Embargaron a Próspero Sosa y a su hijo por $700 millones: la cifra que no esperaban
El juez Guillermo Díaz Martínez procesó sin prisión preventiva a Próspero Marcelo Sosa y a su hijo Marcio por el caso Las Pirámides, en terrenos de la UNT. La resolución incluye embargos por $700 millones: $500 millones para el padre y $200 millones para el hijo. La medida no implica una condena y ambos seguirán el proceso en libertad. La investigación analiza el avance del emprendimiento sobre el Parque Sierra de San Javier, con construcciones que pasaron de 25 viviendas en 2019 a 70 georrefere
El juez federal Guillermo Díaz Martínez procesó sin prisión preventiva a Próspero Marcelo Sosa y a su hijo Marcio Sosa en la causa por el emprendimiento inmobiliario Las Pirámides, ubicado dentro del Parque Sierra de San Javier, en terrenos que pertenecen a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). La resolución también dispuso embargos por $700 millones: $500 millones para el padre y $200 millones para el hijo.
La medida no implica una condena y ambos continuarán el proceso en libertad. Según la resolución, Próspero Sosa fue procesado como presunto autor de usurpación mediante despojo, defraudación por estelionato y daño agravado a bienes de uso público. A Marcio Sosa se le atribuyó una participación secundaria en los hechos vinculados con la usurpación y los daños.
El avance sobre el cerro
El expediente investiga el crecimiento del emprendimiento sobre un sector del Parque Sierra de San Javier, a la altura del kilómetro 28 de la ruta provincial 338. La UNT posee esos terrenos desde 1948 y el conflicto con Sosa se remonta a varios años atrás, con distintas actuaciones judiciales por la ocupación del lugar y las construcciones realizadas.
Uno de los puntos que consideró el magistrado fue el crecimiento de las construcciones dentro del predio. De acuerdo con las constataciones incorporadas al expediente, en abril de 2019 se habían registrado 25 viviendas terminadas y una en construcción. Para 2022 se detectaron otras 21 viviendas y un importante desmonte, mientras que en abril de 2024 se contabilizaron 54 construcciones y un relevamiento posterior georreferenció 70.
Operaciones bajo la lupa
La investigación también puso bajo análisis operaciones inmobiliarias realizadas entre 2019 y 2024. El fallo señala que se acreditó la existencia de al menos 19 boletos de compraventa y una cesión de derechos posesorios, y que al menos 12 de esas operaciones se concretaron después de una medida cautelar dictada el 3 de diciembre de 2018 que prohibía nuevas construcciones, ventas de lotes, tala y otras intervenciones en el lugar.
La causa actual está vinculada con otro expediente en el que Sosa ya había sido condenado. En diciembre de 2024 recibió una pena de un año de prisión en suspenso y una multa de $30 millones por desobediencia a un funcionario público, debido al incumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con las intervenciones en el predio. Esa sentencia quedó firme al no ser apelada.
El juez también analizó las intervenciones realizadas sobre el área protegida y mencionó desmontes, tala, apertura de caminos y modificaciones de la morfología del terreno como elementos considerados para sostener la imputación por daño agravado a bienes de uso público.
La resolución representa un nuevo capítulo en el extenso conflicto entre la UNT y los responsables del emprendimiento Las Pirámides, que se desarrolla tanto en el ámbito judicial como en torno a la protección del patrimonio de la universidad y del área ambiental donde se encuentra el predio.
