos diálogos son señales de que el empresario conservaba capacidad de decisión sobre propiedades y fondos mientras estaba detenido.

Los cuadernos y el circuito del dinero

El allanamiento de la celda de Báez en Ezeiza sumó otro elemento. Allí, según trascendió, los investigadores encontraron un cuaderno con anotaciones sobre dinero, alquileres, campos y rentas de galpones y departamentos. También se habría secuestrado una hoja titulada "El Clan", con nombres que coincidirían con varios de los investigados.

A Claudia Insaurralde, pareja de Báez, se le atribuye otro cuaderno con apuntes sobre fechas de cobros, quién entregaba el dinero y a quiénes había que reclamar pagos. La Fiscalía sostiene que Insaurralde e Ibáñez integraban un círculo de confianza que habría intervenido en la gestión cotidiana de esos bienes.

Los informes bancarios incorporados a la causa registraron 677 operaciones entre el 1 de diciembre de 2025 y el 7 de agosto de 2026 en cuentas vinculadas a Ibáñez y a otro imputado, Jorge Manuel Ulloa. De ese total, 662 movimientos aparecen acreditados por $380.620.089. La estimación fiscal del flujo total investigado ronda los $390,8 millones.

La cifra corresponde a movimientos bajo análisis en cuentas de personas investigadas: no equivale por sí sola a una ganancia personal atribuida a Báez ni a dinero recuperado por la Justicia. Entre las maniobras que examina la acusación figuran transferencias fraccionadas, giros entre cuentas de terceros y movimientos circulares. También se habría detectado una secuencia de siete transferencias por casi $7 millones concretada en poco más de cuatro minutos y seis envíos a Insaurralde por un total de $5,1 millones.

El patrimonio bajo la lupa incluye las estancias Alquinta, La Entrerriana y Cruz Aike, inmuebles en Río Gallegos y El Calafate, unidades de un edificio de la calle Zapiola y las firmas Austral Agro y Kank y Costilla. La investigación también analiza alquileres, un Ford Mondeo secuestrado y un supuesto acuerdo por $250 millones para disponer de dos galpones.

La situación judicial de esos activos no es idéntica: algunos están alcanzados por pedidos de decomiso, otros por embargos o depósitos judiciales, y en ciertos casos la titularidad ya habría sido transferida. La hipótesis fiscal es que una estructura de personas habría mantenido parte de ese patrimonio en actividad y derivado sus ingresos fuera del control judicial.

El nexo con la causa por narcotráfico

La otra línea busca establecer si una organización trasladaba cocaína en camiones de una empresa de transporte, al menos desde diciembre de 2025. Un lavadero de autos de Río Gallegos aparece señalado como posible punto de distribución, aunque ese papel todavía debe probarse.

Ibáñez sería el enlace entre ambas investigaciones: los pesquisas lo ubican bajo sospecha tanto por su presunta participación en la trama narco como por su relación con la administración de bienes. Entre los indicios mencionados aparecen un Ford Mondeo registrado a nombre de Báez, una referencia a maquinaria "del tío Lázaro" en Corrientes y un camión Scania secuestrado en septiembre en el puesto de Güer Aike con documentación presuntamente apócrifa.

Otra escucha, surgida de una investigación por drogas, habría mencionado el secuestro de 60 kilos de cocaína en Comodoro Rivadavia. Los investigadores buscan determinar qué sabía Ibáñez sobre ese cargamento y si existió una conexión con la estructura bajo análisis en Santa Cruz. La eventual relación entre esas maniobras y Báez forma parte de la hipótesis investigativa; no es una responsabilidad establecida por una sentencia.

Doce imputados y una investigación abierta

El jueves 12 de noviembre, el fiscal federal Julio Zárate formalizó las acusaciones ante el juez federal de garantías Claudio Vázquez. Las audiencias se dividieron en dos tramos —uno por la pesquisa de narcotráfico y otro por lavado de activos— y se extendieron hasta después de las 16.30. Báez e Insaurralde participaron por videoconferencia.

Al cierre de la jornada, doce personas quedaron formalizadas: nueve vinculadas a Santa Cruz y tres a Buenos Aires. Las calificaciones provisionales incluyen, según la línea investigada, narcotráfico, lavado de activos agravado, asociación ilícita, insolvencia fraudulenta y defraudación.

Báez cumple una pena unificada de 15 años por las condenas en las causas Ruta del Dinero K y Vialidad. La nueva investigación es un expediente distinto: busca establecer si, desde la cárcel, habría mantenido el control de bienes y fondos mediante terceros y si algunos de esos recursos se conectaron con economías criminales.

La formalización de cargos no equivale a una condena. Ahora la Justicia deberá analizar las escuchas, los cuadernos, los registros bancarios y el material secuestrado para determinar qué papel tuvo cada imputado y si la trama que describe la Fiscalía puede sostenerse con pruebas.