El "Tío" manejaba su imperio desde la celda: la hoja que lo delató
Policiales · Santa Cruz

El "Tío" manejaba su imperio desde la celda: la hoja que lo delató

Lázaro Báez cumplía condena en Ezeiza, pero desde su celda seguía dando órdenes para manejar los bienes que la Justicia le había embargado. Una hoja escrita de su puño y letra, titulada "EL CLAN", terminó de complicarlo. ¿Qué decía ese papel?

La Justicia Federal de Río Gallegos acaba de desnudar una trama que parecía imposible: Lázaro Báez, preso en Ezeiza por la Ruta del Dinero K, seguía impartiendo órdenes para administrar los bienes que el Estado le había embargado. La investigación, caratulada como asociación ilícita, quedó a cargo del juez Claudio Marcelo Vázquez y del fiscal Julio Zárate.

Todo comenzó con una pesquisa sobre camiones que llevaban cocaína hacia el sur. Con el correr de los meses, los investigadores de la PROCELAC y el fiscal Diego Velasco descubrieron que los sospechosos no solo blanqueaban dinero de la droga: también manejaban estancias, inmuebles y cuentas del patrimonio embargado de Báez.

El expediente 169831/26 se dividió en dos ramas. Una, la causa patrimonial bautizada "El Clan". La otra, la causa narco propiamente dicha. En el centro de ambas aparecen cuatro personas, con Cristian Sebastián Ibáñez, alias "Budín", como nexo clave.

Es fundamental aclarar que ni Báez ni su pareja, Claudia Noemí Insaurralde, están imputados en la causa por estupefacientes. Según la hipótesis fiscal, su rol era otro: sustraer del control estatal los bienes que la Justicia había ordenado decomisar.

Las escuchas que complican al "Tío"

Las audiencias públicas de esta semana revelaron conversaciones telefónicas que Báez mantuvo desde su celda en el penal de Ezeiza. En una de ellas, el empresario se planta: "El dueño de la historia acá soy yo y, si no les gusta, me decís y terminamos el contrato acá".

En los audios, sus interlocutores lo llaman "Lázaro" o "Tío". También surge una interna por el poder: la disputa entre "La Tía" —como Báez llama a Insaurralde— y su operador de confianza, "Budín" Ibáñez.

Las directivas eran precisas. Sobre un campo bajo la lupa judicial, ordenó: "Decile me dijo el Tío que ponga el que estuvo administrando la Entrerriana, y el que está administrando la Entrerriana ponga a uno de su confianza para hacer los trabajos y yo voy a supervisar los dos lados".

La desconfianza hacia su pareja quedó al desnudo: "La tía piensa que porque pone gente que ella quiere después va a hacer lo que ella quiere; ojo con eso". Cuando Ibáñez le contó que un colaborador le había dicho que "la señora me está pidiendo 50 y que después me va a hacer entrar a la Alquinta", Báez explotó: "No, no me estás entendiendo, porque lo va a hacer, y sino yo voy a llamar al que tengo que llamar y los voy a sacar cagando a todos".

El detenido también negociaba cuentas pendientes. Sobre la localidad de Gobernador Gregores, instruyó: "Bueno pero que te lo dé a cuenta eso de Gregores". Su operador respondió: "Si si, en Gregores yo tengo unas cosas guardadas que son mías". Báez quiso precisar: "¿Y qué opción de número es Gregores? ¿20, 30, 40?". La respuesta fue esquiva: "40 o 50 ponele, eso y otras cosas más que tengo, como para dejar saldado".

El aeropuerto, los allanamientos y la celda

El lunes 9 de noviembre de 2026, una alerta de Aerolíneas Argentinas por equipaje voluminoso puso el foco en tres pasajeros que llegaban desde Río Gallegos: Insaurralde, Ibáñez y Valentina Devetac. En las valijas encontraron el pasaporte de Báez, divisas, celulares, seis tarjetas SIM, un disco rígido, tarjetas de débito con sus claves anotadas y carpetas con rendiciones de cuentas.

Al día siguiente, el juez Vázquez ordenó 27 allanamientos simultáneos en Santa Cruz y Buenos Aires. En la casa de Pedro Nahuel Leal, en la calle Madame Curie, secuestraron 725 gramos de cocaína, más de un kilo de cannabis y balanzas de precisión. En la celda de Báez, en Ezeiza, apareció una hoja escrita de su puño y letra titulada "EL CLAN", con la nómina de los integrantes de la banda —incluido el estanciero Oscar Raúl Núñez, ya condenado por abigeato—, contratos de arrendamiento y listas de deudores.

El jueves 12 se formalizó la imputación de 16 personas. La estructura patrimonial movió $390.880.000 en solo ocho meses, según calculó la Fiscalía, reutilizando sociedades y bienes ya embargados sin necesidad de crear firmas fantasma.

Los roles identificados: Insaurralde e Ibáñez en la conducción ejecutiva; los hermanos Fausto y Valentina Devetac en el soporte logístico; Paula Beatriz Godfrid y Mauro Trevisan Godfrid en el canal agropecuario para justificar movimientos con ovejas; el contador Diego Navarro en la custodia documental —en su casa hallaron cajas de seguridad con papeles de Austral Agro S.A. y armas de Báez—; y Jorge Manuel Ulloa y Jorge Agüero como operadores financieros.

La pata narco tenía su base en el lubricentro Esperanza Trucks, usado como aguantadero. Según la acusación, Juan Pablo Bórquez, Paula Makarena Bórquez, Pedro Leal y los nexos del Clan movían cientos de millones en billeteras virtuales para lavar el dinero de la cocaína. El destino: una flota de vehículos de alta gama —Toyota SW4, VW Amarok, una Dodge RAM y un BMW— inscriptos a nombre de terceros.

El sábado 14, cinco imputados ingresaron a la Unidad Penitenciaria N° 15 de Río Gallegos; se encontraron tres camiones abandonados cerca de la Ruta 53 y otros dos detenidos cayeron en allanamientos nocturnos con más droga y otro BMW secuestrado.

En total, nueve de los 16 acusados quedaron con prisión preventiva por 180 días, una mujer recibió arresto domiciliario y seis quedaron libres con reglas de conducta.

El pedido de cárcel de alto riesgo y el futuro del patrimonio

El fiscal Zárate pidió alojar a Báez y a Insaurralde en el régimen de alto riesgo, pero el juez Vázquez rechazó el pedido por prematuro. La defensa del empresario calificó la medida de "excesiva y desproporcionada", mientras el abogado Gabriel Giordano advirtió: "Todavía no hemos accedido a las actuaciones". Zárate recordó que las pruebas se exhibieron en audiencias públicas y que la asociación ilícita tiene penas graves que no admiten condena en suspenso.

La causa fue declarada compleja: dos años de investigación y 30 días para inventariar los bienes secuestrados. En paralelo, la Justicia ordenó liquidar Austral Agro S.A. y convocó a la AABE para subastar cinco estancias y más de mil ovejas, con el fin de empezar a saldar las multas multimillonarias de la Ruta del Dinero K.

Con los teléfonos intervenidos, el patrimonio en remate y los nexos con el narcotráfico al descubierto, el hombre que se creía dueño de todo enfrenta ahora su capítulo más oscuro.

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