El video íntimo de una alumna de 17 años: quién pidió disculpas y quién sigue en el colegio

La difusión de imágenes íntimas de una estudiante de 17 años de un colegio privado de Catamarca derivó en dos causas judiciales y cuatro jóvenes señalados, aunque lo que se investiga en cada caso no es lo mismo. La Justicia catamarqueña avanza por dos carriles paralelos: uno por la producción y circulación del material, otro por el hostigamiento que sufrió la víctima.

Tres adolescentes quedaron imputados por la presunta producción y distribución de las imágenes de su compañera. Una cuarta involucrada, mayor de edad, está bajo la lupa por las agresiones y burlas que la estudiante denunció, con epicentro en el viaje de egresados a Bariloche.

Los tres imputados por el material íntimo

La primera investigación la lleva el fiscal Penal Juvenil Guillermo Narváez, que formuló cargos contra tres adolescentes por la presunta producción y distribución de representaciones sexuales de una persona menor de 18 años. El expediente, sin embargo, todavía no tiene la situación procesal definida.

Las defensas de dos de los jóvenes pidieron la nulidad del decreto de determinación del hecho. El argumento: cómo se individualizaron las conductas que se le atribuyen a cada acusado. La Fiscalía rechazó el planteo y después hizo lo mismo el juez de Control de Garantías, que validó la imputación. Pero uno de los abogados apeló, así que una instancia superior deberá revisar la resolución.

Hasta el momento en que se conocieron estas actuaciones, ninguno de los tres había prestado declaración indagatoria.

El joven que se cambió de colegio

Entre los tres imputados hay una diferencia que no había salido a la luz. Según pudo saber INFORAMA, uno de ellos pidió disculpas por lo ocurrido, se cambió de establecimiento educativo y no fue al viaje de egresados a Bariloche al que sí asistió la víctima.

Los otros dos denunciados siguieron vinculados al grupo escolar y participaron del viaje. El pedido de disculpas y el cambio de colegio son antecedentes que ayudan a reconstruir lo que pasó, aunque por sí solos no definen una responsabilidad penal ni equivalen a un reconocimiento de los delitos que se investigan. Es la Justicia la que deberá establecer qué participación tuvo cada uno en la presunta producción o circulación del material.

La defensa cuestiona las pruebas

El abogado Marcos Gandini, defensor de uno de los imputados, salió a cuestionar públicamente la acusación. Sostuvo que no hay elementos suficientes para demostrar que su asistido haya participado de la difusión.

Según el letrado, pese a los testimonios recibidos y al secuestro de teléfonos celulares, no se logró acreditar que los acusados recibieran, reenviaran o distribuyeran el video. También apuntó contra la imputación por no describir con precisión qué conducta se le atribuye a cada uno de los tres adolescentes. Por eso busca que se revise la validez del acto procesal.

La apelación pendiente no borra la condición de imputados, pero podría cambiar el rumbo del procedimiento si la Justicia resuelve anular la medida.

La cuarta involucrada: hostigamiento y salud psíquica

La segunda investigación tiene como protagonista a una joven mayor de edad que publicó en sus redes un video donde reconocía haber participado de situaciones de hostigamiento contra la estudiante. Como es mayor de 18, el caso quedó en manos de la fiscal Paola González Pinto, según confirmó INFORAMA.

Esta causa no estaría centrada en la distribución original del material íntimo, sino en las agresiones, burlas y humillaciones denunciadas después. En el video que se viralizó, la joven relató distintos episodios de maltrato hacia su compañera y admitió que las burlas eran reiteradas.

El bullying, mirado de forma aislada, no es una figura delictiva autónoma en el Código Penal argentino. Eso no quiere decir que las conductas denunciadas queden fuera del alcance de la Justicia. Una de las hipótesis a evaluar es si el hostigamiento provocó un daño en la salud psicológica de la víctima que pueda encuadrarse en el delito de lesiones leves, previsto en el artículo 89 del Código Penal.

Las evaluaciones psicológicas serán clave para determinar si existe una afectación de la salud psíquica y si puede vincularse con los hechos denunciados. Aun así, la eventual existencia de daño psicológico no configura automáticamente un delito: también hay que acreditar los demás requisitos legales y la responsabilidad de quienes intervinieron.

¿Puede haber más estudiantes involucrados?

Queda por esclarecer si la joven investigada actuó sola o si otros compañeros participaron de los episodios de hostigamiento. Los hechos denunciados durante el viaje de egresados habrían involucrado a más estudiantes, por lo que la investigación podría ampliarse si se identifican otras personas que hayan intervenido en conductas penalmente relevantes.

Entre ellas podrían aparecer adolescentes menores de edad, lo que obligaría a definir la competencia judicial y el régimen legal aplicable según la edad de cada uno. La participación de varias personas no es un agravante automático: para establecer responsabilidades hay que analizar la conducta de cada uno y las circunstancias concretas.

Dos causas, un mismo interrogante

La Justicia catamarqueña interviene así en dos investigaciones ligadas a la misma víctima, pero orientadas a conductas distintas. En la primera, Narváez deberá avanzar sobre la presunta producción y distribución del material íntimo mientras se resuelve la apelación contra la imputación de los tres adolescentes. En la segunda, González Pinto deberá establecer el alcance del hostigamiento, evaluar si hubo lesiones psicológicas y determinar si participaron otras personas.

El resultado de ambas causas dependerá de las pruebas reunidas y de la posibilidad de establecer responsabilidades individuales, tanto por la vulneración de la intimidad como por las agresiones posteriores.