Emilio Rached creía que zafaba de la condena, pero la Justicia le dio un golpe inesperado

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó por mayoría el recurso presentado por la defensa del exintendente de Pinto, Emilio Alberto Rached, y de su exsecretaria de Economía, Ana María Vera. Con esa decisión, quedó firme la sentencia que les impuso el 30 de diciembre de 2025 por peculado y malversación de fondos públicos.

El fallo fue dictado por los jueces Daniel Antonio Petrone —presidente de la Sala—, Javier Carbajo y Ángela E. Ledesma, quienes confirmaron la resolución del Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero.

Las penas que deberán cumplir

En aquella sentencia de diciembre, el tribunal —integrado por Abelardo Basbús, Ana Carina Farías y Federico Bothamley— condenó de manera unánime a Rached a tres años de prisión de ejecución condicional y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Lo hallaron culpable de peculado y malversación de fondos públicos, en concurso ideal de delitos, en perjuicio de la administración pública.

Vera, en tanto, recibió una pena de dos años y tres meses de prisión condicional y también la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Los jueces la consideraron coautora de los mismos delitos que el exjefe municipal.

Ninguno de los dos quedó detenido tras escuchar el veredicto, aunque ambos deberán cumplir reglas de conducta durante dos años y afrontar el pago conjunto de $5.143.590. Ese monto debe actualizarse según la tasa pasiva del Banco Nación desde el 30 de octubre de 2018 hasta la actualidad.

Qué dijeron desde la Fiscalía

En los alegatos de clausura, la Fiscalía remarcó la acumulación de irregularidades administrativas y la falsificación ideológica de trámites internos para concretar el desvío de fondos. Sostuvo que a Rached correspondía agravarle la pena por su mayor responsabilidad como líder del municipio y por su trayectoria política, que incluyó los cargos de vicegobernador de la provincia y senador. A Vera la ubicó como una persona de confianza del exintendente, que respondía con fidelidad a sus pedidos.

El origen de la causa

La investigación arrancó por la desviación de dinero que la Secretaría de Infraestructura Urbana del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación había enviado en 2018 a Pinto, cuando Rached era intendente. Los fondos estaban destinados a mejorar "la infraestructura básica y el fortalecimiento comunitario en los barrios España, San Martín, El Tigre y Libertad", además de la construcción de un polideportivo y de desagües cloacales para la ciudad.

Funcionarios nacionales declararon que se enviaron $44.325.199,60 de los $80.000.000 presupuestados, y nunca se pudo saber el paradero de $4.511.881,40. Un relevamiento determinó, además, que la obra del sistema de desagües cloacales no había alcanzado el 30% de ejecución.

En el mismo juicio fue condenado Diego Kemel a dos años de prisión de ejecución condicional y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al ser considerado partícipe necesario del delito de peculado en perjuicio de la administración pública.