El acuerdo entre Torres y Biss se sostiene en tres frentes, pero hay uno que nadie mira de cerca y que podría definir la tregua: el negocio del langostino. ¿Qué se está discutiendo en el Consejo Federal Pesquero?
La paz entre el gobernador Ignacio Torres y el intendente de Rawson, Damián Biss, se apoya en tres frentes: la Legislatura, la gestión administrativa y un tercero que pocos miran de cerca: el sector pesquero. Mientras las especulaciones sobre la continuidad del acuerdo se multiplican, la posible cuotificación del langostino aparece como una de las piezas clave del tablero.
Un acuerdo con tres patas
El entendimiento entre Torres y Biss despertó todo tipo de lecturas, sobre todo pensando en el año electoral que viene. Hay quienes sostienen que la "pipa de la paz" no implica que el intendente capitalino haya abandonado su intención de competir en los comicios. Sin embargo, lo concreto es que se garantizó la paz administrativa necesaria para transitar buena parte del último año de su segundo mandato —sin reelección posible en la intendencia—, a partir del pago que el gobierno provincial adeudaba en materia de impuestos municipales.
El acuerdo se refleja en tres ámbitos. El primero es el legislativo: los diputados que responden a Biss no volverán al bloque "Despierta Chubut", pero aceptaron una posición intermedia bajo el esquema de interbloque. Así, la bancada integrada por Sergio González, Mariela Tamame y Marcelo Rubia conserva el nombre de "Chubut Unido", aunque vota en línea con las necesidades del oficialismo, como ocurrió la semana pasada con la ampliación presupuestaria y la autorización para emitir Letras por 350.000 millones de pesos durante 2027.
El segundo plano es el político: el cruce permanente entre ambos mandatarios quedará de lado por un tiempo para concentrarse en la gestión. La reciente transferencia del puerto para el manejo autónomo del municipio, el pago de los impuestos adeudados y otros alivios administrativos son las señales más visibles de ese nuevo clima.
El tercer ámbito excede lo político y administrativo y se mete de lleno en lo empresarial, con el poderoso sector pesquero de Rawson. Al menos algunos de sus componentes lograron objetivos en cuanto a la participación en la Secretaría de Pesca y el Consejo Federal Pesquero.
La cuota del langostino y el debate que se viene
El Consejo Federal Pesquero es el organismo nacional que administra el manejo pesquero en el país. Los rumores señalan que podría avanzar en una cuotificación de la pesca del langostino por los próximos 15 años, cumpliendo con uno de los alcances de la Ley Federal de Pesca, que nunca se aplicó.
El sistema habitual es el de "pesca olímpica": la flota sale a capturar una vez habilitadas las temporadas —en aguas nacionales o provinciales—, pero sin un límite específico, ante la corta vida del langostino, que ronda entre los 18 y los 24 meses.
La reciente cuotificación de la centolla por 15 años, sumada a lo ya realizado con la merluza, llevó a proyectar en medios especializados que algo similar se estaría disponiendo para el langostino. Eso abre una compulsa sobre el historial de cada empresa y los años de base que se tomen como referencia, ya que la cuota de cada una debería estar en sintonía con esos antecedentes. A mayor cuota de captura, mayor porcentaje de facturación.
Se trata de un negocio de varios millones de dólares, en el que además las cuotas pueden venderse entre privados —de allí su denominación de Cuotas Individuales de Captura Transferibles— y funcionan como activos financieros a la hora de garantizar acceso a créditos. El tema, por lo tanto, implica una discusión de alta sensibilidad.
Los recientes enfrentamientos entre el gobierno provincial y un sector de la flota pesquera provincial llevan a varios actores que conocen de cerca el sistema a especular con que en esa posible discusión podría haber un salvoconducto para dar sostenibilidad a la tregua pactada. Otro dato mencionado en círculos políticos agrega un condimento: el Consejo Federal Pesquero respondería al manejo político del asesor estrella del presidente Javier Milei, Santiago Caputo.
Un diputado y los números del presupuesto
El diputado Sergio Ongarato no parece llevarse bien con las cifras, según él mismo dejó entrever durante su fundamentación del proyecto de ampliación del presupuesto provincial 2026. Al iniciar su alocución, el legislador oficialista mencionó que el proyecto preveía una ampliación de 183.306 millones de pesos, cuando en realidad el proyecto 129/2026 habla de 255.882 millones.
