El Tribunal de Cuentas revisó las cuentas de Salud y ahora la cartera sanitaria activa un plan para revisar créditos y deudas por RUPE y SPAF

El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego formalizó un Plan de Acción para revisar los créditos y deudas generados por las prestaciones médicas otorgadas a beneficiarios del RUPE y del Sistema Provincial de Acogimiento Familiar, luego de las observaciones del Tribunal de Cuentas.

La medida quedó instrumentada a través de la Resolución 1733/2026, con fecha 1 de septiembre, y abarca las prestaciones realizadas por los hospitales regionales de Ushuaia y Río Grande, además del Centro Asistencial de Tolhuin.

El objetivo central es determinar con mayor precisión la existencia y el estado de los créditos y deudas recíprocas entre la cartera sanitaria y la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), y avanzar en mecanismos que permitan conciliar esas obligaciones y, eventualmente, aplicar procedimientos de compensación de deudas entre organismos públicos.

El origen de la revisión

La decisión se adoptó luego de una auditoría del Tribunal de Cuentas de la Provincia sobre el funcionamiento de las prestaciones correspondientes al Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE) y al Acogimiento Familiar, y sobre las deudas recíprocas entre la OSEF y el Poder Ejecutivo.

En ese análisis, el organismo de control examinó las acreencias y obligaciones originadas por los servicios destinados a beneficiarios de ambos programas y recomendó avanzar hacia reglas administrativas más claras para ordenar la facturación, la rendición y el recupero de los montos involucrados.

Qué cambios propone el plan

Entre las principales medidas planteadas aparece la necesidad de definir por escrito los criterios que deberán utilizarse para rendir y facturar las prestaciones. La intención es establecer pautas sobre el agrupamiento de servicios y los períodos comprendidos en cada presentación, reducir la cantidad de comprobantes emitidos y facilitar tanto el control de las facturas como el seguimiento posterior de su cobro.

La resolución sostiene además que la revisión deberá realizarse mediante una intervención coordinada de las áreas técnicas, legales y de control del Estado. Esa participación conjunta buscará asegurar la implementación, revisión y posterior consolidación de los procedimientos que se definan.

Los organismos involucrados

En esa línea, el Tribunal de Cuentas recomendó incorporar al proceso al servicio de Auditoría Interna, a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y a la Dirección General de Facturación y Recupero. El propósito es avanzar en la elaboración de un marco normativo integral para ordenar los circuitos administrativos y judiciales vinculados con las acreencias.

El organismo también señaló la necesidad de estandarizar los mecanismos de facturación, control, recupero y regularización de las obligaciones, además de establecer reglas para los casos en los que resulte necesario iniciar acciones judiciales.

El Plan de Acción contempla así la definición de responsabilidades concretas, plazos de intervención y criterios objetivos para determinar cuándo corresponde avanzar por la vía judicial para reclamar deudas.

Con la puesta en marcha de este esquema, Salud apunta a ordenar un circuito que involucra prestaciones realizadas por los principales efectores públicos de la provincia y su posterior reconocimiento económico, con especial atención sobre los servicios destinados a beneficiarios RUPE y SPAF.