El Tribunal de Cuentas investigó a una municipalidad y la documentación no apareció

El presidente del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, Diego Lara, pasó por los micrófonos de Plaza Mansilla (Elonce Radio & Streaming FM 98.7) y repasó las actuaciones que el organismo lleva adelante sobre la Municipalidad de Santa Elena, además de presentar un balance de su gestión al frente del ente de control.

Lara se refirió puntualmente a las investigaciones vinculadas con la gestión del intendente Domingo Daniel Rossi. Según explicó, el Tribunal desarrolló actuaciones sobre presuntas irregularidades administrativas, algunas de ellas originadas en períodos anteriores.

“Yo quiero hablar desde lo institucional. A mí me toca presidir”, señaló al referirse al caso, y remarcó que su responsabilidad pasa por preservar el funcionamiento y la independencia del organismo, sin llevar las diferencias al terreno político ni personal.

Qué encontró el Tribunal en Santa Elena

El funcionario detalló que las actuaciones abarcaron compras, licitaciones públicas, obras y convenios de naturaleza impositiva celebrados por el municipio. Esas investigaciones, dijo, concluyeron con informes sobre presuntos perjuicios patrimoniales que fueron remitidos al ámbito municipal.

Sin embargo, el organismo detectó después que esas conclusiones no habían recibido el tratamiento correspondiente. “El tribunal después detectó que no se hizo absolutamente nada con esas conclusiones”, manifestó Lara.

El presidente del Tribunal también se refirió a la documentación vinculada con esas actuaciones. “Esa información y esa documentación no sabemos dónde fue a parar”, afirmó, y precisó que la situación fue puesta en conocimiento del Ministerio Público Fiscal.

Sobre la intervención de la Justicia, valoró el paso dado pero evitó pronunciarse acerca de eventuales responsabilidades penales. “Yo no quiero hacer un juicio de valor porque eso tendrá que expedirse la justicia”, sostuvo.

La respuesta al intendente y el rol técnico del organismo

Consultado sobre las declaraciones públicas del intendente de Santa Elena y las diferencias que surgieron en torno a las investigaciones, Lara cuestionó las descalificaciones dirigidas al Tribunal y sostuvo que el debate debe centrarse en los expedientes y en las pruebas documentales.

“Lo importante es que hablemos de los elementos que tenemos, de los elementos objetivos de las investigaciones que el tribunal tiene”, expresó.

Además, aclaró que las actuaciones no dependen exclusivamente de una decisión de la presidencia, sino del trabajo de los fiscales del Tribunal de Cuentas, que son quienes impulsan los procedimientos.

“El tribunal es un organismo técnico que está basado en analizar el respaldo documental, analizar los presupuestos, analizar la ejecución y la inversión de un Estado municipal”, remarcó.

Casi 500 sentencias y la cifra que se actualiza

En otro tramo de la entrevista, Lara presentó estadísticas sobre la actividad del organismo desde que asumió la presidencia, el 9 de diciembre de 2020.

Contó que ese año se iniciaron 69 juicios de cuentas, mientras que en 2025 la cifra superó los 140 procedimientos, lo que implica que la actividad jurisdiccional prácticamente se duplicó en el período. “Se dictaron alrededor de 500 sentencias de juicio de cuenta en todo este periodo mientras me ha tocado presidir el Tribunal de Cuentas”, indicó.

Precisó que casi el 70% de esas resoluciones fueron condenatorias y que se dispuso la recuperación de fondos por más de 770 o 780 millones de pesos. Según su estimación, esa suma equivaldría a más de 13.000 millones de pesos a valores actuales. Se trata de una actualización mencionada por el funcionario, no de un monto que necesariamente haya ingresado a las arcas públicas.

El mapa del control en la provincia

Lara destacó que el Tribunal de Cuentas tiene competencia sobre una amplia variedad de organismos provinciales y gobiernos locales. Entre las instituciones alcanzadas mencionó los 84 municipios, las 104 comunas, las 69 juntas de gobierno, 22 organismos autárquicos vinculados con cajas jubilatorias municipales, 66 hospitales y más de 100 centros de salud.

A eso se suma el control de la administración central, los entes descentralizados, las empresas estatales, otros poderes del Estado y la utilización de subsidios públicos.

En ese marco, sostuvo que la cantidad de comunicaciones y requerimientos emitidos por el Tribunal creció de manera considerable: mientras que en 2020 se registraron cerca de 4.000, en la actualidad se superan los 8.000.

La relación con Frigerio y la autonomía del organismo

El presidente del Tribunal de Cuentas también fue consultado sobre su vínculo con el gobernador Rogelio Frigerio, teniendo en cuenta su trayectoria política anterior dentro de otra fuerza partidaria.

Lara recordó que ocupó cargos como concejal, intendente y legislador, pero explicó que su llegada al organismo de control implicó asumir una función técnica e institucional. “Yo tengo una muy buena relación con el Poder Ejecutivo, con el gobernador, como lo tengo con los otros poderes del Estado, porque de hecho nos vinculamos permanentemente”, afirmó.

En la misma línea, aclaró que el Tribunal de Cuentas no depende del Poder Ejecutivo, sino que cuenta con autonomía funcional garantizada por la Constitución provincial. “Nosotros como Tribunal de Cuentas, y esto es la naturaleza de los Tribunales de Cuentas, somos un organismo de la Constitución como una suerte de organismo extrapoder, no pertenecemos al Poder Ejecutivo”, explicó.

Controlar también es prevenir

Por último, Lara planteó que la función del organismo no debe limitarse a detectar inconsistencias o establecer responsabilidades, sino que también tiene que contribuir a prevenir perjuicios al patrimonio público.

En ese sentido, destacó las capacitaciones realizadas para funcionarios, auditores, municipios, comunas, clubes, asociaciones de bomberos y bibliotecas, con el objetivo de mejorar los procedimientos administrativos.

“El control no tiene que concebirse como un fin en sí mismo, tiene que ser un medio”, sostuvo.