El vínculo que la Justicia investiga entre los pagos a Santa Cruz y los votos de Vidal

Una ampliación de denuncia penal sobre el fideicomiso vial SISVIAL destapó una posible conexión entre la liberación de fondos para obras en Santa Cruz y el comportamiento de los legisladores del gobernador Claudio Vidal en el Congreso. El foco está puesto en si esos giros fueron una moneda de cambio para asegurar apoyos clave al gobierno de Javier Milei.

La diputada nacional Marcela Pagano impulsó la presentación, que ya está radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10. La investigación revisa 1.077 operaciones de pago realizadas entre enero de 2024 y mayo de 2026, y las cruza con el calendario de 35 votaciones legislativas decisivas.

¿Por qué apuntan a Vidal?

La denuncia busca determinar la responsabilidad de los funcionarios nacionales que autorizaron los pagos. Vidal no fue notificado como imputado, y la coincidencia temporal entre una transferencia y una sesión no prueba por sí sola un acuerdo ilícito. Sin embargo, dos de los desembolsos señalados fueron a parar a la Administración General de Vialidad Provincial, y los votos analizados corresponden a dirigentes de su espacio.

Según detalló Agencia Noticias Argentinas, el primer episodio bajo la lupa ocurrió después de la votación del decreto 179/2025, que habilitó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin conocer todos los detalles del crédito. La Cámara de Diputados lo aprobó el 19 de marzo de 2025, con el voto afirmativo de José Luis Garrido, de Por Santa Cruz.

Dos días después, el 21 de marzo, el fideicomiso vial liberó $6.596 millones. Según el análisis del expediente, el 99% de ese monto se concentró en beneficiarios de Santa Cruz, y el pago principal, de $3.885 millones, fue directamente a la vialidad provincial. Pagano llamó a esa secuencia “premio a las 48 horas”, aunque esa calificación todavía debe ser probada con evidencia contable y documental.

El segundo giro sospechoso

El otro caso data del 19 de mayo de 2026, cuando la Administración General de Vialidad Provincial recibió $2.104 millones. La presentación sostiene que fue el único pago asignado a Santa Cruz en los primeros cinco meses del año, y lo ubica justo antes de debates sobre zonas frías y otras iniciativas de interés para el oficialismo. También lo vincula con otro voto afirmativo de Garrido.

Los datos permiten ver montos, destinatarios y proximidad temporal, pero no explican cuándo cada certificado de obra quedó en condiciones de ser pagado. Esa diferencia es clave: un giro cerca de una votación puede deberse a un vencimiento administrativo normal o a una decisión discrecional. Por eso, la denuncia pide comparar la fecha de exigibilidad de cada certificado con el día en que se ordenó el desembolso.

En la votación general de la Ley Bases, en junio de 2024, los senadores José María Carambia y Natalia Gadano votaron en contra, pero luego se retiraron y quedaron ausentes durante el tratamiento en particular. Esa conducta pudo alterar mayorías en artículos específicos.

Pagano solicitó a la Justicia que requiera a Vialidad Nacional los convenios, certificados de obra y expedientes de los pagos a Santa Cruz. También pidió las actas de las sesiones analizadas y una pericia para determinar si hubo obligaciones vencidas retenidas, pagos adelantados o una alteración deliberada del orden de cancelación.

La hipótesis de la legisladora incluye posibles delitos de administración fraudulenta, cohecho, dádivas, malversación de caudales y negociaciones incompatibles con la función pública. Esas figuras forman parte de la denuncia y no implican procesamientos ni condenas. Al 18 de agosto no se había informado una resolución judicial que probara que Vidal instruyó votos o recibió una contraprestación ilegal. Se espera la respuesta del Ejecutivo provincial.