El titular del OCI quedó afuera del juicio por los narcopolicías y nadie explica por qué
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El titular del OCI quedó afuera del juicio por los narcopolicías y nadie explica por qué

¿Por qué quedó fuera de la lista de testigos el titular del OCI en la causa por los casi 9,5 kilos de cocaína? La audiencia de este martes puede revelar las razones mientras la Fiscalía define qué pruebas quiere llevar al juicio oral.

La causa que investiga la presunta sustracción de casi 9,5 kilos de cocaína durante una quema en Colonia Benítez suma un nuevo capítulo este martes con la reanudación de la audiencia de control de la acusación. La jueza federal María Virginia Ise volverá a escuchar a las partes desde las 9 en Resistencia, en una jornada clave para definir qué pruebas llegarán al debate oral.

La novedad que sobrevoló la previa es la exclusión de Ricardo Urturi, titular del Órgano de Control Institucional (OCI), de la lista de testigos propuestos para el juicio. Hasta el momento no trascienden los motivos concretos de esa decisión, según la información conocida sobre el expediente.

El caso, bautizado “Narcopolicías”, investiga la presunta maniobra para sustraer 9,490 kilos de cocaína que estaban bajo custodia y debían ser destruidos durante un procedimiento de incineración realizado el 18 de diciembre de 2025 en el Polígono de Tiro de Colonia Benítez.

Los testigos que la Fiscalía quiere llevar al debate

En la audiencia del pasado 28 de octubre se avanzó en el análisis de los testimonios ofrecidos por el Ministerio Público Fiscal. Entre los propuestos figuran varios integrantes de Gendarmería Nacional que participaron en las actuaciones vinculadas al operativo.

La nómina incluye al gendarme Colqui, del Escuadrón 51, y a Cáceres Arostegui, de la misma unidad, quien habría intervenido en la requisa del móvil policial PT-308. También aparecen Lugo y Germán González, ligados a las inspecciones, y Fabián Nicolás Alejandro, señalado como responsable de las filmaciones del procedimiento.

De esos testimonios podría surgir información sobre cómo se hicieron las requisas, qué elementos se hallaron y cómo se desarrolló la jornada del operativo. La admisión definitiva de cada declaración quedará sujeta a lo que se resuelva en esta etapa de control.

Policías convocados y un sobreseído que declararía como testigo

Entre los efectivos policiales incluidos en la lista aparecen Pablo José Zanier, Lucas Exequiel Martínez, José González, Molina, José Correa, Nahuel Gómez y Rolando Romero. Gómez fue identificado como el efectivo que manejó el dron utilizado durante el procedimiento, cuyas imágenes podrían resultar relevantes para reconstruir momentos de la jornada.

El caso de Martínez tiene un matiz: estuvo involucrado en la investigación en un principio, pero después fue sobreseído. Por eso su eventual declaración sería en calidad de testigo y no de acusado. La intervención de todos estos efectivos será analizada en la etapa procesal en curso.

Qué se trató en la audiencia del 28 de octubre

La última jornada se realizó bajo la conducción de la jueza Ise. Por la defensa del comisario Rubén Héctor César Alegre estuvieron los abogados Juan Martín Varas y Gonzalo David Sánchez, mientras que Lucio Gonzalo Otero representó al subcomisario Franco Andrés Ramírez.

Por el Ministerio Público Fiscal participaron Patricio Nicolás Sabadini, Ruth Hilgenberg y los integrantes del equipo fiscal identificados como Dragell y Giménez. En esa oportunidad se examinaron los testimonios ofrecidos por la acusación y se avanzó en las convenciones probatorias, es decir, los acuerdos entre las partes sobre hechos que no serán objeto de controversia en el juicio.

Esas convenciones buscan evitar que se produzca prueba sobre cuestiones ya aceptadas y concentrar el debate en los puntos que siguen discutidos.

Alegre y Ramírez, camino al juicio oral

El control de la acusación se desarrolla respecto de Alegre y Ramírez, quienes continúan sometidos al proceso ordinario. La Fiscalía señaló a Alegre como presunto organizador de la maniobra y pidió para él 15 años de prisión. Para Ramírez, la pretensión fiscal original fue de 12 años.

Ambos montos son pedidos de pena y no constituyen condenas. La situación procesal de los demás policías involucrados cambió a partir de acuerdos de juicio abreviado alcanzados en los últimos meses.

Juan Nicolás Almirón Núñez y Néstor Ariel Urne Canteros recibieron condenas de seis años y seis meses de prisión efectiva. Gustavo Jesús Acosta, Gastón Ezequiel Villalba y Francisco Lucas Leonel García fueron condenados a tres años de prisión en suspenso por encubrimiento agravado.

Más tarde, el cabo primero Gustavo Andrés Quizama alcanzó un acuerdo de juicio abreviado por seis años y seis meses de prisión, según informó su abogado defensor Miguel Ángel Barceló. La aprobación judicial definitiva de ese entendimiento no fue acreditada en la información disponible.

La hipótesis de la Fiscalía: cocaína por yeso

Según la acusación, durante la quema de drogas en Colonia Benítez se habría desplegado un plan para sustraer los 9,490 kilos de cocaína que estaban bajo custodia y destinados a destrucción. La investigación reunió declaraciones testimoniales, pericias telefónicas, registros audiovisuales, documentación y actuaciones vinculadas con las requisas de aquella jornada.

La Fiscalía también sostiene que el supuesto plan contemplaba usar bloques de yeso para reemplazar parte del material estupefaciente.

Una instancia previa al juicio oral

La audiencia de control de la acusación está prevista en el artículo 279 del Código Procesal Penal Federal y es una etapa anterior a la apertura del juicio oral. En esta instancia las partes pueden objetar pruebas, discutir su admisibilidad y acordar hechos que no serán controvertidos.

La jueza Ise deberá resolver los planteos pendientes y determinar qué pruebas podrán incorporarse al eventual debate. Una vez concluida esta etapa, corresponderá evaluar el dictado del auto de apertura del juicio oral, conforme al artículo 280 del mismo código.

La jornada de este martes estará centrada en la continuidad del análisis de los testimonios y las convenciones probatorias, en una causa que avanza hacia la definición de la etapa de juicio para Alegre y Ramírez.

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