El video anónimo que complica a Piccirillo: los querellantes exigen verlo y saber de dónde salió
El video que podría cambiar el rumbo de la causa llegó en un sobre anónimo. Ahora, las querellas quieren respuestas que la defensa no dio.
Dos querellas de la causa por el falso operativo policial que terminó con la detención de Francisco Hauque y Anahí Aquino Laprida le pidieron al juez Ariel Lijo acceso al video que presentó la defensa de Elías Piccirillo, en el que se vería cómo un policía plantó el arma y la droga en el auto.
También reclamaron que se investigue de dónde salió el archivo, cómo circuló y en qué condiciones ingresó al expediente.
El material, según la defensa de Piccirillo, llegó de manera anónima en un sobre cerrado al domicilio donde el exmarido de Jésica Cirio cumple arresto domiciliario y contendría un video del procedimiento policial que originó la causa.
El expediente tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11 y tiene como imputados a Piccirillo y a otras personas, en una investigación por un procedimiento que, de acuerdo con la acusación fiscal, habría incluido la colocación de un arma y cocaína en un vehículo para perjudicar a Hauque y a Aquino Laprida.

El abogado de Aquino, Augusto María Cassiau, en el escrito al que tuvo acceso TN, pidió la exhibición y vista del registro en la sede del juzgado, con constancia del acto. Argumentó que el video capta el momento de la detención de su asistida, a quien, siempre según la descripción de la contraparte, se escucharía con nitidez.
El escrito planteó un interrogante concreto: si la toma se hizo en tiempo real desde un teléfono situado en el lugar, y si quien filmó estaba junto a la detenida o era ella misma, cómo salió ese archivo de su poder y por qué vía llegó, en un sobre anónimo, al domicilio de Piccirillo.
“La continuidad de la toma, su posición respecto de la escena y la proximidad del audio indican que quien lo obtuvo se hallaba junto a ella o era ella misma”, planteó el abogado.

“Si el registro fue captado desde el teléfono celular de mi asistida, el interrogante se impone por sí solo: ¿cómo salió ese archivo de su poder y por qué vía llegó, en un sobre anónimo, al domicilio de uno de los imputados? La pregunta admite un número acotado de respuestas, y todas ellas resultan de interés directo para esta investigación”, agregó la defensa de Aquino.
Bajo esa premisa, el abogado requirió también un informe sobre el secuestro, la custodia, el peritaje y la eventual devolución del celular de Aquino Laprida, y sobre las personas que accedieron a su contenido.
El pedido de Hauque
En una presentación paralela, Hauque, con el patrocinio de Carlos Augusto Pousa Bogado, reclamó acceso integral al pendrive: la totalidad de los archivos, el video en su formato original, las constancias de recepción (fecha, hora y quién lo entregó), las medidas de preservación y eventuales valores hash o copias forenses.
Señaló que el dispositivo habría sido abierto y visualizado por el abogado de Piccirillo en una computadora personal antes de incorporarlo al expediente. Pidió copia digital o forense, con resguardo del soporte original.
“La propia presentación defensista atribuye al material una relevancia decisiva y pretende extraer de su contenido consecuencias concretas respecto de la hipótesis defensista. Precisamente por ello, y con independencia de la valoración que esa parte efectúa acerca de su contenido, la incorporación del elemento al proceso determina necesariamente el derecho de las restantes partes a conocerlo, examinarlo y controvertirlo”, se lee en el documento al que accedió este medio.
Hauque aclaró que pedir ver el material no implica consentir su incorporación ni reconocer autenticidad, origen, licitud o valor probatorio. Se reservó impugnaciones, nulidades, exclusiones y pericias una vez examinado el archivo.
Su abogado basó el pedido en el contradictorio y en la igualdad de armas: no puede haber debate real, dijo, sobre una evidencia que solo conoce una de las partes. En esa línea, recordó que la propia defensa había solicitado que, tras el resguardo del soporte, intervinieran el Ministerio Público Fiscal y la querella.