El Tribunal de Cuentas rechazó las últimas cartas que jugaron tres comunas rurales para frenar el cobro de gastos sin justificar. La decisión ya está en manos de la Justicia y amenaza con complicar las cuentas de más de un jefe comunal.
El Tribunal de Cuentas de Tucumán volvió a apuntar contra el manejo de la plata pública en el interior provincial. Con tres acuerdos nuevos, el organismo rechazó los recursos de revisión y los pedidos de prórroga que habían presentado autoridades y exfuncionarios de Los Nogales, Santa Cruz y La Tuna, y La Trinidad, todos declarados patrimonialmente responsables por irregularidades en la rendición de cuentas de sus gestiones.
Las resoluciones llevan fecha del 26 y 27 de octubre y abarcan cargos fiscales que, en conjunto, suman $ 48.092.320,52. Ese dinero corresponde a gastos de 2017, 2021 y 2022 que nunca quedaron debidamente regularizados ante el organismo de control.
En los tres expedientes, el tribunal ordenó seguir adelante con las actuaciones para cobrar los montos reclamados, que deberán actualizarse hasta el día en que se paguen efectivamente.
Los Nogales: ratifican un cargo de $ 27,2 millones
El expediente más abultado es el de la comuna rural de Los Nogales. Allí el tribunal había declarado responsables solidarios al comisionado comunal Miguel Ángel Méndez y al secretario habilitado Juan Luis Bórquez.
Por el acuerdo N.º 5714, del 16 de diciembre de 2025, el organismo había formulado un cargo fiscal de $ 27.259.776,85 por no regularizar observaciones del quinto balance del ejercicio 2022.
Según el nuevo acuerdo N.º 4182, Bórquez presentó el 21 de octubre un pedido de revisión con documentación reunida en un bibliorato de 191 fojas. El tribunal, sin embargo, determinó que el planteo llegó fuera del plazo de 30 días que fija la Ley de Administración Financiera: los responsables habían sido notificados del fallo el 17 de diciembre de 2025.
El organismo también consideró que la presentación no reunía los fundamentos necesarios para ser tratada como un recurso extraordinario de revisión. Por eso rechazó el planteo por extemporáneo y ordenó dar intervención al departamento judicial para que el abogado fiscal Esteban Romano Norri continúe con la ejecución del cargo.
Santa Cruz y La Tuna: $ 8,4 millones que ya están en la Justicia
El segundo caso es el de la comuna rural de Santa Cruz y La Tuna, donde el tribunal había declarado responsables solidarios al comisionado comunal Enrique Antonio Valdez y al secretario habilitado Néstor Ariel González.
El cargo fiscal, fijado por el acuerdo N.º 5718 de diciembre de 2025, asciende a $ 8.493.483,89 y tiene origen en observaciones no regularizadas sobre la rendición del quinto bimestre de 2021.
Durante la tramitación, los responsables no comparecieron en primera instancia ni presentaron la documentación pedida, lo que derivó en una declaración de rebeldía. Después, González se presentó en septiembre de 2025 y pidió un plazo extra para completar los antecedentes, pero nunca aportó la documentación comprometida.
Con la resolución firme, el tribunal promovió una demanda judicial de apremio el 29 de abril de 2026. El expediente registra una sentencia del 16 de junio de este año.
Pese a eso, Valdez había presentado documentación el 28 de mayo para pedir una revisión del cargo fiscal. En su acuerdo N.º 4192, el tribunal consideró que ese recurso era improcedente, tanto por haber sido presentado fuera de término como por no contener una impugnación concreta de los fundamentos de la resolución original.
El organismo sostuvo que el fallo estaba firme y constituía un título ejecutivo, por lo que la cuestión patrimonial ya estaba radicada en sede judicial. Por ese motivo rechazó el planteo y dispuso que el abogado fiscal Bernardo Colombres continúe con las actuaciones para ejecutar el cargo.
La Trinidad: le negaron una prórroga para justificar gastos de 2017
El tercer expediente corresponde a la comuna rural de La Trinidad, con observaciones que se remontan al ejercicio 2017.
Mediante el acuerdo N.º 2620, del 7 de julio de 2026, el tribunal había declarado patrimonialmente responsables al excomisionado comunal Julio César González y al exsecretario habilitado Juan Carlos Ortiz por observaciones no regularizadas del cuarto, quinto y sexto bimestre de aquel año. Por esas irregularidades se formuló un cargo fiscal de $ 9.373.881,78.
En el mismo expediente, el organismo también responsabilizó a González, Ortiz y al exsecretario habilitado René Germán Correa por observaciones del segundo bimestre de 2017, con un cargo adicional de $ 2.965.178. Así, los cargos fiscales del expediente suman $ 12.339.059,78, sin contar las actualizaciones.
Cuando las actuaciones ya estaban en etapa de ejecución, González y Ortiz pidieron su sobreseimiento, una prórroga de 30 días hábiles para presentar documentación y la suspensión del trámite judicial de cobro. El acuerdo N.º 4167, del 26 de octubre, rechazó la solicitud.
El tribunal recordó que los plazos de la ley N.º 6970 son perentorios e improrrogables y que no corresponde reabrir etapas procesales una vez clausurado el juicio de cuentas y formulado el cargo fiscal. Por eso ordenó que la abogada fiscal Agustina Bugeau siga con las actuaciones para procurar el cobro de los importes reclamados.
Comunas flojas de papeles: un problema que se repite
Estas resoluciones se suman a una serie de actuaciones del Tribunal de Cuentas que vienen mostrando dificultades en la rendición de fondos públicos de las comunas rurales.
El pasado 17 de octubre, cinco acuerdos establecieron cargos fiscales por más de $ 205,3 millones contra autoridades y exautoridades de Gobernador Piedrabuena; Los Bulacios y Los Villagras; San Pablo y Villa Nougués, y El Chañar. Más recientemente, el organismo reconoció la devolución de $ 4,8 millones por parte de exfuncionarios de Villa de Leales, luego de un procedimiento relacionado con la presentación de facturas apócrifas.
El panorama se inscribe en las advertencias que el propio tribunal formuló al examinar la Cuenta de Inversión 2025. En aquella oportunidad, el organismo señaló que las 93 comunas rurales de Tucumán usaban “registros contables precarios” y carecían de sistemas que garantizaran información “confiable, precisa y oportuna”.
Aunque el nivel de presentación formal de las rendiciones alcanzaba el 99,10 %, persistían deficiencias estructurales en los mecanismos de registración y control de los recursos públicos.
