Emergencia hídrica aprobada en Chubut: críticas por la falta de un plan y el riesgo de las perforaciones

La Legislatura de Chubut dio luz verde a la emergencia hídrica por un año, pero la medida no estuvo exenta de polémica. La oposición denunció la ausencia de un plan estratégico y los peligros de habilitar perforaciones sin controles ambientales rigurosos.

La ley general 086/2026 fue sancionada este jueves y otorga al Instituto Provincial del Agua (IPA) y a la Secretaría de Infraestructura la facultad de ejecutar contrataciones directas y obras urgentes. Además, el Ejecutivo podrá reasignar partidas presupuestarias para afrontar la contingencia.

Defensa oficial y urgencia

El diputado Sergio Ongarato, del oficialismo, defendió la iniciativa en el recinto y subrayó la necesidad de obras prioritarias en distintos puntos de la provincia. Según explicó, la norma permitirá reforzar tomas de agua, reparar acueductos y realizar perforaciones.

En su intervención, Ongarato justificó los mecanismos de respuesta rápida argumentando que "sin agua no hay posibilidad de que sea consumida por los seres humanos en forma segura, no es posible la producción, no es posible el desarrollo".

Críticas opositoras: falta de controles y fondos

La diputada Tatiana Goic decidió abstenerse y apuntó contra la falta de previsibilidad del organismo de control. Cuestionó que el titular del IPA se presentara ante la comisión sin un informe anual y advirtió que la ley busca evadir los actos administrativos correspondientes para las contrataciones estatales.

"Cuando no hay un plan, tampoco hay plata que alcance", sentenció Goic, remarcando que los fondos públicos pertenecen a todos los chubutenses.

Carlos Arbilla, otro de los legisladores que rechazó la medida, consideró "sumamente riesgoso" avanzar con perforaciones sin tener cuantificada la capacidad de recuperación del agua subterránea. "Solamente es pensar en atacar la emergencia exclusivamente en esta instancia, sin tener realmente un plan de desarrollo hídrico", aseguró.

Dudas sobre los usos del agua y el control de cuencas

El diputado Santiago Aquino alertó que el texto sancionado no restringe la prioridad de uso de las nuevas perforaciones al consumo humano o a pequeños productores. Manifestó sospechas sobre la "letra chica" del proyecto y advirtió que los acuíferos podrían quedar liberados para "el resto de los posibles usos en general", como minería o industria.

María Andrea Tamame, que acompañó la iniciativa, introdujo un matiz: denunció desviaciones irregulares a lo largo del río que agravan la crisis, más allá de la falta de nevadas. También expuso su preocupación porque actualmente solo existen dos comités de cuenca activos, lo que genera interrogantes sobre quién decidirá los cortes de suministro y la distribución del riego.

Vacios de información oficial

La diputada Andrea Abril reclamó mayor transparencia en los datos públicos y dificultades para acceder a información certera sobre los productores alcanzados. Para graficar la desactualización, reveló que la página web del Ministerio de Producción sigue mostrando a Laura Mirantes como ministra, de la gestión anterior.

"Es muy difícil realmente cuando los funcionarios no son los que dan la información, cuando los funcionarios no son los que ponen la cara", concluyó Abril.

El texto final establece que los titulares de cada jurisdicción deberán velar por el cumplimiento de la normativa y tendrán la obligación de informar los gastos bajo esta modalidad de excepción cada sesenta días ante el nuevo comité de emergencia hídrica.