Emergencia en discapacidad: la oposición juntó 133 votos pero no logró tratarla y FATRADIS anticipa nuevas movilizaciones

La Cámara de Diputados volvió a ser escenario de una pulseada por la emergencia nacional en discapacidad. La oposición reunió 133 votos para intentar tratar la prórroga hasta 2027, pero no alcanzó la mayoría especial requerida. Desde Rosario, la Federación Argentina de Transportistas para Personas con Discapacidad (FATRADIS) salió a destacar el respaldo y ya anticipa nuevas movilizaciones.

Qué pasó en Diputados

El proyecto que busca extender la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027 fue impulsado por el diputado Juan Marino, vicepresidente de la Comisión de Discapacidad. Durante la sesión del miércoles, pidió un apartamiento del reglamento para que la iniciativa pudiera ser discutida directamente en el recinto.

La moción, sin embargo, no logró los votos necesarios: 133 a favor, 107 en contra y 11 abstenciones. El apartamiento del reglamento exige una mayoría de tres cuartos, por lo que el tema quedó pendiente.

Pese al traspié, la oposición leyó el resultado con optimismo. Con 129 diputados se puede alcanzar el quórum para abrir una sesión y llevar el proyecto al recinto, algo que consideran posible en las próximas semanas.

“Lo ocurrido demuestra que existe una base parlamentaria importante para seguir avanzando. El próximo objetivo es lograr un emplazamiento a las comisiones correspondientes para que el proyecto sea tratado y pueda finalmente llegar al recinto”, sostuvo Pablo Bolego, presidente de FATRADIS.

La emergencia vence a fin de año

La ley 27.793 declaró la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de extenderla un año más. La norma contempla medidas sobre prestaciones, pensiones, actualización de aranceles y protección de derechos de las personas con discapacidad.

El gobierno nacional reglamentó la ley en febrero de este año mediante el Decreto 84/2026, que incluyó disposiciones sobre la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social y mecanismos destinados a los prestadores.

La discusión actual apunta a extender la emergencia durante 2027. Pero para FATRADIS, el problema no se resuelve solo con la prórroga.

El reclamo de los prestadores

Bolego aseguró que la ley no se está cumpliendo de manera integral y que hay puntos centrales pendientes. Uno de los más graves: más de 200.000 personas siguen esperando una pensión por discapacidad pese a haber avanzado con la documentación y los trámites correspondientes.

El dirigente también puso el foco en la situación económica de los prestadores. “Venimos de años de un deterioro muy profundo. La recomposición necesaria para corregir el desfasaje acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 no reconoció adecuadamente la evolución real de los costos”, señaló.

Según explicó, luego comenzaron las actualizaciones por IPC, pero sobre una base que ya había quedado retrasada. “Si se actualiza por inflación un arancel que ya está retrasado, lo que se hace es mantener el atraso. Por eso sostenemos que todavía existe una deuda importante con todo el sistema de prestaciones”, afirmó.

La organización también cuestiona el mecanismo de compensaciones, que consideran “cargado de burocracia”. “Se generó un procedimiento con presentación de facturas, expedientes, subsanaciones y distintas instancias administrativas sin pautas suficientemente claras”, detalló Bolego.

Reclaman estudios de costos

Otro de los planteos de FATRADIS es la necesidad de actualizar los aranceles a partir de estudios de costos específicos para cada prestación. “La ley es clara: los aranceles deben analizarse a partir de estudios de costos reales. Eso no ocurrió. No fuimos convocados a participar de ningún estudio integral ni conocemos que se haya realizado un análisis serio que determine cuánto cuesta efectivamente brindar cada prestación”, afirmó.

Y agregó: “No estamos pidiendo aumentos arbitrarios. Estamos reclamando que se cumpla el mecanismo que la propia ley establece”.

Anticipan nuevas movilizaciones

Desde FATRADIS adelantaron que continuarán articulando con otras organizaciones del sector y que volverán a movilizarse cuando el proyecto llegue al recinto. “Cuando este proyecto llegue al recinto vamos a convocar y a movilizarnos nuevamente. No solamente por la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2027, sino también por el cumplimiento integral de la ley”, sostuvo Bolego.

La organización considera que el debate excede la continuidad formal de una norma y alcanza directamente al funcionamiento del sistema de prestaciones, a los trabajadores y prestadores y al acceso de las personas con discapacidad a los servicios que necesitan. “Lo que está en juego es la continuidad de las prestaciones, el trabajo de miles de personas y, fundamentalmente, los derechos de las personas con discapacidad”, concluyó.