Emilio Rached creyó que podía esquivarla, pero la máxima instancia penal federal le bajó el martillo

Emilio Rached fue intendente, vicegobernador y senador nacional. Ahora, la máxima instancia penal federal confirmó su condena por el manejo de fondos destinados a obras en Pinto. Los detalles que la Justicia dio por probados.

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Emilio Rached creyó que podía esquivarla, pero la máxima instancia penal federal le bajó el martillo
Emilio Rached creyó que podía esquivarla, pero la máxima instancia penal federal le bajó el martillo

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso de la defensa y dejó firme la condena contra Emilio Alberto Rached, exintendente de Pinto, exvicegobernador y exsenador nacional, por peculado y malversación de caudales públicos durante su gestión al frente del municipio.

La Sala I del tribunal confirmó así la sentencia que había dictado el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero: tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua para el dirigente santiagueño.

En la misma resolución, los camaristas ratificaron la condena contra Ana María Vera, quien fuera secretaria de Economía de la Municipalidad de Pinto. La exfuncionaria recibió dos años y tres meses de prisión en suspenso y también la inhabilitación absoluta perpetua.

El dinero que nunca llegó a las obras

La causa giró alrededor del manejo de fondos nacionales que debían financiar obras de infraestructura y fortalecimiento comunitario en la localidad. El convenio contemplaba un desembolso de $80.591.322 para intervenciones en los barrios España, San Martín, El Tigre y Libertad.

El programa incluía la construcción de un centro cultural y un polideportivo NIDO, una red de desagües cloacales, estaciones elevadoras y una planta depuradora. Es decir, un paquete de obras clave para los vecinos de Pinto.

Sin embargo, la sentencia tuvo por acreditadas contrataciones irregulares, comprobantes sin respaldo y cheques librados a destinatarios distintos de los proveedores consignados.

Uno de los puntos que más llamó la atención de los jueces fue el avance de la red cloacal: la obra registraba apenas un 28% de ejecución, valuado en unos $16 millones, cuando el proyecto completo había sido presupuestado en alrededor de $60 millones.

La resolución también analizó el destino de los intereses que generaron fondos colocados transitoriamente en un plazo fijo. Según lo considerado judicialmente, esos recursos fueron transferidos a otra cuenta municipal, apartándolos del destino específico que tenían asignado.

La defensa no pudo torcer el fallo

Los abogados de Rached y Vera habían cuestionado distintos aspectos de la sentencia, entre ellos una supuesta afectación del derecho de defensa y planteos vinculados con la valoración de las pruebas.

La jueza Ángela E. Ledesma consideró que durante el proceso la acusación fue debidamente informada y que los acusados tuvieron oportunidad de ejercer su defensa. También entendió acreditadas las maniobras que sustentaron las condenas por peculado y malversación.

El juez Daniel Antonio Petrone coincidió en lo sustancial y consideró que los planteos defensivos no demostraron errores capaces de invalidar la sentencia. Javier Carbajo, tercer integrante de la Sala I, compartió en lo sustancial los fundamentos que permitieron mantener las condenas.

Un golpe a una carrera política de peso

El fallo adquiere especial relevancia institucional por la trayectoria pública de Rached. Antes de esta causa, desarrolló una extensa carrera política: fue intendente de Pinto, vicegobernador de Santiago del Estero y senador nacional.

Su nombre alcanzó además una fuerte proyección nacional durante el conflicto por las retenciones móviles de 2008. Como senador, Rached votó contra el proyecto vinculado con la Resolución 125, contribuyendo al empate que posteriormente fue definido en el Senado por el entonces vicepresidente Julio Cobos.

La resolución de Casación representa así un nuevo capítulo judicial de fuerte impacto para la política santiagueña: la máxima instancia penal federal ordinaria mantuvo las penas dictadas contra Rached y Vera por el manejo de recursos públicos que tenían como destino obras de infraestructura para los vecinos de Pinto.

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