El traspaso de rutas: un problema que Río Negro pagará caro

El legislador Leandro García (PJ-NE) salió a cruzar con dureza el traspaso de las rutas nacionales 22 y 151 a Río Negro. “El traspaso es un gran problema para la provincia, que será difícil revertir”, disparó, y alertó que los rionegrinos terminarán pagando dos veces por una infraestructura que ya está al límite.

En diálogo con Desde el Búnker, el dirigente fue contundente: “Los rionegrinos van a pagar dos o tres veces la infraestructura vial que hoy ya tiene problemas gravísimos. Hoy estamos todos soportando el costo pero los que hacen negocios vinculados al complejo exportador de gas y petróleo, no pagan lo que tienen que pagar”.

Y su pronóstico es sombrío: “Va a empeorar”. La razón, según explicó, es que la Nación no girará los fondos del Impuesto al Combustible, que históricamente financiaron las obras y el mantenimiento vial. “¿Cómo vamos a resolver este problema si Nación no le va a dar a la Provincia los recursos que se generan a partir del Impuesto al Combustible?”, se preguntó.

García anticipó que, para tapar el agujero, Río Negro deberá endeudarse y que el Gobierno provincial seguramente recurrirá a los peajes, una herramienta que se votó en los inicios de la gestión Weretilneck. “Después no solo tendremos que pagar la deuda al dólar del momento de la devolución, sino que seguramente el Gobierno instaurará el sistema de peajes”, advirtió.

Un crédito que no alcanza

La preocupación del legislador no es casual. Río Negro ya pidió un crédito de 60 millones de dólares al Fonplata para obras en 305 kilómetros de las rutas 22 y 151, que fueron traspasadas recientemente. Pero para García, eso es apenas un paliativo ante un problema estructural.

La posición del bloque PJ-NE no es nueva. En abril ya habían alertado sobre el perjuicio para la provincia y calificaron el traspaso como “un traspaso vacío”. En ese momento emitieron un decálogo de objeciones al decreto firmado por el presidente Javier Milei, que habilitó el acuerdo sellado ayer en la Casa Rosada entre el gobernador Alberto Weretilneck, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Economía Luis Caputo.

Los cuestionamientos del bloque

Entre los puntos más críticos que marcaron los legisladores se destacan:

El impuesto al combustible que nunca volvió: El Estado Nacional recauda miles de millones con ese tributo, cuya razón histórica es financiar las rutas. Pero ese dinero no fue a las 22 y 151; se usó para otros fines, incluyendo pagos al FMI. El Decreto 253 confirma que no habrá devolución.

La Nación se queda con el activo y exporta el pasivo: El artículo 5° del decreto mantiene la titularidad y jurisdicción federal en manos de la Nación, pero el artículo 2° obliga a la provincia a mantener “indemne al Estado Nacional” ante cualquier reclamo, incluyendo daños a personas y bienes. La Nación conserva la ruta; la provincia asume las demandas.

El peaje como doble castigo: Los ciudadanos ya pagan el impuesto al combustible para obras que nunca se hicieron, y ahora deberán pagar peaje para financiarlas. Los fondos del tributo original siguen sin aparecer.

Un artículo que impide proyectos integrales: El artículo 7° prohíbe usar los fondos del peaje de un tramo en otro, aunque sean parte del mismo corredor. Eso hace inviable cualquier planificación seria de infraestructura regional.

La trampa del plazo de un año: Si la provincia no llama a licitación en ese plazo, la delegación decae automáticamente. Un plazo que la propia Nación no cumplió en años, y que fuerza a provincias con presupuestos ajustados a moverse contra reloj. “Si fracasan, la culpa quedará instalada en los gobernadores”, advirtieron.

Sin recursos, imposible: El decreto habilita pero no transfiere un solo peso. Río Negro no puede garantizar insumos básicos en sus hospitales, y Neuquén arrastra déficits propios. “La delegación sin recursos es un eufemismo del abandono”, denunciaron.

La cláusula de indemnidad: La provincia queda sola ante la Justicia. Si hay un accidente, una demanda de un concesionario o un reclamo ambiental, la provincia responde. El Estado Nacional, que conserva el dominio y cobró el impuesto durante años, queda blindado. “Es una cláusula de impunidad disfrazada de federalismo”, sentenciaron.