El vertedero de Bariloche divide a los legisladores: dos proyectos, una sola urgencia

Vecinos de los barrios aledaños al vertedero de Bariloche vienen sufriendo incendios, humo y olores hace años. Ahora, los legisladores presentaron dos planes para cerrarlo: uno apuesta a crear entes regionales, el otro a una comisión que defina el futuro centro ambiental... pero ninguno dice dónde quedará.

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El vertedero de Bariloche divide a los legisladores: dos proyectos, una sola urgencia
El vertedero de Bariloche divide a los legisladores: dos proyectos, una sola urgencia

La crisis del vertedero de Bariloche volvió a exponer la falta de acuerdos en la Legislatura de Río Negro. Tras una reunión de la mesa de trabajo interinstitucional celebrada el 21 de agosto, los bloques no lograron consensuar una iniciativa única y presentaron dos proyectos alternativos para resolver el problema de los residuos en la región.

En ese encuentro, vecinos, concejales y organizaciones ambientales habían instado a los dirigentes provinciales a unificar criterios. Sin embargo, la ausencia de Juntos Somos Río Negro y del partido del intendente Walter Cortés marcó el tono de una discusión que sigue abierta.

Un proyecto con 20 firmas

Este miércoles, los legisladores de Cambia Río Negro, La Libertad Avanza, el PRO, Vamos con Todos y el Partido Justicialista-Nuevo Encuentro ingresaron una propuesta respaldada por 20 firmas. La iniciativa apuesta a la creación de Entes Interjurisdiccionales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), una herramienta que permitiría a municipios, comunas y comisiones de fomento asociarse para gestionar los residuos de manera conjunta.

Según explicaron los impulsores, estos entes tendrían autonomía administrativa y financiera, con recursos provenientes de aportes municipales, fondos específicos GIRSU y financiamiento nacional o internacional. “Los municipios por sí solos no pueden resolver una problemática que requiere infraestructura, tecnología, planificación e inversiones”, señalaron.

El proyecto también pone el acento en la transparencia y el control de los plazos, para “salir de promesas y frustraciones”. La meta, dijeron, es “cerrar y remediar los basurales existentes” y avanzar hacia una gestión moderna de residuos con perspectiva de “basura cero”.

La alternativa regional

Por otro lado, las legisladoras Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) y Lorena Matzen (UCR), junto al legislador Javier Acevedo (ARI), presentaron una iniciativa que propone crear una Comisión Regional para abordar el problema de los residuos en Bariloche, Dina Huapi y Pilcaniyeu. La comisión estaría integrada por representantes de la Provincia, los municipios, los Concejos Deliberantes, vecinos, organizaciones ambientales y recuperadores urbanos.

El objetivo central es elaborar un Plan Regional de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en un plazo de 180 días desde la constitución de la comisión. Ese plan deberá incluir un diagnóstico actualizado sobre la cantidad y composición de los residuos, los riesgos ambientales y sanitarios, y las alternativas para reducir el volumen destinado a disposición final.

La propuesta contempla la creación de un futuro Centro Ambiental Regional, aunque no define su ubicación. “La eventual localización deberá surgir de estudios técnicos, ambientales, hidrogeológicos, geomorfológicos, sanitarios, territoriales, sociales, económicos y logísticos actualizados”, aclararon. Los antecedentes, como el estudio de 2008 sobre un sector próximo a Pichi Leufu, serán considerados solo como información previa.

El proyecto también prevé un Consejo Técnico Asesor con participación de universidades, CONICET y especialistas, y un Sistema Público de Información Regional GIRSU para difundir datos sobre monitoreos, inversiones y avances. Además, incorpora expresamente a los recuperadores urbanos, con mecanismos para su inclusión laboral y productiva.

“La magnitud del problema supera los límites municipales y requiere una respuesta coordinada entre las distintas jurisdicciones”, subrayaron. La idea es que las tres localidades pasen “de las respuestas aisladas a una planificación común”, con plazos, responsabilidades y participación ciudadana.

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