La Legislatura pampeana sancionó el Presupuesto 2027 y la Ley Impositiva, pero ninguna de las dos pasó por la vía simple: hubo empate y una sola persona destrabó la votación. Ziliotto habló de "garantía de continuidad" y apuntó contra la Nación.
La Legislatura pampeana aprobó el Presupuesto 2027 y la Ley Impositiva, pero ninguna de las dos pasó por la vía simple. Ambas votaciones terminaron empatadas en 15 votos y se resolvieron con el desempate de la presidenta del cuerpo, la vicegobernadora Alicia Mayoral, que se inclinó por el sí. El oficialismo aportó los 15 votos a favor; el resto de los bloques, el rechazo.
La ley de gastos y recursos contempla 3,28 billones de pesos, con equilibrio fiscal, sin endeudamiento y con eje en educación, salud y desarrollo económico. Minutos después de la sanción, el gobernador Sergio Ziliotto salió a marcar el valor político de la jugada.
El mensaje de Ziliotto
“Seguimos siendo la única garantía de continuidad de un modelo de provincia basado en la producción y el trabajo como eje de crecimiento e inclusión”, afirmó el mandatario. Y agregó: “En 2027 tendremos otro Presupuesto que consolida nuestro histórico Modelo de Provincia”.
Ziliotto subrayó que La Pampa sostiene el equilibrio fiscal desde hace 44 años, sin recurrir al endeudamiento y financiando la inversión pública con recursos propios. Sobre el respaldo legislativo, fue filoso: “No resulta casual que fue aprobado en soledad por nuestro bloque legislativo”.
El gobernador contrapuso la orientación productiva e inclusiva de su gestión con lo que describió como un “modelo de especulación financiera y exclusión social que otros sueñan aplicar”, en alusión directa al Gobierno nacional.
Los números que defendió Lovera
El diputado peronista Daniel Lovera fue el encargado de exponer los lineamientos del proyecto. El presupuesto se elaboró con los parámetros de la Administración Nacional: crecimiento del PBI del 4%, inflación interanual del 18% a diciembre de 2027 y tipo de cambio oficial estimado en $1.847.
“Detrás de estas pautas técnicas se esconde lamentablemente una realidad que es exigente para las provincias argentinas”, advirtió. En ese marco, cuestionó el rumbo económico nacional y lo vinculó con la retracción de la actividad privada y el consumo, la paralización de la obra pública federal y la quita de transferencias.
En cifras, el proyecto fija gastos por $3,283 billones para la Administración Central y los organismos descentralizados, con recursos estimados en $3,186 billones, un financiamiento neto cercano a los $97.000 millones y un resultado de ejercicios anteriores de casi $45.000 millones. Los recursos corrientes representan el 93,34% del total; los gastos corrientes, el 79,64%, y los de capital, el 20,36%.
La política salarial ocupa cerca del 40% del presupuesto y apunta a proteger el poder adquisitivo de los estatales, con paritarias abiertas y mecanismos de actualización atados a la inflación. “La importancia de los recursos humanos del Estado no se agota solo en la masa salarial y en la cantidad de gente que lo integra, como a veces se dice, sino que también debemos poner en valor las políticas orientadas a quienes desempeñan esas funciones”, sostuvo Lovera.
Educación, salud y obra pública
Educación concentra el 25,6% del presupuesto, con la creación de 29 cargos docentes y 305 horas cátedra para 2027, además de fondos para mantenimiento de edificios, limpieza, refrigerio, transporte y becas. Se suman cargos para las estructuras de educación inclusiva y domiciliaria y hospitalaria, destinados a chicos con discapacidad o que atraviesan enfermedades.
Salud representa el 14,1% de las erogaciones, con una asignación superior a los $62.000 millones para medicamentos, productos médicos y hospitalarios, más fondos para ambulancias y equipamiento. Lovera mencionó los recursos para el centro oncológico, pensados para que los pacientes no deban trasladarse fuera de la provincia, y vinculó esas inversiones con la retracción de programas nacionales que aportaban insumos. También se financiarán las residencias médicas, luego de que la Nación decidiera discontinuar su aporte desde el próximo año.