"Son muchos números, pero más que nada son muchos dígitos y se dificulta el análisis", dijo Ongarato. Y es cierto: su intervención como miembro informante hizo dudar a más de uno de si el proyecto había sufrido alguna modificación drástica durante su tratamiento en comisión. Pero no: la cifra aprobada es bastante más alta que la que dio el legislador en la sesión.
Más adelante, el diputado sostuvo que frente al presupuesto vigente de 3,2 billones de pesos "se aumentan 0,13 billones", con lo que volvió a cambiar el número inicial, ya que esa proporción equivale a 130.000 millones y no a los 183.306 que había mencionado al comienzo.
Seguramente el diputado tiene razón en que son muchos números y se dificulta el análisis, pero al ser el miembro informante y tener que defender el proyecto enviado por el Ejecutivo, al menos podría haber dado una cifra más cercana. Y si no, algún otro miembro de su bloque podría haberlo corregido, aunque por lo visto pocos lo estaban escuchando.
Horas cátedra: la sospecha que sobrevoló la sesión
Con la solemnidad de quien redacta una encíclica administrativa, la Exposición de Motivos del proyecto oficial asegura que la asignación de 1.250 horas cátedra para la Universidad del Chubut busca "fortalecer los niveles institucionales". Una formulación tan elegante como ambigua, ideal para justificar algo cuya necesidad no quedó demasiado clara: el aumento de la inversión educativa.
Durante la sesión legislativa, la oposición no tardó en bajar el tono académico del debate y señalar lo que muchos murmuran en los pasillos: detrás de ese oportuno paraguas universitario se escondería la posibilidad de repartir sobresueldos y plus adicionales para funcionarios públicos.
Seguramente los rumores no tienen asidero y las 1.250 horas terminarán efectivamente volcadas en el dictado de clases, algo que tal vez el oficialismo legislativo no consideró necesario aclarar durante el debate, cuando recibió esa acusación por parte de los diputados opositores.
La memoria selectiva que se recuerda en los pasillos tribunalicios
En los cafés cercanos a la calle Fontana y en los despachos alfombrados de Rawson, las declaraciones del ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, sobre el caso Petris provocaron más de una ceja levantada y alguna sonrisa cargada de ironía. El funcionario —que conserva su silla en el Ministerio Público Fiscal gracias a una oportuna licencia— reclamó con firmeza republicana que a los magistrados bajo jury se les prohíba renunciar, advirtiendo sobre el "halo de impunidad" que deja un juicio político truncado antes de llegar a sentencia.
Para quienes conocen más de una historia y antecedentes del Poder Judicial chubutense, la indignación ministerial tiene un sabor a déjà vu. En los pasillos tribunalicios, algún memorioso recordó que el propio Iturrioz transitó el banquillo del Tribunal de Enjuiciamiento y salió indemne sin necesidad de firmar una dimisión, gracias a un atajo procesal: el retiro de la acusación por parte de su entonces superior jerárquico directo, el procurador general Jorge Miquelarena.
El archivo oficial guarda los detalles de aquella maniobra de 2022, que incluso motivó pedidos para reformar la ley y evitar que el jefe de los fiscales tuviera que hacer de verdugo de sus propios subordinados. Con la venia de la Procuración, que decidió no acusar, el jury se cayó por falta de impulso procesal y el expediente fue a parar a los anaqueles del archivo, dejando a la ciudadanía sin saber cómo terminaba la historia.
En honor a la verdad, hay un matiz que incluso sus críticos más feroces le conceden al hoy ministro. A diferencia de quienes eligen la puerta trasera de la jubilación anticipada para esquivar el escarnio público, Iturrioz en su momento no amagó con irse a su casa. Puso la cara frente al Consejo de la Magistratura y redobló la apuesta al defender el pedido de detención contra el entonces ministro en funciones Martín Bortagaray en plena causa "Revelación", dejando para el bronce su advertencia de que, de encontrarse en la misma situación, "lo volvería a hacer" (en referencia a llevarlo preso pese a que tenía fueros como ministro, una prerrogativa que fue reformada y eliminada el año pasado mediante la enmienda constitucional).
Al fin y al cabo, en la política y en los tribunales del Chubut, la vara con la que se miden las salidas elegantes suele depender del lado del mostrador en el que toque estar sentado.
La bendición papal que no alcanzó para la concordia
La política comodorense también tuvo su momento de conexión con el Vaticano. La sesión del Concejo Deliberante del jueves 12 de noviembre comenzó con una referencia a la visita del papa León XIV a la Argentina.
