Emergencia en Tucumán: El polémico proyecto que divide a la Legislatura y genera críticas por “sobreactuar”

La Legislatura tucumana se prepara para un debate de alto voltaje este jueves. Un proyecto para declarar la emergencia económica y social, impulsado por el oficialismo, enfrenta una fuerte oposición que lo tilda de innecesario y redundante, en medio de la crítica situación por las inundaciones en el sur provincial.

La iniciativa, que lleva la firma del legislador Gerónimo Vargas Aignasse, obtuvo dictamen favorable por mayoría en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que preside Carlos Gallia del bloque Justicialista. El texto propone declarar la emergencia por 180 días para asistir a las familias afectadas y recuperar las actividades productivas dañadas.

El proyecto otorgaría amplias facultades al Poder Ejecutivo provincial, incluyendo la posibilidad de reasignar partidas presupuestarias, implementar programas extraordinarios y otorgar ayudas económicas directas. El dictamen de mayoría fue acompañado por los legisladores Carlos Najar, Sandra Figueroa, Sara Lazarte y Hugo Ledesma, y contó con un respaldo parcial de algunos sectores opositores.

¿Una ley que ya existe?

Sin embargo, el consenso está lejos de ser total. Desde un sector de la oposición surgieron cuestionamientos de fondo. Claudio Viña, de Compromiso Tucumán y único opositor dentro de la comisión, firmó un dictamen en minoría rechazando la propuesta.

Viña, junto a los legisladores José Cano, Walter Berarducci, Roberto Moreno, Maia Martínez y Roque Argañaraz, argumenta que la iniciativa es redundante. Su fundamento principal es que ya existe una ley de emergencia hídrica: la Ley 7.875, sancionada en 2007.

“El fundamento principal es que ya existe una ley de emergencia hídrica”, sostuvo Viña. Esa normativa declara la emergencia hídrica y social en toda la provincia por 120 días, con posibilidad de prórroga por dos años, y ha sido extendida en múltiples oportunidades.

Su vigencia fue renovada recientemente hasta diciembre de 2026 mediante la Ley 9.941. El legislador opositor remarcó que dicha legislación ya habilita herramientas similares a las que plantea el nuevo proyecto, como la reasignación de recursos y la suspensión de ejecuciones fiscales.

Críticas a la “sobreactuación” y la eficacia

En ese marco, Viña consideró que avanzar con una nueva declaración implica “sobreabundar en legislación” y calificó la propuesta oficialista como una “sobreactuación de la emergencia”. Pero sus críticas van más allá de la redundancia.

El legislador planteó una crítica más amplia sobre la eficacia real de estas herramientas. “La emergencia existe, porque hay gente inundada o viviendo al costado de la ruta. El problema es que las leyes de emergencia no funcionan o no se aplican correctamente”, afirmó.

Viña advirtió que Tucumán se ha convertido en una provincia con reiteradas declaraciones de emergencia sin que se traduzcan en resultados estructurales visibles para la población afectada. Esta postura pone el foco en la implementación más que en la declaración misma.

En paralelo al debate legislativo, surgen cuestionamientos sobre el manejo concreto de los recursos. A fines de enero, la legisladora Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán) presentó un pedido de informes para conocer cómo se ejecutaron los fondos asignados a la emergencia hídrica y social en el marco de la Ley 7.875.

Este cruce entre el debate por una nueva norma y los pedidos de rendición de cuentas sobre leyes anteriores configura un escenario político complejo. La sesión de este jueves promete exponer estas tensiones en un momento donde la necesidad de respuestas para el sur provincial es urgente.