El tratado que dormía hace 28 años en el Congreso y que ahora el oficialismo quiere desempolvar

Casi tres décadas de sueño legislativo y un tratado que Estados Unidos reclama. El oficialismo consiguió el respaldo clave en comisiones, pero el desenlace aún no está escrito.

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El tratado que dormía hace 28 años en el Congreso y que ahora el oficialismo quiere desempolvar
El tratado que dormía hace 28 años en el Congreso y que ahora el oficialismo quiere desempolvar

El controvertido Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) quedó a un paso de ser ratificado por el Congreso. El oficialismo consiguió este martes el respaldo de los bloques dialoguistas para emitir dictamen en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Industria y Comercio del Senado, con lo que el proyecto podrá tratarse en el recinto.

El texto, reclamado por Estados Unidos, lleva casi tres décadas demorado en el Congreso. De aprobarse, se convertiría en uno de los temas centrales de la próxima sesión de la Cámara alta, que el oficialismo buscaría convocar para el jueves de la semana que viene.

Qué es el PCT y por qué genera tanta polémica

Administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el tratado permite presentar una única solicitud internacional de patente con efectos iniciales en los países adheridos. No crea una "patente mundial" ni reemplaza la decisión de las autoridades nacionales, pero unifica la etapa inicial y facilita la búsqueda, la publicación y la evaluación preliminar de las invenciones.

Entre sus herramientas, contempla una búsqueda internacional de antecedentes técnicos y, a pedido del solicitante, un examen preliminar no vinculante sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial de la creación. Esa información permite evaluar con mayor anticipación las posibilidades de obtener protección antes de ingresar en las etapas nacionales.

Una vez cumplida la fase internacional, el interesado debe continuar el trámite en cada jurisdicción elegida, presentar las traducciones requeridas, abonar las tasas correspondientes y cumplir con la legislación local. Cada oficina conserva la potestad de conceder o rechazar la patente.

El largo recorrido legislativo

El expediente llegó al Senado después de haber sido aprobado por Diputados el 27 de agosto pasado. En la Cámara baja había permanecido congelado durante 28 años, luego de que el Senado lo aprobara en 1998. El tratado había sido rubricado por la Argentina en 1970.

Como Diputados introdujo una modificación al texto, la iniciativa regresó a la Cámara alta en segunda revisión. Ese cambio fue aceptado este martes por los senadores. Se trata de una reserva sobre el Capítulo II del PCT, que regula el procedimiento de examen preliminar internacional, una instancia técnica optativa para evaluar anticipadamente las posibilidades de patentar una invención.

Con esa reserva, la Argentina no aplicaría ese examen preliminar internacional, mientras que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) mantendrá íntegramente el análisis de fondo en el país.

Las posiciones enfrentadas

La discusión en el plenario de comisiones expuso posiciones encontradas. Quienes defienden la adhesión sostienen que el tratado abrirá una puerta para la exportación de desarrollos argentinos y reducirá las gestiones iniciales para científicos, pymes, universidades y centros de investigación.

Los sectores críticos, en cambio, plantearon reparos por su posible efecto sobre los precios de los medicamentos cuyas patentes quedarían en condiciones de monopolio y reclamaron preservar la capacidad nacional de examinar las solicitudes. Una preocupación similar manifiestan en la producción de semillas.

Qué cambia en la práctica

En términos prácticos, el PCT funciona como una puerta de entrada común para comenzar el trámite en los Estados adheridos, pero no altera los requisitos para patentar previstos por la legislación argentina. Tampoco extiende automáticamente al país derechos concedidos en el exterior: la autoridad local seguirá evaluando cada solicitud y tendrá la última palabra sobre su otorgamiento.

La adhesión apunta a reducir duplicaciones administrativas, ordenar los procedimientos y ampliar el plazo disponible para que inventores, empresas y centros de investigación definan en qué mercados procurarán proteger sus desarrollos.

Con el dictamen de comisión, el proyecto supera una instancia central del debate legislativo y aguarda su tratamiento en el recinto.

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