El Tribunal de Faltas de la Municipalidad, en la mira: el dato que encendió las alarmas

Una auditoría de la Contaduría General municipal puso números a un conflicto que lleva meses: el 84% de las causas relevadas en el Tribunal Municipal de Faltas seguía pendiente de resolución. El informe, realizado durante 2025 sobre el ejercicio 2024, detectó demoras, expedientes acumulados y fallas en el seguimiento administrativo de las infracciones.

El dato surge de una muestra acotada y no puede extrapolarse automáticamente al total de los expedientes. Aun así, el resultado encendió las alarmas en el Ejecutivo que conduce Rossana Chahla. Del total auditado, el 11% de los casos se cerró por cancelación o resolución voluntaria de los infractores, otro 5% fue tramitado por los juzgados de Faltas y el 84% restante continuaba abierto.

Expedientes acumulados y documentación faltante

El relevamiento también encontró una fuerte acumulación de causas. Al revisar expedientes prescriptos, los auditores detectaron documentación faltante o incompleta y demoras en la carga de actas al sistema. El desempeño, además, no era parejo entre los distintos juzgados que integran el organismo.

El impacto económico potencial es otro de los puntos sensibles. En el ámbito municipal se manejan estimaciones de un eventual perjuicio asociado a la falta de resolución y ejecución de expedientes que van de $3.500 millones a $20.000 millones. Sin embargo, esa franja no debe leerse como una pérdida confirmada: con la información disponible no puede afirmarse que los auditores hayan determinado ese monto ni que todo expediente pendiente hubiera terminado en una multa cobrable.

De la auditoría al choque en la Justicia

El diagnóstico derivó en una decisión política y después en un conflicto judicial. La gestión de Chahla reorganizó el Tribunal mediante el Decreto 0099/SG/2025, que incluyó un sistema de rotación de jueces. Gerardo Augusto Poliche, presidente del organismo, llevó la reforma a la Justicia al considerar que el Ejecutivo avanzó sobre atribuciones del Concejo Deliberante.

La Fiscalía de Cámara dictaminó contra la posición municipal y sostuvo que el decreto vulneraba la jerarquía normativa. La Municipalidad respondió cuestionando esas conclusiones y defendió las facultades del Ejecutivo para reorganizar el organismo. El expediente quedó en manos de la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativa, que deberá resolver la cuestión de fondo.

El conflicto sumó otro capítulo cuando el Municipio intentó incorporar una presentación de los jueces María Luciana Estofán y Jorge González, quienes habían invocado el propio Decreto 99/2025 para reorganizar turnos ante la jubilación de un magistrado. Para la defensa municipal, esa actuación implicaba un reconocimiento práctico de las facultades que los jueces cuestionaban en tribunales. La Cámara rechazó incorporar la prueba porque la causa ya estaba en condiciones de recibir sentencia.

En paralelo, otros magistrados mantienen un litigio por diferencias salariales, luego de que Chahla derogara el régimen que equiparaba sus haberes con los de un secretario municipal.

La auditoría aporta una pieza central para entender el origen político del conflicto: documentó demoras, expedientes pendientes y problemas administrativos. Pero queda una cuestión que el informe no puede resolver y que está en manos de la Justicia: si la intendenta tenía facultades para corregir esas falencias mediante un decreto.