El Tribunal de Faltas recibió una auditoría que lo dejó mal parado: la respuesta de su titular

El presidente del Tribunal Municipal de Faltas, Fabián Lizondo Ruiz, desconoció la auditoría aprobada por decreto por la intendenta Rossana Chahla y advirtió que nunca fue notificado del procedimiento. El funcionario apuntó contra sistemas informáticos obsoletos, actas de infracción anuladas por errores de inspectores y reclamó la reforma de un Código de Faltas que rige desde 1982.

La relación entre el Tribunal Municipal de Faltas (TMF) y la administración de la capital tucumana sumó un nuevo capítulo de tensión. La intendenta Rossana Chahla había aprobado por decreto una auditoría oficial que detectó una presunta paralización masiva de causas en 2024, una acumulación histórica de expedientes sin juzgar entre 2019 y 2023 e irregularidades en la prescripción de multas. Frente a ese escenario, Lizondo Ruiz descalificó el procedimiento y expuso las limitaciones operativas con las que, según dijo, funcionan los juzgados.

Sin notificación y con conclusiones que omiten el contexto

El titular del órgano judicial municipal negó la validez formal del relevamiento del Ejecutivo. Aseguró que nunca existió una notificación del inicio de la auditoría y que los juzgados que integran el cuerpo tampoco fueron informados. En ese marco, remarcó que las conclusiones publicadas en el Boletín Oficial omiten las dificultades estructurales y tecnológicas de larga data que atraviesa la repartición, las cuales, sostuvo, fueron informadas formalmente al municipio de manera reiterada.

Programas con más de 15 años y actas que caen por errores formales

Lizondo Ruiz detalló que dos de los tres programas informáticos en uso —los sistemas Sinai, CIT y SAE— tienen más de 15 años de antigüedad, lo que impide el cobro judicial efectivo de las infracciones impagas por trabas operativas del software. A ese retraso técnico se suma una insuficiencia persistente de personal calificado y la falta de equipamiento informático moderno para gestionar el flujo documental.

El magistrado también apuntó contra la labor operativa de las distintas direcciones municipales: advirtió que una gran cantidad de actas de infracción son declaradas nulas por contener graves errores formales y legales. En ese sentido, afirmó que la función central del tribunal es salvaguardar los derechos de los ciudadanos ante el atropello de algunos inspectores, y recordó que el cobro de multas requiere formalismos estrictos para no incurrir en actos ilegales. A eso agregó frecuentes fallas de registración y carga en dependencias ajenas al tribunal.

El conflicto salarial que escaló y el reclamo de fondo

En su descargo, el presidente del TMF se refirió al conflicto salarial que se desató tras la firma del decreto de marzo de 2024, que dispuso la equiparación remuneratoria de los jueces de Faltas con los secretarios municipales. Ante la falta de liquidación de los haberes acordados, los magistrados interpusieron medidas legales preparatorias. La situación se agravó en agosto, cuando un nuevo decreto intentó revocar intempestivamente esa equiparación. Aunque la intendencia finalmente dio marcha atrás y restableció el régimen de intangibilidad salarial, Lizondo Ruiz responsabilizó a funcionarios sin experiencia que asesoran erróneamente a la jefa municipal.

Como salida de fondo a la crisis del sistema de faltas, el titular del tribunal reiteró la necesidad de reformar el Código de Faltas municipal vigente desde 1982. Argumentó que tras más de cuatro décadas de vigencia, las transformaciones urbanas, tecnológicas y sociales tornan imprescindible su modernización. También instó a consolidar un diálogo institucional conjunto que respete la autonomía funcional y jerárquica del Tribunal para garantizar un servicio de justicia transparente y eficiente para la comunidad.