Embargo millonario en Pinto: la Justicia apunta a la firma de Cadamuro por tierras en disputa

La pelea por las tierras en el sur santiagueño sumó un nuevo round judicial que pone a una empresa vinculada a Andrés Cadamuro contra las cuerdas. El Juzgado ordenó un embargo de US$ 800.000 contra POR CAD AGRO S.A.S., en una causa por daños y perjuicios que gira en torno a campos de Pinto, en el departamento Aguirre.

El Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (MOCASE-VC) fue el encargado de difundir la noticia. Según la organización, la medida fue dispuesta en el marco de una demanda iniciada por César Zerda y Lucas Fiori, quienes denuncian perjuicios vinculados a la posesión y explotación de los predios.

¿Qué denuncia el MOCASE?

La entidad campesina sostiene que la firma habría intentado quedarse con los campos mediante contratos de arrendamiento que califica de “maliciosos”. Esos acuerdos, siempre según la versión del MOCASE, habrían servido para sembrar confusión sobre la titularidad de los inmuebles.

Pero hay más: la organización también denuncia que el ingreso de maquinaria a los establecimientos rurales se habría hecho con el respaldo de grupos de hombres armados. Son acusaciones graves que, por ahora, forman parte de la versión difundida por el MOCASE y que deberán ser probadas en los expedientes judiciales.

Un conflicto con historia

La disputa por las tierras de Pinto no nació ayer. Ya en 2022, EL LIBERAL informó sobre un conflicto por un establecimiento de aproximadamente 1.000 hectáreas en la zona. En ese momento, representantes de POR CAD AGRO aseguraron que la empresa había comprado el inmueble después de que un contrato previo fuera rescindido por falta de pago, mientras que la otra parte había presentado denuncias por presunta estafa, desbaratamiento de derechos acordados y usurpación.

Además, en un boletín oficial de 2021 aparece una presentación de la empresa para iniciar un trámite de prescripción adquisitiva sobre un inmueble en Villa General Mitre, también en el departamento Aguirre. Eso muestra que la firma ya venía moviéndose en el terreno registral de la zona.

El fantasma de la apropiación de tierras

Para el MOCASE, el caso de Fiori y Zerda no es un episodio aislado. La organización lo conecta con otros conflictos que viene denunciando hace años, como el que ocurrió en 2024 con la Comunidad Indígena Sentimiento de Mi Tierra del Pueblo Sanavirón, donde también se habría denunciado la presencia de personas armadas para avanzar sobre tierras comunitarias.

Y el año pasado, en julio, el propio MOCASE difundió el testimonio de Franco Darío Luna, que vinculaba a Andrés Cadamuro con Diego Kemel en el marco de otra disputa por tierras en Las Abras.

Un dato que complica el panorama

Mientras tanto, en los registros públicos aparece otro dato que agrega presión: POR CAD AGRO S.A.S. está en concurso preventivo. El Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba registró la apertura del proceso en septiembre de 2025, tramitado ante un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Córdoba.

Ese dato no prueba una relación directa con el conflicto por los campos de Pinto, pero sí pinta un escenario delicado para la firma.

La tierra, siempre en el centro

Este nuevo capítulo judicial vuelve a poner sobre la mesa un problema histórico del interior santiagueño: la seguridad jurídica sobre la tierra. En el sur provincial, la expansión agrícola y la valorización de los campos dispararon el interés económico sobre tierras que durante décadas fueron ocupadas, arrendadas o explotadas de diversas maneras.

Las disputas por la posesión pueden tener un peso económico enorme, pero también pueden derivar en conflictos sociales cuando aparecen denuncias de amenazas, violencia o uso de grupos de presión. Por eso, lo que pasa en Pinto excede a las partes involucradas: está en juego cómo se garantiza el derecho a producir sin que los conflictos terminen en hechos de violencia.

El rol del Estado

En ese marco, el MOCASE-VC reconoció el trabajo del Gobierno de Santiago del Estero para intervenir en los conflictos de tierras. La organización valoró el diálogo impulsado desde la conducción provincial y pidió profundizarlo, con el objetivo de que las diferencias se resuelvan en los ámbitos judiciales e institucionales, y no en el terreno de los hechos.

Qué viene ahora

El embargo de US$ 800.000 es un movimiento importante, pero no es una condena. La medida busca garantizar eventuales obligaciones y deberá ser analizada dentro del expediente.

La evolución de la causa será clave para saber el alcance real de esta decisión, las responsabilidades que puedan surgir y qué pasa con los campos de Pinto. También habrá que escuchar la versión de Andrés Cadamuro y de POR CAD AGRO S.A.S., que hasta ahora no se han pronunciado sobre este nuevo capítulo.

Mientras tanto, el conflicto sigue abierto y la discusión de fondo, la del derecho a la tierra, sigue más vigente que nunca en el sur santiagueño.