Emergencia por ejecuciones prendarias en La Rioja: la medida que da un respiro a los deudores

¿Sabías que en La Rioja los deudores prendarios tienen 180 días de tregua? La nueva ley que suspendió las ejecuciones y lo que significa para las familias.

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Emergencia por ejecuciones prendarias en La Rioja: la medida que da un respiro a los deudores
Emergencia por ejecuciones prendarias en La Rioja: la medida que da un respiro a los deudores

La Legislatura de La Rioja aprobó una ley que suspende por 180 días las ejecuciones prendarias. La diputada Lourdes Ortiz lo definió como una “ventana de tiempo” para que las familias puedan reorganizar sus finanzas antes de que los acreedores avancen con los remates.

La norma, que declara la emergencia social y económica en esta materia, fue impulsada por el bloque Justicialista tras conversaciones con el gobernador. Según explicó la legisladora en diálogo con Aquí & Ahora, el objetivo es dar herramientas frente al creciente endeudamiento que atraviesan los hogares riojanos.

¿Qué implica la suspensión?

Ortiz fue clara: la ley no perdona deudas ni modifica capitales o intereses. Solo frena temporalmente las ejecuciones de garantías prendarias, es decir, la posibilidad de que un acreedor se quede con el bien dado en garantía ante el incumplimiento de pago.

“Es una ventana de tiempo para las familias”, sostuvo la diputada, y remarcó que la iniciativa busca “armonizar” las tensiones entre acreedores y deudores en un contexto económico adverso.

La legisladora también puso el foco en la realidad nacional: cada vez más argentinos recurren al crédito para cubrir necesidades básicas. “Los argentinos hoy se endeudan cubriendo necesidades básicas y elementales”, afirmó, y advirtió que el problema no puede tratarse como una simple relación entre privados sin contemplar el contexto económico.

Un ejemplo concreto

Ortiz mencionó el caso de trabajadores que perdieron su empleo y, tras cobrar una indemnización, decidieron invertir ese dinero en un emprendimiento comercial para generar nuevos ingresos. Para ellos, la suspensión de las ejecuciones puede ser la diferencia entre sostener su proyecto o perderlo todo.

La ley tendrá una vigencia de 180 días, un período que se espera sirva para que los deudores puedan renegociar con sus acreedores y ordenar sus economías, sin que eso implique eliminar las obligaciones contraídas.

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