La obra pública se lleva el 12% del total. Entre las prioridades figuran viviendas sociales en las 80 localidades pampeanas, agua potable y saneamiento, desagües pluviales, renovación de redes cloacales y mantenimiento de rutas y caminos. En infraestructura educativa y sanitaria se incluyen los hospitales de Santa Isabel y La Adela, nuevos centros de salud, un depósito de medicamentos y la construcción y refacción de cinco centros de día.
El debate: seguridad, contradicciones y la deuda de la Nación
La diputada Sandra Fonseca advirtió sobre una “anomalía” en el sistema de seguridad provincial, al considerar que “carece de una ley integral” que ordene su funcionamiento. También señaló la falta de una ley de deporte y “falencias en las políticas” de cuidado de las niñeces.
Espartaco Marín apuntó contra los bloques opositores: sostuvo que existe una “contradicción” entre reclamar obras al Gobierno provincial y mantener una “alianza política” con la administración nacional, a la que responsabilizó por el desfinanciamiento de la obra pública. “Están en un acuerdo programático, y eso implica reconocerlo. Hay costos de defender el modelo”, expresó. Y completó: “Exigirle al Gobierno provincial obras es ser contradictorio. Para contextualizar una crítica a este Presupuesto, hay que reconocer que están aliados a un Ejecutivo nacional que ahoga a la provincia”.
María Luz Alonso planteó que el debate enfrenta “dos concepciones ideológicas y económicas antagónicas” y marcó una diferencia con la oposición: “La diferencia que hay en nuestro bloque y la mayoría de la oposición es que nosotros nos hacemos cargo de nuestros errores”. Definió al Presupuesto como una hoja de ruta de prioridades que “no puede analizarse de manera aislada”, porque la caída de recursos y de las transferencias nacionales no automáticas “impactó en las cuentas provinciales”. “Pongamos todo arriba de la mesa y discutamos un proyecto de previsiones con las películas completas”, pidió.
Alonso aseguró además que la Nación le debe a La Pampa $420.000 millones y que, si esos fondos ingresaran, “la obra pública se duplica”. Recordó que la provincia recibió “apenas un Aporte del Tesoro Nacional (ATN) en tres años y medio” y defendió la autonomía provincial, que según dijo permite que los legisladores y el gobernador no tengan que “arrodillarse”.
Las prioridades del Presupuesto 2027
El total asciende a 3,28 billones de pesos. El 17% se destina al desarrollo de la economía provincial, con articulación entre el sector público y el privado mediante financiamiento, infraestructura y promoción de la actividad. Educación recibe el 25,45% y Salud Pública el 16%.
La inversión en obras públicas alcanza los $283.700 millones, para finalizar proyectos en marcha e iniciar nuevos. Se prevé el financiamiento para la construcción de 400 viviendas, en línea con la política habitacional de acceso a la casa propia. Todo se sostiene con recursos presupuestarios, sin endeudamiento, aun con la caída de recursos y la reducción de transferencias nacionales.
El equilibrio fiscal acumula 44 años. Las remuneraciones del personal público representan el 39,89% del presupuesto, con actualizaciones atadas a la inflación proyectada. En el Poder Judicial se contempla la equiparación salarial de defensores y asesores de menores con los fiscales, y la creación de tres defensorías.
Qué cambia con la Ley Impositiva 2027
La Cámara de Diputados también aprobó la Ley Impositiva, con dos medidas centrales: la exención del Impuesto de Sellos para operaciones vinculadas con créditos destinados a la vivienda única y un régimen simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para monotributistas de las categorías A y B. El objetivo declarado es acompañar a las familias, favorecer la actividad económica y reducir cargas administrativas. Igual que el Presupuesto, se aprobó con empate y desempate de Mayoral.
