El temor que frena a los policías bonaerenses a la hora de pedir ayuda
La iniciativa busca que un policía bonaerense pueda pedir asistencia psicológica sin autorización de sus jefes y sin que eso le cueste la carrera. La resistencia que el propio proyecto reconoce dentro de la fuerza es la que hoy frena las consultas.
Un proyecto de ley que desembarcó en la Legislatura bonaerense pone el foco en algo que hasta ahora quedaba puertas adentro de la fuerza: la salud mental de los efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La iniciativa, impulsada por el senador del PRO Pablo Petrecca, apunta a crear un Régimen Provincial de Prevención, Atención y Seguimiento de la Salud Mental del Personal Policial.
La propuesta busca reforzar la asistencia psicológica dentro de la fuerza, detectar a tiempo las situaciones críticas y acompañar a los agentes que atraviesen problemas emocionales. El texto llegó al recinto en un momento en que el bienestar del personal policial empezó a ganar terreno en la agenda legislativa.
El miedo que silencia las consultas
Uno de los puntos más sensibles del proyecto tiene que ver con las trabas que hoy desalientan a los uniformados a pedir ayuda. Según la iniciativa, los efectivos podrán solicitar asistencia psicológica sin necesidad de contar con la autorización previa de sus superiores jerárquicos, a través de los mecanismos que defina el Ministerio de Seguridad bonaerense, que conduce Javier Alonso.
Además, el texto establece que recurrir a un profesional o iniciar un tratamiento de salud mental no podrá convertirse en un antecedente negativo para la carrera policial ni servir de justificación para sanciones disciplinarias.
Para Petrecca, el temor a las consecuencias laborales es una barrera concreta: puede postergar las consultas y demorar la búsqueda de ayuda. El legislador sostuvo que la percepción de que pedir asistencia perjudica el desarrollo profesional dentro de la fuerza es justamente lo que hay que desterrar.
Protocolos para los días más duros
El régimen propuesto también contempla protocolos específicos para intervenir cuando ocurren hechos traumáticos durante el servicio. Entre los escenarios previstos aparecen los procedimientos con víctimas fatales, los incidentes con armas de fuego, los episodios de violencia extrema y los operativos con múltiples víctimas.
A eso se suman estrategias permanentes de prevención del suicidio, detección de consumos problemáticos y atención de crisis. El proyecto prevé, además, mecanismos de seguimiento para que la asistencia no se interrumpa una vez superada la emergencia inicial.
En los fundamentos, Petrecca advirtió sobre el desgaste que genera la exposición cotidiana de los efectivos a episodios de violencia, amenazas, accidentes y fallecimientos. Según explicó, esas circunstancias forman parte de las exigencias habituales de la actividad policial y pueden afectar la salud psíquica de quienes integran la institución.
Diagnóstico no es sinónimo de baja
Otro de los aspectos centrales de la iniciativa es que un diagnóstico de salud mental o el antecedente de un tratamiento psicológico no determinarán automáticamente la pérdida de aptitud para cumplir tareas policiales. Esa evaluación seguirá en manos de las Juntas Médicas correspondientes.
Para los efectivos que deban atravesar un proceso de recuperación, el proyecto abre la puerta a reincorporaciones progresivas y a adecuaciones temporales de sus funciones, siempre que exista una recomendación profesional y que la medida resulte compatible con las necesidades del servicio.
Privacidad y formación
La privacidad de los agentes es otro de los ejes. El texto busca garantizar la confidencialidad de los diagnósticos, los tratamientos y los antecedentes sanitarios, con restricciones a la circulación de esa información entre los mandos policiales y los organismos administrativos.
En paralelo, propone incorporar contenidos sobre primeros auxilios psicológicos, prevención del suicidio, identificación de señales de alarma y asistencia ante crisis en los programas de formación y capacitación de la fuerza.
Para instrumentar estas políticas, el Ministerio de Seguridad deberá coordinar acciones con la cartera de Salud provincial, hospitales públicos, universidades y organismos especializados. La iniciativa no prevé crear nuevas estructuras administrativas: apunta a integrar y aprovechar los dispositivos de atención que ya existen. El financiamiento saldría de las partidas que el Presupuesto bonaerense destina cada año al área de Seguridad.
Por último, el proyecto obliga al Ministerio de Seguridad a presentar un informe anual ante las comisiones correspondientes de ambas cámaras legislativas, con detalles sobre las acciones preventivas, las intervenciones realizadas y los resultados obtenidos.
Al explicar el sentido de la propuesta, Petrecca remarcó que pedir ayuda no debe interpretarse como una señal de debilidad y que los integrantes de la fuerza necesitan respuestas institucionales adecuadas para afrontar situaciones de alto impacto emocional y sostener sus procesos de recuperación.
