Eliminan un programa clave de control minero: qué pasará con la protección ambiental

El gobierno de Javier Milei desmanteló el sistema de monitoreo ambiental de la minería y dejó la fiscalización en manos de las provincias, en medio de una ola de desregulaciones que preocupa a especialistas.

La Resolución 64/2026 de la Secretaría de Minería eliminó el "Proyecto Federal de Fortalecimiento de Capacidades de Monitoreo de Variables Ambientales de la Minería", que desde 2022 brindaba apoyo técnico y financiero a las provincias.

¿Qué se pierde con esta decisión?

Ese programa, creado por la Resolución 53/2022, era el puente para que las autoridades locales tuvieran tecnología, fondos y equipamiento científico para supervisar los efectos de la explotación minera a gran escala.

El Gobierno justificó la baja alegando que "debe ser reemplazada por mecanismos alternativos más eficientes", pero no explicó cómo se reemplazará ni con qué presupuesto, dejando un vacío regulatorio.

El nuevo esquema: control documental y seguro contable

Las Resoluciones 66/2026 y 68/2026, publicadas en el Boletín Oficial, instrumentan los registros de inversiones y devoluciones de IVA. Pero sus anexos técnicos revelan que el control será puramente documental.

Las empresas solo deberán presentar digitalmente la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) emitida por cada provincia, sin que Nación audite en terreno la veracidad de esos informes.

Además, la prevención de daños ambientales se limita a dos opciones financieras: presentar una póliza del Seguro Ambiental Obligatorio o declarar una cuenta de previsión especial deducible de Ganancias hasta el 5% de los costos operativos.

Si hay dudas técnicas sobre seguridad ecológica, el Estado nacional no está obligado a enviar inspectores: la Dirección Nacional de Inversiones Mineras solo "podrá requerir" la intervención de la Subsecretaría de Ambiente cuando lo estime necesario.

Un retiro integral: también caen otros planes mineros

Esta decisión se suma a la desactivación del "Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino", el "Plan Nacional de Minería Social" y la "Red Federal de Mujeres Mineras Argentinas".

Paradójicamente, la rigurosidad fiscal se mantiene: las resoluciones aclaran que el ajuste "no interrumpe, sustituye ni extingue el control de ejecución y rendición de cuentas" de los fondos ya transferidos. Es decir, el Gobierno desactiva programas de protección sostenible pero conserva sus facultades de recaudación.