El truco que usó Jujuy con los subsidios: 88.000 usuarios pagarán la luz más cara

Las asociaciones CODELCO y PROCONSUMER presentaron un amparo con medida cautelar urgente ante el Juzgado Federal N° 1 para frenar el nuevo cuadro tarifario de EJESA, que impacta en unos 88.000 usuarios jujeños con subas de entre el 25% y el 30%.

La abogada especialista en derechos de los usuarios e integrante de CODELCO, Alicia Chalabe, confirmó la presentación judicial contra la Resolución N° 297/2026 de la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (SUSEPU). La acción busca detener el esquema tarifario publicado en septiembre y aplicado por la distribuidora EJESA entre agosto y octubre de 2026.

Qué dice la resolución nacional que Jujuy no aplicó

En diálogo con Radio 2, Chalabe explicó que el conflicto central pasa por cómo la provincia instrumentó la normativa que bajó desde la Secretaría de Energía de la Nación para los inscriptos en el Registro de Subsidios Nacionales (RESEF).

Las resoluciones nacionales dispusieron una reducción gradual del tope de consumo subsidiado: de 300 kWh bajó a 200 kWh, con proyección a 150 kWh. Pero el artículo 4° del esquema federal incorporó una bonificación compensatoria del 25% sobre la tarifa para amortiguar el golpe en los hogares.

Según la denuncia, la SUSEPU aplicó la quita del subsidio sin trasladar esa bonificación a las boletas de los usuarios jujeños.

"Todo el fundamento de la baja de subsidios se establece a nivel nacional, pero el artículo cuarto de esa resolución establecía una bonificación del 25% de la tarifa, por lo que en los hechos no se iba a producir una quita brusca. Esto no sucedió en Jujuy: aquí nos quitan los subsidios y no hay bonificación", marcó Chalabe.

La letrada comparó con lo que ocurrió en provincias vecinas. Salta y Tucumán encauzaron la aplicación del marco nacional con compensaciones para atenuar la suba, mientras que en Jujuy la falta de absorción expone a amplios sectores a la morosidad y al corte del suministro.

El voto en disidencia que quedó asentado en la resolución

Chalabe también apuntó contra el impacto social de la medida: afirmó que la restricción de topes golpea con fuerza a familias de bajos ingresos y a adultos mayores con haberes mínimos o ingresos por debajo de la canasta básica regional.

Y reveló un dato institucional que figura en la propia Resolución 297/2026: uno de los vocales del directorio de la SUSEPU, Facundo Luna, votó en disidencia y no acompañó el texto final que aprobó la mayoría de la conducción del ente regulador.

"Esta resolución se aplica a personas que no cubren tres canastas básicas, pero en Jujuy hay salarios menores a una canasta. La tarifa social provincial es escasa y tiene un tope mínimo de kilovatios; superado ese margen de 150 kWh, el resto se paga a tarifa normal. Decirle a la gente 'apaguen las luces o reduzcan el consumo' es cargar al usuario con la política energética, cuando todas las familias ya se están cuidando al máximo", indicó.

Qué pide el amparo y por qué es urgente

Como los montos ya están vigentes en las facturas de EJESA, la presentación judicial reclama una medida cautelar de no innovar sin esperar el trámite ordinario de traslado de la demanda a la Secretaría de Energía de la Nación.

La acción pide declarar la nulidad de la resolución provincial y la inaplicabilidad de los decretos reglamentarios. Además, cuestiona la falta de intervención y control de la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Legislatura de Jujuy sobre el ente de contralor energético.