El Tribunal Superior puso la lupa sobre el juzgado de Ludueña en El Calafate
Política · Santa Cruz

El Tribunal Superior puso la lupa sobre el juzgado de Ludueña en El Calafate

El máximo tribunal provincial ordenó revisar cómo trabaja el juzgado que conduce Alberto Ludueña en El Calafate. La resolución no menciona irregularidades, pero apunta a detectar demoras en los expedientes.

El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz ordenó una inspección en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia de El Calafate, que tiene como titular al juez Alberto Abel Ludueña. La decisión busca revisar cómo funciona el día a día de esa dependencia judicial.

La medida fue dispuesta mediante una resolución que firmó el 17 de noviembre el presidente del máximo tribunal provincial, Gabriel Contreras Agüero. La revisión quedó a cargo de la Cámara de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial.

Qué se va a revisar

El control tiene como objetivo conocer la operatoria cotidiana del juzgado, la organización del trabajo y el estado en que se encuentran los expedientes en trámite. Con esa información, se procurará detectar demoras, fallas u otras situaciones que puedan requerir correcciones.

Desde el Poder Judicial explicaron que este tipo de inspecciones forma parte de las facultades de supervisión del Tribunal Superior y que apuntan a asegurar un servicio de justicia eficiente, sin dilaciones injustificadas.

Sin imputaciones ni plazos definidos

La resolución no señala incumplimientos por parte de Ludueña ni menciona irregularidades concretas. Tampoco fija cuándo se hará la inspección ni establece un plazo para la presentación de sus conclusiones.

Ludueña está al frente del juzgado desde agosto de 2024 y, además, subroga el Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil de El Calafate desde que Carlos Albarracín dejó ese cargo para sumarse a la Cámara Criminal de Río Gallegos.

Cuando finalice la revisión, la Cámara de Apelaciones deberá informar los resultados y evaluar si corresponde proponer cambios en el funcionamiento de una dependencia que interviene en asuntos civiles, comerciales, laborales, de familia y de minería.

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