El Tribunal de Cuentas revisó las cuentas de las 93 comunas rurales y lo que encontró no le gustó nada

El Tribunal de Cuentas de Tucumán aprobó la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo correspondiente a 2025, pero dejó un tendal de observaciones. La más llamativa apunta directo a las 93 comunas rurales de la provincia: según el organismo, manejan su dinero con “registros contables precarios” y sin un sistema que garantice información “confiable, precisa y oportuna”.

La advertencia quedó plasmada en el Acuerdo Nº 3482, firmado el 11 de septiembre por el presidente del TC, Miguel Chaibén Terraf, y los vocales Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal, y publicado este miércoles 16 en el Boletín Oficial.

Qué dice el informe sobre las comunas

El capítulo dedicado a las delegaciones comunales no es nuevo: el Tribunal viene marcando y sancionando a sus responsables por no cumplir en tiempo y forma con las rendiciones de gastos públicos. Esta vez, el documento advirtió a la Contaduría General de la Provincia —órgano rector del sistema contable— sobre la necesidad de aplicar estrictamente los artículos 102 y siguientes de la Ley de Administración Financiera.

El texto agrega que las comunas no cuentan con los créditos presupuestarios asignados para ejecutar correctamente sus recursos, situación que el informe vincula con la suspensión de las normas referidas al Presupuesto de Recursos y Gastos de las comunas mientras siga vigente el Presupuesto provincial 2025.

“Las comunas rurales llevan sus movimientos y/u operaciones en registros contables precarios, sin tener un sistema contable que permita obtener información confiable, precisa y oportuna”, señala el Acuerdo.

El Tribunal analizó 558 estados contables bimestrales de las 93 comunas. 553 (99,10%) habían sido rendidos ante el organismo; dos (0,36%) seguían en poder de las comunas y tres (0,54%) en la Secretaría de Estado de Municipios y Comunas. Los dos balances señalados como incumplidos pertenecían a la comuna de Los Pérez (quinto y sexto bimestre de 2025), aunque el propio informe aclara que se presentaron en plazo ante la Secretaría y luego volvieron a la comuna para su regularización.

Por eso el Tribunal pidió a la Contaduría que avance en la “implementación del Sistema de Contabilidad a todo el Sector Público y en particular a las Comunas Rurales”.

Números que no cierran

Más allá de las comunas, la Cuenta de Inversión 2025 mostró un resultado financiero positivo. Los recursos totales llegaron a $4.793.658,90 millones y los gastos a $4.772.413,11 millones, con un superávit de $21.245,79 millones. El ahorro corriente fue de $140.449,33 millones (2,98%), mientras que la cuenta de capital arrojó un rojo de $119.203,54 millones.

El pasivo provincial al 31 de diciembre de 2025 se consignó en $715.826,64 millones, integrado por $180.372,22 millones de deuda pública, $208.811,17 millones en una cuenta corriente del Banco Macro, $302.712,58 millones en órdenes de pago no canceladas, $3.298,67 millones en intereses, $20.063,70 millones de fondos de terceros y $568,30 millones de otras cargas fiscales. A eso se suman $26.678,92 millones en cheques diferidos que la Contaduría no había computado como deuda durante el ejercicio.

Opinión adversa y reparos en distintas áreas

El Tribunal emitió una opinión adversa sobre el Informe de Gestión Financiera Consolidada del Sector Público Provincial. Determinó que no incluye a los organismos descentralizados que no consolidan, a las comunas rurales ni a las empresas y sociedades del Estado, incumpliendo el artículo 109 inciso 5 de la Ley de Administración Financiera. También detectó cuentas bancarias de organismos centralizados y descentralizados fuera del sistema SAFyC.

Entre las reparticiones observadas aparecen la Caja Popular de Ahorros, el IPSST, el Departamento Producción de Institutos Penales, Vialidad y Recursos Hídricos. En el IPSST se consignó un saldo negativo de $6.626,24 millones entre activo y pasivo corriente. La Caja Popular, en tanto, registró una pérdida de $21.672,87 millones en el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025, frente a los $8.791,47 millones del período anterior; por la diferencia de cierre contable, la Delegación Fiscal se abstuvo de opinar.

El informe también recomendó mejorar la registración de recursos y gastos, adecuar códigos de fondos nacionales, completar estados contables pendientes e incorporar al sector descentralizado y a las empresas del Estado al informe consolidado. Y dejó claro que la aprobación de la Cuenta de Inversión no frena las investigaciones en curso: la Asesoría Jurídica ya evalúa qué casos siguen como comprobaciones sumarias o juicios de responsabilidad.