Al abrir formalmente la sesión, Maximiliano Sampaoli dijo: "Si bien pasó hace poco a la bandera, vamos a convocar a la concejal Bórquez para ver si la bendición del Papa que ha recibido podemos distribuirla un poquito entre todos los presentes". La alusión estaba dirigida a Gimena Bórquez, concejal de Despierta Comodoro, quien fue seleccionada como voluntaria para colaborar durante la visita del pontífice.
Un horario, un empate y un desempate que nunca llegó
Lo que parecía un trámite terminó generando uno de los momentos más curiosos de la sesión. Todo comenzó cuando Sampaoli le dio la palabra a Gimena Bórquez, quien pidió un cuarto intermedio para plantear un cambio de horario de la audiencia pública. La convocatoria había sido fijada para el lunes 30 de noviembre a las 9:30, durante una reunión de comisión en la que participaron los 12 concejales y donde, según se recordó en el recinto, la decisión había sido tomada por unanimidad.
El concejal Panquilto dijo: "Se decidió en la comisión, Comisión 6 y todas. Estábamos los doce concejales y se tomó la decisión de que el horario sea el que está en el orden del día".
Pero el asunto no quedó ahí. Más adelante, Ximena González volvió a insistir con el pedido para trasladar la audiencia a las 18. Sampaoli accedió entonces a someter nuevamente la propuesta a votación: "Pongo a votación la moción de la concejal González para que la audiencia, en vez de que sea a las 9:30, sea a las 18. A mano alzada, porque no le hemos dado tiempo a los chicos para que la carguen en el sistema".
Ahí apareció la sorpresa. Entre las primeras manos levantadas a favor del cambio de horario estuvo la de Omar Lattanzio, que esta vez acompañó al PRO. La votación comenzó a perfilar un empate y dejó a Sampaoli ante la posibilidad de tener que definir la cuestión. El presidente del Concejo no dejó pasar la oportunidad para hacer un comentario con algo de ironía: "Muy bien, muy bien… No se animan para que yo desempate temas importantes y sí se animan para que yo desempate este tipo de cuestiones. ¿Y ahora qué hacemos?".
Cuando parecía que el horario de una audiencia pública iba a terminar resolviéndose con el voto del presidente, apareció el reglamento interno para ordenar la situación. Se aclaró que la modificación requería una mayoría calificada de ocho votos, una cantidad que la propuesta no había alcanzado. Después de un cuarto intermedio, una segunda discusión, manos levantadas y un desempate que nunca se concretó, todo quedó como estaba: la audiencia pública será el lunes 30 de noviembre a las 9:30.
"Deje de tocar la guitarra": el cruce por los profesorados
La discusión por el cierre de inscripciones para 2027 en cuatro profesorados de Comodoro también tuvo su capítulo picante durante la hora de preferencia. La concejal Mariela Aguilar, de Arriba Chubut, lamentó que no hubiera consenso para presentar una expresión de deseos y cuestionó la decisión provincial de no abrir inscripciones en Geografía, Economía, Tecnológica y Danzas, además del traslado del profesorado de Educación Especial del Instituto 802 al 810.
"Es muy triste que desde Rawson se tomen decisiones a través de una planilla", sostuvo Aguilar, y pidió que Provincia revierta la medida.
La respuesta llegó de Martín Gómez, de Despierta Chubut, quien calificó el planteo como una "opereta berreta", deslizó una posible vinculación del diputado Juan Pablo Luque con la licencia del director del Instituto 802, Ramón Ibáñez, y defendió la decisión con cifras: aseguró que la oferta provincial pasará de 39 carreras en 2026 a 51 en 2027.
"Discutamos qué carreras son útiles en nuestra ciudad", propuso Gómez, una expresión que no pasó inadvertida. Aguilar advirtió que la falta de nuevos ingresantes podría dejar a las escuelas sin docentes en los próximos años y, en medio del intercambio, lanzó una frase que terminó robándose la escena: "Deje de tocar la guitarra, señor Gómez. No está en una cancha, es docente. Por favor, compórtese, porque la verdad que da vergüenza ajena". También cuestionó al PRO por su posición frente a la educación y cerró con otra ironía, al señalar que le daba felicidad que Gómez hubiera conseguido los datos para responderle: "Si no, no tendría forma de tenerlos en la banca".